La inclusión, entendida como derecho humano, implica garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, participen plena y equitativamente en todos los ámbitos de la vida. Este enfoque reconoce la dignidad de cada individuo y exige la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales que generan exclusión. Como derecho, la inclusión se basa en principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y participación activa.

Normativamente, este concepto está respaldado por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecen la obligación de los Estados de promover políticas y entornos que respeten y valoren la diversidad humana.

1. El cambio de actitud como precursor de una formulación de políticas eficaz.

¿En qué consiste?
Implica una transformación en la manera de concebir la inclusión: no como una política para ciertos estudiantes "con necesidades", sino como una mejora para todos.

Punto de partida (situación problemática):
Frecuentemente, los formuladores de políticas parten de una noción limitada de la inclusión, centrada en la discapacidad u otras categorías específicas, lo que restringe su efectividad.

Sentido y característica de los cambios propuestos:
Se propone una reorientación del enfoque tradicional hacia uno que reconozca la diversidad como valor y potencial. El cambio debe ser conceptual (qué es inclusión) y actitudinal (cómo se valora).

Contextos:
Ministerios de educación, organismos gubernamentales, y agencias que definen políticas nacionales o regionales.

Actores y recursos involucrados:
Formuladores de políticas, líderes educativos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil. Se requiere de datos desagregados y procesos participativos para ampliar el entendimiento de la inclusión .

Punto de partida (situación problemática):
Muchos planes de estudio son rígidos, estandarizados y poco sensibles a las diferencias culturales, lingüísticas o personales, lo que perpetúa la exclusión.

Sentido y característica de los cambios propuestos:
Modificar los contenidos, métodos, lenguajes y formas de evaluación. Promover un currículo centrado en el estudiante, que reconozca y valore la diversidad.

Contextos:
Escuelas, centros de formación docente, órganos rectores del currículo.

Actores y recursos involucrados:
Docentes, especialistas curriculares, estudiantes, familias, comunidades. Recursos: materiales didácticos diversos, tecnologías de apoyo, y formación continua para docentes .

Punto de partida (situación problemática):
Los docentes a menudo no cuentan con formación, recursos ni apoyo adecuados para atender la diversidad en el aula. Muchos se sienten solos o mal preparados.

Sentido y característica de los cambios propuestos:
Transformar la formación inicial y continua para incluir enfoques inclusivos, fortalecer el liderazgo pedagógico y mejorar las condiciones de trabajo (infraestructura, tamaño de clases, apoyos).

Contextos:
Instituciones de formación docente, escuelas, redes de apoyo pedagógico.

Actores y recursos involucrados:
Docentes, formadores, directores, supervisores, especialistas en inclusión. Recursos: redes de colaboración, asesorías técnicas, modelos pedagógicos flexibles .

Punto de partida (situación problemática):
Las políticas suelen formularse sin continuidad, con escaso seguimiento o sin datos que permitan medir su efectividad y corregir fallos.

Sentido y característica de los cambios propuestos:
Establecer mecanismos claros de implementación, incluir indicadores de inclusión, y promover procesos participativos. Integrar la evaluación como parte esencial del ciclo.

Contextos:
Gobiernos, sistemas educativos nacionales o regionales.

Actores y recursos involucrados:
Responsables de política pública, equipos técnicos, comunidades educativas, ONGs, organismos internacionales. Recursos: sistemas de información, indicadores de equidad y calidad, financiamiento adecuado .

Desde mi labor como psicóloga de la Unidad de Educación Inclusiva (UDEI), responsable de cinco centros escolares (cuatro primarias y una secundaria), observo cotidianamente cómo las cuestiones estructurales de las políticas educativas influyen de forma directa en la posibilidad de hacer efectiva la inclusión.

En primer lugar, la falta de datos desagregados y mecanismos sólidos de identificación temprana limita la detección de alumnos en riesgo de exclusión. Esto se traduce en intervenciones tardías y poco coordinadas. En el ámbito de mi práctica, esto se evidencia en la escasa sistematización de información entre niveles y escuelas, dificultando la continuidad de apoyos a estudiantes que migran entre contextos escolares.

En segundo lugar, se señala como insuficiencia la ausencia de marcos jurídicos y normativos específicos que promuevan la educación inclusiva desde una perspectiva de derechos. Aunque existen lineamientos generales, en la práctica se observa una interpretación limitada o ambigua por parte de algunas figuras directivas, lo que genera respuestas escolares basadas más en voluntades individuales que en marcos institucionales consistentes.

Otro punto crítico es la escasa coordinación intersectorial. La figura 5 lo menciona como un vacío frecuente, y en mi trabajo cotidiano esto se refleja en la falta de articulación entre salud, desarrollo social y educación. A menudo, como UDEI, fungimos como puente improvisado entre estos sectores, pero sin respaldo operativo ni recursos suficientes.

Finalmente, la participación de familias y comunidades, aunque reconocida como esencial, suele ser marginal o reactiva. El diseño de políticas no considera de forma clara los mecanismos para su participación activa, y esto repercute en procesos fragmentados de corresponsabilidad.

En síntesis, la inclusión no depende sólo del compromiso de los actores escolares (que muchas veces es alto), sino de políticas públicas que reconozcan, articulen y respalden el trabajo, especialmente en contextos de alta demanda como los que enfrentamos en zonas escolares con realidades complejas. Urge que las políticas se traduzcan en condiciones concretas que permitan a los equipos UDEI no solo intervenir, sino incidir estructuralmente en la transformación del sistema escolar.

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. (ED-2009/WS/31, pp. 14–26). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/

La inclusión educativa representa uno de los desafíos más complejos que enfrentan los sistemas educativos de América Latina. La autora Rosa Blanco describe un panorama donde la persistencia de desigualdades estructurales y la diversidad cultural creciente acentúan la exclusión de numerosos grupos sociales. A pesar de los avances en el acceso a la educación, el sistema continúa reproduciendo desigualdades en términos de permanencia, conclusión y logros de aprendizaje. La situación es especialmente crítica para los estudiantes provenientes de contextos de pobreza, poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y quienes habitan zonas rurales. Blanco propone una mirada integral para entender las múltiples barreras que inciden en la exclusión educativa, dividiéndolas en barreras externas e internas al sistema, con el objetivo de construir políticas que garanticen una educación equitativa y de calidad para todos.

Desigualdades en el acceso, la permanencia y los aprendizajes

A pesar de los logros en la cobertura educativa, persisten importantes brechas sociales y culturales. En el acceso, los niños de hogares pobres, zonas rurales o con discapacidad tienen menos posibilidades de ingresar a la educación temprana o secundaria. La permanencia en el sistema está condicionada por factores como la repetición, la deserción y el ingreso tardío, que afectan sobre todo a poblaciones en desventaja. En cuanto a los aprendizajes, los resultados de evaluaciones internacionales como PISA y SERCE reflejan profundas desigualdades de rendimiento entre estudiantes de distinto origen socioeconómico, étnico y geográfico, lo que evidencia la necesidad urgente de transitar de la inclusión escolar a la inclusión en el aprendizaje.

Barreras externas a los sistemas educativos: Estas barreras son factores sociales, económicos y culturales que impiden el acceso y éxito escolar de muchos estudiantes.

Entre ellas destacan:

• Nivel socioeconómico: la pobreza es una barrera transversal que condiciona el ingreso, permanencia y rendimiento escolar. El nivel educativo de los padres también influye en la trayectoria educativa de los hijos.

• Trabajo infantil: obliga a muchos estudiantes a abandonar la escuela o a disminuir su rendimiento académico.

• Condiciones de salud y nutrición: afectan especialmente a niños en zonas rurales y en situación de pobreza, reduciendo sus capacidades cognitivas y físicas.

• Discriminación estructural: poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes enfrentan prejuicios históricos que se reflejan en menor acceso a servicios educativos.

• Contexto geográfico: zonas rurales o urbanas marginales carecen de infraestructura adecuada, lo que limita el acceso a una educación de calidad.

Son factores propios del sistema educativo que impiden el desarrollo equitativo de todos los estudiantes. Entre las más importantes se encuentran:

• Privatización creciente: genera segmentación, ya que el acceso a una educación de calidad depende cada vez más del poder adquisitivo de las familias.

• Segmentación del sistema educativo: la calidad de la educación varía enormemente entre escuelas, lo que reproduce desigualdades sociales.

• Currículos rígidos y homogéneos: no responden a la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes, ni a sus estilos de aprendizaje.

• Procesos discriminatorios: prácticas institucionales y pedagógicas excluyentes afectan especialmente a estudiantes con discapacidad, indígenas o en situación de pobreza.

• Sistemas de evaluación estandarizados: se enfocan en la rendición de cuentas y no consideran la diversidad del alumnado, lo que agrava la exclusión.

• Falta de formación docente: muchos profesores no están preparados para trabajar en contextos diversos y con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales.

La lectura de Rosa Blanco evidencia que la inclusión educativa va mucho más allá del acceso a la escuela. Implica transformar los sistemas educativos en su totalidad para garantizar la equidad en la permanencia y los aprendizajes. Las barreras, tanto externas como internas, deben ser enfrentadas de manera articulada, con políticas intersectoriales y una fuerte voluntad política.

Coincido con la autora en que no es suficiente con abrir las puertas de las escuelas: hay que asegurar que todos los estudiantes puedan participar activamente, aprender con calidad y concluir sus estudios. Los desafíos descritos por Blanco se relacionan también con los planteamientos de otros autores revisados en esta unidad, como Marchesi, quien destaca la importancia de reformar la cultura escolar, y Terigi, quien analiza la inclusión desde las trayectorias escolares. Todos coinciden en que la educación inclusiva es un proceso ético, social y pedagógico que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto.

Normas APA. (s.f.). Guía Normas APA 7° Edición [Archivo PDF]

La educación inclusiva en México se sustenta en un marco normativo y de políticas públicas que promueven el derecho a una educación equitativa y de calidad para todas y todos, sin discriminación. Documentos como la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI, 2019) y la Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica (2018) reflejan los compromisos del Estado mexicano con los derechos humanos y se alinean con marcos legales nacionales e internacionales, como la Constitución, la Ley General de Educación y la Agenda 2030 (ODS 4).

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha desarrollado herramientas prácticas para la identificación y atención de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP), orientadas a favorecer la inclusión y la transformación de las prácticas escolares. Estas herramientas —como el instrumento de registro de BAP, los Consejos Técnicos Escolares (CTE) y el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)— están alineadas con los principios del Índice de Inclusión de Booth y Ainscow (2000) y buscan traducir los principios de equidad, diversidad y justicia social en acciones concretas dentro de los centros escolares.

El objetivo de este análisis es revisar críticamente cómo estas estrategias y herramientas se articulan para construir entornos educativos inclusivos, permitiendo identificar y minimizar las BAP desde un enfoque normativo, pedagógico y de gestión escolar.

Las estrategias nacionales de inclusión educativa en México, como la ENEI y la Estrategia de Equidad e Inclusión, entienden la inclusión como un proceso transformador que requiere modificar no solo prácticas didácticas, sino también estructuras normativas, culturales y actitudinales. Ambas estrategias promueven una atención centrada en las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP), considerando la diversidad como una riqueza educativa y no como un problema.

Entre las metodologías clave se encuentra el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que orienta hacia una planeación didáctica flexible y accesible. También se destaca el uso de ajustes razonables, apoyos específicos y la detección oportuna de barreras, como herramientas para responder a la diversidad sin sobrecargar al sistema educativo.

El Instrumento de Registro de BAP permite identificar barreras en cuatro dimensiones:

• Estructurales (infraestructura deficiente, separación en aulas especiales),

• Normativas (rigidez en la aplicación de leyes),

• Didácticas (falta de diferenciación o ajustes pedagógicos),

• Actitudinales (prejuicios, exclusión, sobreprotección)

  
  

Esta herramienta alimenta el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), el cual articula acciones estratégicas derivadas de diagnósticos participativos, elaborados por los Consejos Técnicos Escolares (CTE). Estos consejos se consolidan como espacios fundamentales para planear, reflexionar y dar seguimiento a los procesos de inclusión, siempre que cuenten con formación docente adecuada y una cultura escolar abierta al cambio.

A nivel internacional, estas estrategias están alineadas con los principios de la UNESCO, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el ODS 4 de la Agenda 2030, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La transición de un modelo integrador hacia uno verdaderamente inclusivo implica transformar el entorno escolar para garantizar el derecho a la educación como un bien público y colectivo.

México ha avanzado significativamente en el desarrollo de políticas de inclusión educativa, transitando de modelos segregadores hacia enfoques integradores basados en los derechos humanos y la valoración de la diversidad. Entre los logros más destacados se encuentran la creación de instrumentos normativos y prácticos como el registro de BAP, la incorporación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la utilización del Consejo Técnico Escolar (CTE) como espacio clave para la reflexión y toma de decisiones inclusivas.

No obstante, persisten retos estructurales y operativos, como la falta de formación docente especializada, la escasa participación efectiva de las familias y la comunidad, la desigualdad entre contextos escolares urbanos y rurales, y la limitada integración de estrategias inclusivas en instrumentos como el PEMC.

Para consolidar una política inclusiva real y efectiva se requieren acciones prioritarias:

• Capacitación continua y obligatoria en inclusión y DUA,

• Creación de comunidades de aprendizaje,

• Uso sistemático del registro de BAP en la planificación escolar,

• Fortalecimiento de redes entre escuelas regulares, educación especial y otras instancias interinstitucionales.

  
  

Estas acciones no solo fortalecen la equidad educativa dentro del país, sino que también contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos, sin dejar a nadie atrás.

Secretaría de Educación Pública. (s.f.). Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2023, octubre 17). Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP): Insumo para la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2023-2024. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/2324_S2_E_INSUMO_SEGUNDA_SESION_17_OCTUBRE_2023_17_25.pdf

Secretaría de Educación Pública. (2023). Instrumento de registro de barreras para el aprendizaje y la participación. https://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/docs/2425_s0_insumos_docen_instrumento_registro_barreras_aprendizaje_participacion.pdf

Secretaría de Educación Pública. (2023, octubre). ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP)? https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/2324_s2_Infografia_BAP.pdf

El sistema educativo actualmente tiene el gran reto de construir escuelas inclusivas que atiendan la diversidad del alumnado, garantizando el aprendizaje de todos sin exclusión.

En este contexto, la formación docente se presenta como un eje fundamental para transformar las prácticas educativas y responder a la heterogeneidad creciente en las aulas.

Cynthia Duk Homad, plantea que profesorado se enfrenta a demandas cada vez más complejas: estudiantes con distintos ritmos y estilos de aprendizaje, antecedentes culturales diversos, desigualdades socioeconómicas y capacidades diferentes. Todo esto en un escenario donde las prácticas segregadoras o excluyentes ya no son toleradas por la sociedad.

La inclusión educativa, entendida como un derecho y como la base de una sociedad justa y equitativa, requiere una transformación profunda en la formación inicial y continua del profesorado. La autora destaca la necesidad urgente de renovar los perfiles profesionales docentes y los modelos formativos, pues el avance hacia una educación de calidad para todos exige docentes preparados para gestionar la diversidad de forma efectiva y ética.

Las competencias docentes en un marco de inclusión educativa:

Competencias transversales:

La formación pedagógica debe incorporar de manera transversal el enfoque de atención a la diversidad, bajo la premisa de que todo docente, independientemente de su nivel o especialidad, debe desarrollar ciertas competencias básicas:

• Diagnóstico y atención educativa: identificar estilos y ritmos de aprendizaje, detectar dificultades y brindar los apoyos necesarios.

• Diversificación curricular y metodológica: emplear estrategias didácticas diversas, accesibles y flexibles que permitan la participación y el aprendizaje de todos.

• Reconocimiento intercultural: integrar la lengua y cultura de origen de los estudiantes para fortalecer su identidad.

• Convivencia inclusiva: fomentar un ambiente de respeto, comprensión y valoración de las diferencias.

• Trabajo colaborativo: establecer redes de cooperación entre docentes, familias y otros actores sociales y profesionales.

  
  

Competencias específicas del profesorado de educación especial:

Para que su rol se alinee con el paradigma inclusivo, el profesorado de educación especial debe superar el enfoque clínico centrado en el déficit. Es necesario que desarrollen habilidades específicas para:

• Evaluar y monitorear: desde una perspectiva interdisciplinaria, identificar barreras al aprendizaje y hacer seguimiento al progreso del alumnado.

• Diseñar apoyos educativos: implementar recursos y estrategias adaptadas al contexto y necesidades.

• Asesorar a docentes y familias: colaborar en la planificación curricular diversificada y en la participación de las familias en el proceso educativo.

• Impulsar proyectos inclusivos: contribuir activamente en iniciativas escolares que mejoren la calidad educativa.

  
  

Además, se aboga por eliminar la tradicional separación entre la formación en educación general y educación especial, proponiendo planes de estudio integrados y flexibles, con un tronco común que fortalezca el enfoque inclusivo.

El desarrollo profesional permanente es un pilar fundamental para consolidar prácticas inclusivas. Sin embargo, la autora destaca que muchas iniciativas de formación en servicio tienen un impacto limitado, debido a:

• La desconexión entre la formación ofrecida y las realidades del aula.

• La falta de apropiación de los enfoques inclusivos por parte de los formadores.

• La escasa oferta de formación situada y contextualizada en los centros escolares.

• La ausencia de acompañamiento para aplicar nuevas estrategias.

  
  

Por ello, se propone una formación continua centrada en la escuela, orientada a la mejora de las prácticas pedagógicas y basada en:

• Capacitación focalizada en problemas reales del aula.

• Diálogo e intercambio sistemático entre docentes.

• Enseñanza y planificación colaborativa.

• Observación y retroalimentación entre colegas.

• Asesoramiento externo.

• Redes de colaboración entre docentes y escuelas.

  
  

Estas estrategias promueven el aprendizaje entre pares, el trabajo interdisciplinario y una cultura docente reflexiva, cooperativa y en constante transformación.

La autora plantea múltiples áreas de oportunidad en la formación docente para avanzar hacia una educación inclusiva genuina.

Una de las más urgentes es replantear la formación inicial y continua bajo una visión que valore la diversidad como una oportunidad de enriquecimiento, y no como un problema a gestionar.

Asimismo, es fundamental transformar la cultura escolar y promover la colaboración como herramienta clave para la mejora continua.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Como psicóloga educativa, reconozco la importancia de construir entornos escolares donde todos los estudiantes, sin distinción, puedan aprender y desarrollarse en igualdad de condiciones.

En este muro se abordan diversas perspectivas sobre las políticas para la inclusión educativa, entendidas como un conjunto de acciones intencionadas para eliminar barreras al aprendizaje y la participación, y garantizar el derecho a una educación equitativa y de calidad.

Se parte de las directrices internacionales sobre políticas de inclusión en educación, que orientan a los países hacia modelos más justos, reconociendo la diversidad como un valor y no como un obstáculo. A nivel regional, se analiza la evolución de estas políticas en América latina, resaltando logros significativos, como el aumento del acceso a la educación, así como los desafíos persistentes, como la falta de recursos, formación docente especializada y la discriminación estructural. A partir de ello, se proponen recomendaciones para fortalecer la implementación de políticas inclusivas desde un enfoque de derechos humanos.

En el caso de México, se examina el marco normativo y programático que da sustento a la política de inclusión educativa, destacando sus avances y las áreas que aún requieren atención para asegurar la equidad y el reconocimiento de la diversidad en todos los niveles educativos. Finalmente, se enfatiza el papel clave de la formación docente como eje transformador de la inclusión.

La capacitación continua, el acompañamiento y la sensibilización son fundamentales para que el profesorado cuente con herramientas teóricas y prácticas que le permitan atender las necesidades de todos sus estudiantes.

Este espacio invita a la reflexión, al análisis crítico y al compromiso colectivo con una educación más humana, justa e incluyente.

A lo largo del desarrollo de esta materia, el análisis profundo de las políticas para la inclusión educativa me ha permitido fortalecer una visión más crítica, consciente y comprometida con la construcción de entornos escolares que valoren la diversidad y aseguren el derecho a una educación equitativa para todas y todos.

Temas como las directrices internacionales, los avances y desafíos en América Latina, el marco normativo en México y la formación docente para la inclusión, han evidenciado que la inclusión no puede entenderse solo como una meta, sino como un proceso continuo que requiere voluntad política, transformación institucional y un cambio de paradigma en las prácticas educativas.

Desde mi rol como psicóloga educativa, esta reflexión cobra especial relevancia, ya que me ubica como agente de cambio dentro de las escuelas. Considero que estas políticas pueden tener un impacto significativo en mi contexto profesional si se traducen en acciones concretas: fortalecer el trabajo colaborativo con el personal docente, impulsar estrategias para eliminar barreras al aprendizaje, acompañar a las familias en procesos de sensibilización y fomentar prácticas inclusivas desde el aula hasta la gestión escolar.

Concluir este proyecto no solo representa el cierre de un proceso académico, sino el inicio de un mayor compromiso con la equidad, la justicia y el respeto por la diferencia, principios fundamentales para una verdadera inclusión educativa.

Duk Homad, C. (2014). La formación y el desarrollo profesional de los docentes para una educación inclusiva. En A. Marchesi, R. Blanco & L. Hernández (Coords.), Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 61–70). Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Duk Homad, C. (2014). La formación y el desarrollo profesional de los docentes para una educación inclusiva. En A. Marchesi, R. Blanco & L. Hernández (Coords.), Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 61–70). Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Normas APA. (s.f.). Guía Normas APA 7° Edición [Archivo PDF]

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: Para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (s.f.). Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2023, octubre 17). Estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP): Insumo para la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2023-2024. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/2324_S2_E_INSUMO_SEGUNDA_SESION_17_OCTUBRE_2023_17_25.pdf

Secretaría de Educación Pública. (2023). Instrumento de registro de barreras para el aprendizaje y la participación. https://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/docs/2425_s0_insumos_docen_instrumento_registro_barreras_aprendizaje_participacion.pdf

Secretaría de Educación Pública. (2023, octubre). ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP)? https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/2324_s2_Infografia_BAP.pdf

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. (ED-2009/WS/31, pp. 14–26). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/