Plan de desarrollo y política pública que a nivel  departamental  que atiendan el tema de inclusión educativa.

Actualmente, las políticas públicas desde su formulación deben estar dispuestas desde un enfoque de derechos, es decir, orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos y en cumplimiento de este propósito, es importante que las entidades conozcan las condiciones sociales, económicas, culturales de la población objetivo y su entorno.

la inclusión educativa se ha convertido en un foco primordial del debate a nivel internacional en políticas públicas en educación, alcanzando consenso internacional en la definición planteada por la Unesco (2007), en torno a brindar "oportunidades equivalentes de aprendizaje, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y capacidades" a niños y niñas con necesidades educativas especiales, de manera tal que las instituciones educativas proporcionen ambientes con reales oportunidades de aprendizaje promoviendo la participación y la inclusión.

El personal de apoyo pedagógico debe establecer procesos y procedimientos con los docentes de las instituciones, participar en la "revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional", específicamente la parte que se refiere a la inclusión de niños y niñas en situación de discapacidad; de igual manera, debe participar en el diseño de propuestas metodológicas y didácticas, con el fin de favorecer el aprendizaje y apoyar las actividades que se desarrollen en la institución, las cuales giran en torno a la caracterización de los estudiantes en situación de discapacidad; gestionar la creación de redes de apoyo que permitan promover condiciones ideales para el desarrollo de las y los niños en situación de discapacidad, entre otras funciones.

Sin embargo, y a pesar de que la política pública ampara la equidad de oferta educativa para todos los niños y las niñas con o sin necesidades educativas especiales, "en muchas instituciones educativas aún se vulnera el derecho a la educación" (Saénz, 2012, p. 193), razón por la cual se hace uso de la "tutela que además han dado origen a sentencias que luego de largos procesos ordenan a las secretarías de educación la vigilancia y la coordinación de acciones para prestar el servicio educativo a niños con necesidades educativas específicas" (p. 193).

Finalmente, teniendo en cuenta que la política en términos macro promueve la inclusión educativa en instituciones regulares, estudios como el realizado por Padilla (2011) "sugieren que los profesores más jóvenes podrían tener una mejor preparación en esta área, y, por tanto, tender a ser más inclusivos" (p. 693); por tal razón, teniendo en cuenta la experticia en inclusión con que cuentan los docentes con más años de experiencia, se podría "pensar que, paradójicamente, en un intento de ser inclusiva, la legislación puede promover una mayor exclusión, al pretender algo para lo cual no existe una preparación" (p. 693), por ello, no basta contar con apoyo pedagógico, ya que la falta de "recursos adecuados, que van desde la infraestructura, apoyo profesional especializado y un currículum flexible, provocan una discriminación 'negativa' dentro de los propios establecimientos" (Claro, 2007, p. 181).

A partir de la Resolución 2565 de 2003, se delega a las entidades territoriales la organización de la oferta educativa de acuerdo con la condición de discapacidad para las poblaciones con necesidades educativas especiales; las instituciones educativas deben ajustar el Proyecto Educativo Institucional, realizando las orientaciones pertinentes para la población que abarquen. El Decreto 470 establece que estas entidades son las que contratan los servicios de apoyo pedagógico para la prestación o promoción de la educación especial, de forma tal que se delegan a estas entidades de nivel medio facultades mediadoras de la oferta y apoyos educativos para la población, buscando generar atención universal a niños y niñas con o sin necesidades educativas especiales.

 el Sistema Nacional de Discapacidad (SND) es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad, contemplados tanto en la Ley 1145 del 2007 y Resolución 3317 del 2011, como la Ley Estatutaria 1618 del 2013, la Gobernación del Departamento en cumplimiento de sus competencias exhorta a las Administraciones municipales a la construcción de los Planes de implementación de la Política Pública Departamental de Discapacidad e Inclusión Social a mediano y largo plazo, posicionándola en todos los programas vinculados a los procesos económicos, sociales, culturales, deportivos, recreativos y ambientales del departamento.

Las medidas que se adopten en el Plan de Implementación de la política, serán las metas   de discapacidad de los municipios y por ende de los Comités Municipales de

Discapacidad, como parte integral del Sistema Nacional de Discapacidad en lo local, generador de sinergias intersectoriales en salud (prevención, habilitación/rehabilitación, herramientas técnicas), educación (formal, educación para el trabajo e inclusión sociolaboral, formación para la vida y rehabilitación integral), deporte-recreación-actividad y educación física, ocupación del tiempo libre, arte y cultura, accesibilidad (al espacio físico, comunicaciones, transporte, movilidad, etc.) bienestar y seguridad social, entre otros, soportando su accionar en el quehacer investigativo, desarrollo tecnológico y en el intercambio técnico-científico, en diálogo permanente con los saberes propios de los diferentes grupos poblacionales de nuestros municipios.

Teniendo en cuenta la frecuente confusión entre norma/ley y política pública en Colombia, ya que no existe una definición jurídica concreta que oriente la acción del Estado1, se propone entonces la siguiente definición con el fin de armonizar la comprensión del concepto y así poder instrumentalizarlo, planearlo y/o evaluarlo de una forma sistemática y oportuna: en sus planes municipales.

Por política pública entendemos “la acción del Estado orientada por el Gobierno que, de una manera coherente, integral, legítima, sistemática y sostenible, busca responder a las demandas sociales y desarrollar los mandatos constitucionales y legales, acudiendo a distintos métodos de análisis, modelos de gestión y criterios de evaluación, con la participación de los actores involucrados en el problema y en la búsqueda de las alternativas de solución” La flexibilidad metodológica que refiere Cuervo nos permite realizar ajustes razonables y armonizar la Política Pública construida en base a los tres marcos de referencia, las áreas de acción y decisión y los derechos humanos para personas con discapacidad a que alude la Convención y la Ley 1618, con el espíritu del Documento CONPES 166 promulgado en diciembre del 2013, en sus cinco ejes estratégicos.     

Está colmado de retos y tenemos el compromiso para seguir adelante en este proceso de grandes transformaciones, con los apoyos, las acomodaciones y los ajustes queremos garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes pueden desenvolverse con la máxima autonomía posible, en los entornos en El 29 agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional emite el Decreto 1421, siendo el compromiso que el sector educativo establece para eliminar gradualmente las barreras existentes para que TODOS los niños, niñas, jóvenes y adolescentes ingresen a la educación y promuevan su desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad con los demás estudiantes, este Decreto nos marca un camino de transformación en el sistema educativo para transitar hacia un modelo de inclusión, donde los estudiantes con discapacidad tengan las mismas garantías de educación que el resto de los estudiantes.

Siendo coherentes dentro del plan de desarrollo local del municipio de Cumbal, trabajando  la Institución Educativa José Antonio Llorente se ajusta a los tiempos establecidos por la norma y en el 2018 nos planteamos una propuesta de organización institucional basada en los procesos de gestión escolar, partimos de la experiencia de años anteriores, del diagnóstico actual, de la matrícula, la oferta de servicios y las características de nuestra institución educativa para desarrollar el proceso de inclusión de manera pertinente, buscando actividades que aumentan la capacidad de la institución educativa para dar respuesta a la diversidad de los estudiantes.

Hemos  venido complementando la valoración pedagógica de los estudiantes con discapacidad basándonos en los parámetros de los Planes Individuales de Ajustes razonables (PIAR) desarrollando procesos de formación con directivos docentes y docentes, padres de familia y comunidad en general, de la mano del Programa Departamental de Educación Inclusiva.

De igual manera  adelantamos jornadas de formación docente en las cuales logramos cumplir con el objetivo: promover espacios para la re significación y el mejoramiento continuo para llegar a ser una institución educativa transformada en su gestión con actividades de promoción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación para atender con calidad y equidad las necesidades en el aprendizaje, la participación y la convivencia de su comunidad educativa con un modelo de educación inclusiva.

Estamos y estaremos en la lucha constante para la reivindicación del derecho a la educación de los más vulnerables, el camino los cuales se encuentran. Lejos de ser acciones sofisticadas, son el resultado de la interacción sensible de quienes conformamos la FAMILIA LLORENTE 

La falta de educación conlleva a que no se asuma la participación ciudadana ya que una persona sin conocimientos previos no podría ejercer roles que les permita una participación en la toma de decisiones.