Presentado por:

Cinthya Julissa Gonzales Saldarriaga

Docente:

Dr. Adm. Francisco Alexandro Ramos Flores. MBA

Piura – Perú

2025

REGIÓN PUNO

La región de Puno continúa enfrentando una crisis de gobernabilidad y gobernanza, evidenciada por diversos factores que afectan su desarrollo social, económico y político.

Puno enfrenta una crisis estructural de gobernanza (por falta de capacidad técnica, liderazgo y transparencia) y de gobernabilidad (por el incremento de conflictos, desafección ciudadana e incumplimiento de compromisos políticos). Esta situación demanda una reestructuración de prioridades regionales y una mejor articulación con el gobierno central para recuperar la estabilidad y el desarrollo.

Además, se caracteriza por una gestión pública ineficiente, falta de transparencia, paralización de proyectos clave, deficiencias en la provisión de servicios básicos y una alta conflictividad social. Estos problemas requieren una atención urgente por parte de las autoridades nacionales y regionales para restaurar la confianza institucional y promover el desarrollo sostenible en la región.

1.1. Baja legitimidad de las autoridades:

- La población considera que las autoridades no los representan ni responden a sus necesidades, lo que debilita la autoridad y dificulta la implementación de políticas públicas.

1.2. Alta conflictividad social

• Puno continúa siendo una de las regiones con mayor número de conflictos sociales activos en el país.

• Las protestas, paros y bloqueos son frecuentes, especialmente por demandas no atendidas en temas como infraestructura, autonomía y acceso a recursos naturales.

1.3.        Descoordinación entre niveles de gobierno

• Hay escasa articulación entre el gobierno regional, los gobiernos locales y el gobierno nacional lo cual impide la ejecución de proyectos clave y genera duplicidad de funciones o abandono de responsabilidades.

• La región enfrenta una grave crisis hídrica, pero no existen planes efectivos de mitigación ni respuesta donde el Estado no cumple un rol activo ni eficaz ante emergencias climáticas o sanitarias.

 1.5. Incumplimiento de pactos y planes de desarrollo

• En 2025, los compromisos asumidos en pactos de gobernabilidad (firmados durante campañas) no han sido implementados lo cual frena avances en salud, educación, infraestructura y equidad social.

 1.6. Presupuesto mal ejecutado o subutilizado

• Aunque Puno ha tenido una ejecución presupuestal relativamente alta en cifras, existen serios cuestionamientos sobre la calidad de dicha ejecución y su impacto real.

2.1. Participación ciudadana efectiva: DEFICIENTE

• Aunque existen espacios de diálogo y concertación (como el Consejo de Coordinación Regional o los presupuestos participativos), la ciudadanía no se siente realmente escuchada ni representada.

2.2. Transparencia y rendición de cuentas: DEFICIENTE

• Hay falta de claridad en la ejecución presupuestal. En 2024 se reportó una ejecución del 90%, pero con más de S/ 100 millones comprometidos sin respaldo de obras o servicios entregados.

• Muchos proyectos de impacto regional como la masificación del gas o las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) están paralizados.

2.4.               Estado de derecho: AUSENTE EN LA PRÁCTICA

• Existe una percepción generalizada de impunidad frente a actos de corrupción o negligencia de funcionarios públicos. Además, la respuesta del Estado frente a protestas suele ser represiva, lo que erosiona la legitimidad del orden institucional.

• Las comunidades aimaras y quechuas no sienten que sus derechos culturales y sociales sean respetados.

Persisten altos niveles de pobreza, desnutrición, falta de acceso a agua potable y servicios básicos, especialmente en zonas rurales

1.    Gobierno regional de puno.

• INTERES:   Mantener poder político, ejecutar presupuestos regionales, conservar legitimidad ante la población.

2.    Gobiernos locales: municipios provinciales y distritales.

• INTERES: Obtener recursos del canon y ganar protagonismo político local, satisfacer demandas básicas.

3.    Gobierno central: ejecutivo y ministerios)

• INTERES: Mantener el control del orden interno, garantizar inversión pública, preservar la imagen del Estado en regiones conflictivas.

• INTERÉS: Defensa de los derechos territoriales, culturales y ambientales; mejora de servicios básicos; acceso justo a recursos naturales.

5. Población aimara y quechua (comunidades indígenas y campesinas)

•  INTERÉS: Reconocimiento cultural, desarrollo inclusivo, protección del medio ambiente, acceso a salud, educación, agua y saneamiento.

• INTERÉS: Estabilidad política, inversión en infraestructura, acceso a financiamiento, impulso a la economía local.

7. Iglesia y universidades (como mediadores)

• INTERÉS:  Promover el diálogo, la paz social, el desarrollo humano y cultural de la región.

• Crear una Oficina Regional de Transparencia y Control Social, con participación ciudadana y veeduría de universidades e iglesia.

• Implementar el uso obligatorio del Sistema de Monitoreo de Obras Públicas en tiempo real.

• Aplicar auditorías externas a megaproyectos paralizados o sospechosos de corrupción.

• Reactivar y empoderar los presupuestos participativos con enfoque intercultural (usando quechua y aimara).

• Fortalecer los Consejos de Coordinación Local y Regional, incorporando a comunidades campesinas, organizaciones sociales y jóvenes.

5.1. Presupuesto participativo

• Permite que la ciudadanía decida directamente en qué proyectos debe invertirse el dinero público regional o municipal.

5.2. Audiencias públicas y cabildos abiertos

• Son espacios de diálogo directo entre autoridades y ciudadanos para informar y recoger opiniones sobre temas de interés colectivo.

• Son órganos consultivos donde participan representantes de la sociedad civil, gobiernos locales y sectores clave.

5.4 Consultas previas y procesos de diálogo intercultural

• Mecanismo obligatorio en contextos donde las decisiones públicas afectan a pueblos indígenas u originarios.