Lo anterior debe pensarse a la luz de la información de la Comisión Nacional del Agua, según la cual en el país hay 653 acuíferos. De éstos, hay 154 que se encuentran con problemas de sobre explotación (equivalente al 23.6% del total, o bien, uno de cada cuatro), y peor aún, se trata de varios de los que tienen mayor relevancia en términos de ser los que se ubican en las grandes concentraciones urbanas:

Al realizar esta actividad también podremos identificar los componentes de los productos que usamos el día a día en nuestros quehaceres, y saber que desechos estamos vertiendo en nuestro medio ambiente  por lo cual es necesario considerar estrategias que ayuden a reciclar un poco del agua que usamos para darle otro uso y en el cual propondremos tareas que involucren a los demás miembros de la familia para poder realizar estas actividades sustentables para el cuidado de nuestro medio ambiente.

Para poder realizar acciones que nos ayuden a contaminar menos el planeta debemos empezar en nuestros hogares y por lo cual realizaremos un plan de acción personal en la que se buscara gastar menos agua posible. 

3.-cuando lave el vehículo usare una franela mojada pero antes le quitare con la mano mojada donde exista más tierra pegada como el lodo por ejemplo

4.- reciclar agua de lluvia

5.-hacer platicas para concientizar sobre el uso del agua

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Legislación secundaria

En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.

La LAN se promulgó en 1992 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2016.

Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores.

A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo normará.

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.

• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.

• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.

• Las malas condiciones de la infraestructura.

• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.

• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.

• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.

• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.