ALUMNA: NOHEMI HERNÁNDEZ JUÁREZ

DOCENTE: DRA. DANIELA ÁNGELA GONZÁLEZ TORRES.

Este proceso de inclusión, se ha logrado con el paso del tiempo, ya que antes de 1900, se tenía otro concepto de las personas con discapacidad, excluyéndolas de la sociedad, escondiéndolas, castigando o incluso con tratamientos inhumanos, pero gracias a las políticas de inclusión y equidad, ha cambiado el paradigma social y médica, comprendiéndose a la discapacidad no como una enfermedad, sino, como una condición que requiere ser apoyada y guiada para superar las BAP que enfrente de acuerdo a su contexto.

Es por ello que se han creado leyes nacionales e internacionales que garantizan y reconocen ese derecho humano de todas las personas sin excepción, sin distinción y sin discriminación y considerando a las personas con discapacidad como sujeto de derecho.

por lo que es necesario dar un seguimiento y evaluación a estas políticas de inclusión para mejorar la planificación y su aplicación.

Entre los principales cambios que han destacado es el acceso a la educación inclusiva como un derecho. En donde se reconoce los niños con discapacidad, población indígena, afrodescendiente, en situación de pobreza y/o desplazados por violencia.

Sin embargo en América Latina los logros no son iguales para todos, ya que los grupos sociales de mayor vulnerabilidad son quienes tienen menos acceso a la educación de la primera infancia, etapa clave para sentar las bases de la igualdad, o a la educación secundaria y superior, niveles educativos que permiten salir de la pobreza y propician la movilidad social.

1.-Desigualda en el acceso a la educación; en primera infancia, educación primaria y educación secundaria.

2.- Desigualdad en la permanencia y conclusión de estudios; debido a los bajos ingresos o por venir de zonas rurales.

3.- Desigualdad en el aprendizaje; con la excepción de Cuba, la mayoría de los países de América Latina tiene un importante porcentaje de la población en los menores niveles de logro.

Estas desigualdades son el resultado de la exclusión y marginación debido a múltiples factores internos y externos, que generan barreras para el desarrollo de políticas educativas.

nivel de ingresos, origen étnico y lugar de residencia, es decir, el ingreso en los países impacta en su rendimiento.

El nivel socioeconómico y cultural de las familias impacta en los resultados de aprendizaje, ya que los estudiantes que provienen de hogares con menor acceso a bienes materiales y culturales tienen menores logros, así como los estudiantes de escuelas rurales. Y el resultado de las escuelas privadas es mayor que el de las escuelas públicas en la mayoría de los países.

Por lo tanto, podemos concluir que la educación en América Latina no ha logrando eliminar la desigualdad educativa.

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (n.d.) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

Otro cambio importante se dio en 1934 con el presidente Lazaro Cardenas, quien establecio una educación socialista, y obligatoria a nivel primaria.

Para 1946 en el gobierno de Manuel Avila Camacho se estableció que la educación que imparta el estado debe desarrollar todas las facultades del ser humano.

En 1880 estando como presidente de México José López Portillo, se modificó el artículo 3° constitucional, otorgando autonomía de las instituciones de educación superior.

De 1992 a 1993, durante el gobierno de Salinas de Gortari se estableció que la educación sería un derecho de toda persona, que el Ejecutivo Federal determinaría los planes y programas de estudio en la educación primaria, secundaria y normal para toda la república, pero consideraría la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Y finales del siglo xx, México asumió su responsabilidad frente al derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, no han sido los únicos cambios que han existido en materia eduativa en México, ya que han surgido diversos documentos y Leyes que han reglamentado el derecho a la educación en México.

En 1942 se publicó la Ley Orgánica de Educación Pública, sustituida en noviembre de 1973 por la Ley Federal de Educación en el gobierno de Luis Echeverría, la cual rigió la educación por veinte años hasta que en julio de 1993 se publicó la Ley General de Educación, los cuales nalizaremos a continuación.

No especifica el derecho a la educación inclusiva, sin embago en el artículo 1° estable que se prohíbe todo tipo de acto u omisión discriminatoria motivada por razones que atenten contra la dignidad humana y tengan la intención de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el artículo 2° especifica la igualdad de oportunidades para los indígenas y la eliminación de toda práctica discriminatoria en su contra, así como la importancia para las comunidades indígenas de contar con programas educativos bilingües e interculturales, además de la necesidad de que el sistema educativo nacional, por medio de la Federación, estados y municipios, impulse el acceso de las personas indígenas a la educación y su permanencia en el sistema educativo. También protege el derecho a la educación de las personas migrantes de los pueblos indígenas, en el territorio nacional y el extranjero.

Artículo 3° establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, siendo obligatorios los niveles básico y medio superior, que la educación fortalece el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuo.

Artículo 4° establece que los niños y las niñas tienen derecho a la educación, garantizando el “interés superior de la niñez”, el cual será la guía para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Esta ley desarrolla el artículo 3 constitucional, y es la norma rectora del sistema educativo nacional.

Especifica los alcances del derecho a la educación, determinar las funciones y competencias de la Secretaría de Educación Pública y de los poderes ejecutivos y legislativos estatales y municipales en materia educativa.

El artículo 2 establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional.

El artículo 7 promover el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

Los artículos 32 a 36 establece que aquellos grupos de población en condiciones de mayor discriminación por razones sociales, económicas o culturales, tengan oportunidad de recibir educación en las mismas condiciones que el resto de la población.

El artículo 38 establece que en la educación básica se harán adaptaciones para responder a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas.

El artículo 39 establece en la educación básica: la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

El artículo 41 define la educación especial para personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes.

El artículo 50 establece que la evaluación será individual y medirá los conocimientos, habilidades y destrezas, así como el logro de las metas establecidas en los planes y programas de estudio.

El artículo 65 enlista los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los alumnos y alumnas.

El artículo 75 establece que Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje es un acto que debe ser sancionado.

El artículo 2 establece que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

La Educación Inclusiva es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Los artículos 12 a 15, establece que es la obligación de la autoridad educativa federal de promover el derecho a la educación y prohibir toda clase de discriminación.

Los artículos35 a 37 establece el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; sin embargo, no establece como uno de sus objetivos la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de educación regular.

El Artículo 4 establece como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

El artículo 5 la discriminación puede ser entendida como un acto de injusticia o vejamen a una persona o bien como una valoración selectiva, que no necesariamente implica una connotación negativa, sino que se refiere a una simple diferenciación o distinción.

El artículo 9 establece que será una práctica discriminatoria impedir el acceso a la educación, ya sea pública o privada, así como a becas o incentivos para la permanencia en centros educativos.

El artículo 10 determina que el Estado debe “incentivar” la educación mixta como una medida positiva para la igualdad de oportunidades educativas para las mujeres.

El artículo 13 establece la obligación de las autoridades federales y órganos públicos de procurar la incorporación, permanencia y participación de las personas con discapacidad en las actividades educativas regulares y ordena promover el otorgamiento de las ayudas técnicas necesarias para las personas con discapacidad en educación básica y media superior.

El artículo 14 determina establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural para la igualdad de oportunidades de la población indígena; también se promoverán becas para alfabetización, conclusión de los estudios y capacitación para el empleo.

El artículo 16 determina la obligación del Estado de proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la no discriminación.

El artículo 17 legitima las medidas que beneficien o protejan a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en circunstancias particularmente difíciles, a fin de lograr el ejercicio igualitario de sus derechos.

El artículo 30 define que esta población no podrá ser discriminada por ningún motivo.

El artículo 31 establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios fijarán normas tendientes a “fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares.

El artículo 32 establece atención personalizada a las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes las circunstancias de cada alumno o alumna, que en un contexto de respeto y valoración de las diferencias, constituye la esencia de la educación inclusiva.

El artículo 37 establece que los niños, niñas y adolescentes de grupos indígenas tienen derecho a disfrutar libremente de sus costumbres, tradiciones, lengua, organización social y demás elementos característicos del grupo indígena al que pertenezcan.

El artículo 13 señala que deben ser parte de los planes y programas de estudio las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas.

Protege el derecho a la educación de todas las personas que se encuentren en el país.

Y como pudimos observar, La Ley general de Educación establece las bases del derecho para la educación inclusiva en México, de igual forma, la mayoría de las legislaciones locales se asemejan a lo dispuesto a ésta Ley.

Y aunque han habido diversas reformas al artículo 3° constitucional, así como el surgimiento de leyes en pro de la educación inclusiva, todavia hay mucho por hacer para lograr esa inclusión, equidad y acceso a una educación de calidad para todos, en donde se garanticen los derechos de los NNA.

Ya que si bien es cierto que la UNESCO ha sostenido que las escuelas comunes con una orientación inclusiva representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, creando sociedades más inclusiva y lograr una educación para todos, la realidad es que en teoría suena muy bien, pero en la practica vemos que las infraestructuras no son adecuadas para niños con alguna discapaciad motriz o física, los docentes no estamos capacitados para apoyar a alumnos que enfrentan diversas barreras, que no se la logrado incluir a los alumnos con otras capacidades a escuelas regulares, a niños indigenas, migrantes o de bajo nivel socioeconómico a una educación de calidad en escuela regular, e incluso algunos documentos mencionan el derecho a la educaión, pero no especifican el derecho a una educación inclusiva.

Por lo tanto, la exclusión no es un problema de los educandos, sino de las escuelas, las cuales deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades.

Por lo tanto, la educación inclusiva requiere de la educación intercultural, que permita regular las relaciones entre todos los integrantes de una comunidad, respetando la individualidad de cada uno de sus integrantes, reconociendo que todas las personas somos diferentes, pero, iguales en dignidad y derechos.

Y para favorecer esta interculturalidad se requieren adecuaciones que permitan la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas, a partir de un abordaje sistémico con perspectiva de derechos.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2013). Educación inclusiva, tomo III de la colección Legislar sin Discriminación. CONAPRED.

Duk Homad, c. (2014). En Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (Coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 61-70). OEI.

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (n.d.) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. UNESCO.

En la formación docente debe existir congruencia entre los cursos de formación y actualización con las problemáticas específicas en el aula.

Los enfoques y estrategias deben atender la diversidad.

Formar profesores con enfoques, principios y valores de la educación inclusiva.

Crear programas que incluyan acciones de acompañamiento y seguimiento en el contexto educativo.

(Tomlinson y Mc iniciales Tighe, 2007) sugieren nueve actitudes y destrezas características de los docentes que promueven el aprendizaje y la participación en clases diversas:

1. Poner en claro los puntos esenciales del currículo.

2. Hacerse responsable de los resultados obtenidos por los alumnos.

3. Desarrollar comunidades basadas en el respeto.

4. Tener conciencia de lo que conviene a cada alumno.

5. Implementar rutinas eficaces para el manejo del aula.

6. Ayudar a los alumnos a ser socios activos en el logro de sus metas.

7. Aplicar en el aula procedimientos de enseñanza flexibles.

8. Ampliar el repertorio de estrategias de enseñanza.

9. Analizar el progreso individual teniendo en cuenta las metas curriculares y el crecimiento personal.

En la actualidad, la formación docente debe diseñar planes de estudio integrados y articulados entre las distintas carreras de pedagogía para el desarrollo de una pedagogía inclusiva, ya que si un docente no esta preparado y actuliazado para mejorar su practica educativa, no habra un cambio positivo en a nivel escuela.

Ainscow (2001) plantea que la formación permanente es la base del desarrollo de la escuela en la perspectiva de la inclusión, pero para que esta consiga los efectos deseados es fundamental que los profesores tengan continuas oportunidades de aprender juntos a través de experiencias formativas planificadas y vinculadas con las prioridades establecidas por la comunidad escolar.

En consecuencia, el logro de este propósito dependerá de la importancia que le otorgue la institución al desarrollo profesional de sus docentes y de las condiciones que genere para promover experiencias innovadoras de enseñanza.

Sin embargo en América Latina no se ha logrado erradicar la desigualdad, exclusión y discriminación en algunos pises y sectores de la sociedad, ya sea por su raza, genero o condición socioeconómica, lo cual impide salir de la pobreza y propician la movilidad social.

En México, ha habido importantes logros en cuanto a su sistema educativo se refiere para promover la igualdad y una educación para todos, lo cual, se establece en su documento más importante que es la Constitución, así como diversas leyes que emanan de la Ley General de Educación, a fin de fortalecer una educación de calidad e incluyente. Por lo que también, ha apostado a la actualización y capacitación del personal docente, para poder atender a todos los NNA en una escuela regular y no solo en escuelas especiales, enfrentando las diversas BAP que se presenten de acuerdo a las condiciones indivuduales de cada alumno.

Por lo que es necesario dar un seguimiento y evaluación a estas políticas de inclusión para mejorar la planificación y su aplicación en todos los contextos.

En América Latina, existe una gran desigualdad educativa principalmente por el nivel de ingresos, origen étnico y lugar de residencia, es decir, el ingreso en los países impacta en su rendimiento.

El nivel socioeconómico y cultural de las familias impacta en los resultados de aprendizaje, ya que los estudiantes que provienen de hogares con menor acceso a bienes materiales y culturales tienen menores logros, así como los estudiantes de escuelas rurales.

Por lo tanto, podemos decir que, el resultado de las escuelas privadas es mayor que el de las escuelas públicas en la mayoría de los países y desafortunadamente en América Latina no se ha logrando eliminar la desigualdad educativa.

México en particular ha tenido diversas reformas al artículo 3° constitucional, así como el surgimiento de diversas leyes en pro de la educación de calidad y para todos, sin embargo, algunos documentos mencionan el derecho a la educación, pero no especifican el derecho a una educación inclusiva.

La UNESCO ha sostenido que las escuelas comunes con una orientación inclusiva representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, creando sociedades más inclusiva y lograr una educación para todos, en teoría suena muy bien, pero en la practica vemos que las infraestructuras no son adecuadas para niños con alguna discapaciad motriz o física, los docentes no estamos capacitados para apoyar a alumnos que enfrentan diversas barreras, que no se la logrado incluir a los alumnos con otras capacidades a escuelas regulares, a niños indigenas, migrantes o de bajo nivel socioeconómico a una educación de calidad en escuela regular.

Por lo que es importante y necesario el fortalecimiento de la profesión docente, con desarrollo de competencias para la enseñanza en diversos contextos, recursos y metodos con grupos heterogeneos.

La exclusión no es un problema de los educandos, ni de un sólo país, sino de todas las escuelas, las cuales deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades, capacitando, preparando y actualizando a sus docentes para mejorar su practica educativa y generar un impacto positivo a nivel individual y colectivo.

La educación inclusiva requiere de la educación intercultural, que permita respetar la individualidad de cada uno de sus integrantes, reconociendo que todas las personas somos diferentes, pero, iguales en dignidad y derechos.

Por lo tanto, el principal reto para la educación es desarrollar políticas, programas y experiencias inclusivas que garanticen el derecho de todos los alumnos a una educación de calidad en todos los NNA, desarrollar escuelas inclusivas de calidad para todos, que atiendan la diversidad y brinden una educación de calidad a todos sus estudiantes, sin exclusiones de ningún tipo.