Enrique Uribarren Castro, presidente del OCPAQ, aseguró que el gobierno de Querétaro debe plantearse un cambio de estrategia para garantizar la oferta del líquido antes que atender la demanda del mismo, lo que representaría racionar el agua disponible y usarla de manera periódica y constante. “Querétaro es un estado en el que ya llevamos muchos años con los mantos acuíferos sobreexplotados, debido a que el uso normal que le damos al agua, como ocurre en muchas partes del mundo, es el que atender primero a la alta demanda antes que garantizar la oferta, por lo que se requiere un cambio en este aspecto”, asentó. 

El especialista en temas de agua precisó que, de los 12 mantos acuíferos con los que cuenta todo el estado de Querétaro, son 8 los que se encuentran sobre explotados y sólo 4 cuentan con niveles óptimos, principalmente en la zona serrana en dónde se encuentra la reserva de la biosfera y dónde hay poco consumo.  

Señaló que de no iniciar a trabajar alternativas para disminuir la problemática, la tendencia no es favorable para dotar de agua a la población de esa zona; además de que es el principal problema geopolítico del siglo XXI ante el crecimiento de la población. Indicó que en 2025 se espera que haya cinco mil 100 metros cúbicos de agua por habitante y en el 2050, mil 700 metros cúbicos por habitante, algo considerado como una crisis.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.