Acción de tutela:
Es un mecanismo que protege los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o están en riesgo. Puede ser utilizada si problemas ambientales, como la contaminación de un río, afectan directamente la salud o el bienestar de una persona o comunidad. Es una vía rápida, pensada para casos urgentes.

Acción popular:
Permite a cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos proteger derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano. Se utiliza para prevenir o detener daños al medio ambiente que afecten a toda la comunidad, como la deforestación o la contaminación de fuentes hídricas.

Acción de cumplimiento:
Sirve para exigir que una ley o sentencia relacionada con la protección ambiental se cumpla. Es útil cuando una empresa o entidad pública no está respetando regulaciones ambientales, como normas sobre manejo de residuos o protección de recursos naturales.

Denuncia ante la Procuraduría o las CAR:
Cualquier persona puede presentar una denuncia si observa que una empresa o actividad está violando las normativas ambientales. La Procuraduría y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tienen el deber de investigar y sancionar a los responsables.

Denuncia penal por delitos ambientales:
Si el daño ambiental es grave y constituye un delito, como la minería ilegal o la deforestación masiva, se puede presentar una denuncia penal ante la Fiscalía. Este mecanismo busca castigar a los responsables mediante sanciones judiciales más severas.