El objetivo principal del pacto era garantizar la unión de los estados y la coexistencia de un gobierno federal y los gobiernos estatales, permitiendo la diversidad cultural y regional dentro de un marco común. Este modelo ha evolucionado a lo largo de la historia de México, reflejando cambios políticos y sociales, pero la idea central de un pacto federal que equilibre el poder entre el gobierno central y los estados sigue siendo fundamental en la estructura política del país.

En este contexto, la coordinación fiscal se refiere a las acciones relacionadas con los impuestos entre la federación, los estados y los municipios. Su objetivo es asegurar que el sistema tributario sea justo para todos, hacer más sencillo el proceso de impuestos y fortalecer las finanzas de los estados y municipios. Todo esto busca contribuir al crecimiento económico del país.

La Convención Nacional Fiscal buscaba establecer un organismo del Estado para organizar el régimen fiscal de México. Tenía la tarea de definir las competencias tributarias entre la Federación, los Estados y los Municipios, así como uniformar los sistemas de impuestos locales. Las propuestas de esta convención se enviaban a su Comisión Permanente, que creaba un proyecto de ley para presentar al Congreso.

En 1925, durante la Primera Convención Nacional Fiscal, funcionarios de Hacienda de los diferentes niveles de gobierno se reunieron para abordar problemas fiscales. Se propuso separar las fuentes de impuestos, siguiendo recomendaciones de expertos estadounidenses e ingleses, y eliminar prácticas de impuestos locales poco claras. Como resultado, en 1926, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboró un proyecto de reformas constitucionales para establecer una separación provisional de las fuentes impositivas entre la Federación y los Estados.

Como resultado, se propuso un anteproyecto de reformas que asignaba impuestos específicos: se sugirió que los estados y municipios pudieran recaudar el impuesto predial, mientras que ciertos tributos, como el impuesto sobre la renta, deberían ser exclusivos de la Federación.

1. Sistema fiscal coordinado: Desarrollar un sistema que aprovechara mejor las fuentes de impuestos.

2. Plan Nacional de Arbitrios: Crear un plan que se formulase en conjunto con la Federación y los Estados, teniendo en cuenta las necesidades de los municipios.

3. Comisión Nacional de Arbitrios: Establecer una comisión con representantes de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones fiscales y facilitar el pago de participaciones.

4. Revisiones periódicas: El Plan Nacional de Arbitrios se revisaría cada tres años o cuando fuera necesario.

También se lograron varias leyes importantes, como la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) de 1948, que establecía tasas impositivas coordinadas y buscaba simplificar el sistema fiscal, evitando confusiones para comerciantes e industriales.

La ley permitía a los estados recaudar este impuesto bajo un convenio con la Federación.

En 1973, se reformó esta ley para aumentar la tasa nacional del ISIM al 4%, permitiendo que los estados coordinados recibieran una parte de lo recaudado. Esta reforma llevó a que, para 1974, todos los estados estuvieran coordinados en la recaudación de impuestos.

Finalmente, la Ley de Coordinación Fiscal de 1953 estableció la suspensión de procedimientos fiscales confusos y creó la Comisión Nacional de Arbitrios para proponer medidas que mejoraran la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y gestionaran participaciones en impuestos federales.

1. Reforma de 1934: Esta modificación al Artículo 73 le dio al Congreso la facultad de legislar sobre energía eléctrica. Esto significó que los impuestos sobre la electricidad serían exclusivos del gobierno federal, aunque los estados y municipios también recibirían parte de esos ingresos. También se hicieron cambios en 1935 y 1940 para incluir la industria cinematográfica entre los sectores que el gobierno federal podía regular.

2. Reformas de 1942: Se amplió el Artículo 73 para que el Congreso pudiera legislar sobre el tabaco, permitiendo la creación de impuestos sobre su producción y venta. Además, se añadió una nueva fracción que aseguraba que los estados participarían en los ingresos de impuestos especiales sobre varios productos, como energía eléctrica, tabaco, gasolina, cerillos, y cerveza. Las leyes secundarias determinarían cómo se repartirían esos ingresos entre los estados y los municipios.

El Fondo General de Participaciones es el principal mecanismo para distribuir estas transferencias, y se basa en la recaudación total de impuestos federales, así como en factores como la recaudación estatal y la población.

Aportaciones Federales.

Las aportaciones son transferencias que tienen un destino específico y están etiquetadas para financiar servicios y proyectos en áreas como educación, salud y seguridad.

El Ramo 33 incluye varios fondos de aportaciones, como el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que están diseñados para cubrir necesidades concretas en estas áreas.

Los objetivos de la ley son:

a) Coordinar el sistema fiscal de todos los niveles de gobierno.

b) Establecer la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en los ingresos federales.

c) Distribuir las participaciones en ingresos federales entre ellos.

d) Fijar reglas para la colaboración administrativa entre las autoridades fiscales.

Convenio de Adhesión.

El artículo 10 de la ley establece cómo las entidades federativas se pueden unir al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Esto se hace mediante un convenio con la Secretaría de Hacienda, que debe ser aprobado por sus legislaturas. Al firmar estos convenios, las entidades tienen derecho a participar en todos los impuestos federales y otros ingresos que la ley menciona.

Cada estado ha firmado estos convenios, lo que significa que están completamente integrados al sistema. El Distrito Federal también está incluido en este sistema y se considera una entidad federativa para todos los efectos legales.