Entender el contexto social, económico y cultural es esencial para llevar a cabo una investigación adecuada

• Femicidios: Desde 2014, Ecuador tipifica el feminidio como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 141, con penas de 22 a 26 años de prisión.

• Impacto social: Las muertes violentas de mujeres y niñas afectan no solo a las víctimas y sus familias, sino también a las comunidades, perpetuando ciclos de violencia y desigualdad.

• Leyes nacionales relevantes:

  • COIP Artículo 141: "la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, diera muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintisiete años".

    Además, el artículo 142 del COIP menciona agravantes que pueden incrementar la pena, como el establecimiento o existencia de una relación de intimidad con la víctima, si el delito es cometido en presencia de familiares o si se expone el cuerpo de la víctima en sitios públicos

  • Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018): Garantiza medidas de prevención y reparación integral para las víctimas.

• Normas internacionales:

  • Ecuador es signatario de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW , que obligan al Estado a garantizar justicia en casos de violencia contra mujeres y niñas.

• Rol de la Fiscalía: La Fiscalía General del Estado tiene protocolos específicos para investigar muertes violentas de mujeres bajo un enfoque de género.

El principio de debida diligencia en el marco legal del Ecuador está establecido en el Artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador. Este artículo establece que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley2. Además, la Corte Constitucional del Ecuador ha destacado la importancia de este principio en la sustanciación de los procesos judiciales, asegurando que se respeten los derechos de las partes involucradas.

El Artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial también menciona el principio de debida diligencia, indicando que las juezas y jueces deben actuar con prontitud y eficacia en la administración de justicia.

Estos principios son fundamentales para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen de manera justa y eficiente, protegiendo los derechos de todas las personas involucradas.

Caso Diana Carolina : Un femicidio emblemático que puso en evidencia la negligencia de las autoridades en la actuación de los Agentes del Orden