Derecho a una vida libre de violencia:
Todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia, tanto en el ámbito público como privado.

Derecho a igualdad y no discriminación:
Se garantiza que las mujeres disfruten de igualdad de derechos con los hombres y no sean discriminadas por razón de género.

Derecho a la protección judicial:
Las mujeres tienen derecho a acceso a recursos judiciales efectivos que garanticen la protección contra la violencia.

Deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia:
Los Estados tienen la obligación de adoptar políticas, leyes y medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, además de proporcionar reparación integral.

Reconocimiento de la violencia como una violación de derechos humanos:
La violencia contra las mujeres se reconoce como una violación de sus derechos humanos y una manifestación de las relaciones desiguales de poder históricamente construidas entre hombres y mujeres.

Coordinación entre instituciones clave:
Incluye la participación del Ecu911, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), Servicio Nacional de Medicina Legal y otras entidades para garantizar una respuesta eficaz y oportuna en casos de muertes violentas de mujeres y niñas.

Primera actuación en la escena del crimen:

• La Policía Nacional asegura el lugar de los hechos, protege la evidencia y realiza un informe inicial.

• Medicina Legal lleva a cabo el levantamiento del cuerpo y la autopsia, mientras la Fiscalía coordina las investigaciones.

Protocolo inicial de actuación del Ecu911:
Activa la respuesta inmediata, canaliza recursos y comunica a las entidades pertinentes, asegurando que las denuncias se gestionen adecuadamente.

Definición de competencias específicas:

• La DINASED (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida) realiza investigaciones criminalísticas.

• Las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género y Garantías investigan femicidios y muertes violentas.

Investigación con enfoque de género y derechos humanos:
Todas las instituciones involucradas deben aplicar una perspectiva de género, asegurando que la investigación contemple las razones de género detrás del delito y que se protejan los derechos de las víctimas y sus familias.

Enfoque psicosocial para las víctimas y sus familias:
El acompañamiento psicológico debe abordar los impactos emocionales, relacionales y sociales derivados del femicidio o la violencia de género, considerando las necesidades específicas de cada víctima y su entorno.

Prevención de la revictimización:
Es fundamental evitar que las víctimas sufran nuevas afectaciones emocionales o psicológicas durante el proceso judicial. Por ello, el acompañamiento incluye estrategias para mitigar el estrés, promover la resiliencia y fortalecer la capacidad de afrontar el trauma.

Parte de la reparación integral:
El apoyo psicológico se considera una medida esencial de reparación para las víctimas y sus familias, permitiendo que recuperen su bienestar emocional y mental tras la experiencia de violencia o pérdida.

Investigación exhaustiva y sin prejuicios:
La investigación debe ser completa, imparcial y sin discriminación. Se deben recopilar todas las pruebas posibles, considerando las circunstancias y el contexto de género, para garantizar una comprensión profunda de los hechos.

Celeridad y oportunidad:
Las actuaciones investigativas deben ser rápidas y oportunas. Esto asegura que las pruebas no se pierdan y que las víctimas reciban atención en el momento adecuado, evitando la impunidad por dilación de los procesos.

Protección de los derechos de las víctimas:
Durante todo el proceso, se debe garantizar el trato digno, la privacidad y el respeto a los derechos humanos de las víctimas, evitando su revictimización y proporcionando acceso a una reparación integral.