La protección del salario tiene 3 vertientes:

1. Asegurar la satisfacción de las necesidades propiamente vitales.
2. Asegurar la educación de los hijos.
3. Proporcionar a la familia los placeres honestos a que tiene derecho". 

• SALARIOS: El FOGASA abona a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago, incluida la parte proporcional de pagas extras y los salarios de tramitación, sin que pueda superar, por uno u otro concepto, la cantidad resultante de multiplicar el duplo del SMI diario por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días. 

• INDEMNIZACIONES: El FOGASA abona indemnizaciones por despido reconocidas por sentencia a favor de los trabajadores, con el límite máximo de una anualidad y sin que el salario diario base del cálculo pueda exceder del doble del SMI.

• Los salarios de los trabajadores devengados en los últimos 30 días de trabajo y en cuantía que no superen el doble del SMI (incluyendo parte proporcional de pagas), gozan de preferencia sobre cualquier otra deuda del empresario, aunque éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca (derechos reales). Es lo que se conoce como crédito superprivilegiado.
• La cuantía obtenida de la venta de los objetos elaborados por los trabajadores debe destinarse a pagar los salarios pendientes, siempre que sean propiedad o estén en posesión del empresario.
• El resto de créditos salariales tendrán preferencia ante cualquier otra deuda de la empresa, salvo aquellas que tengan hipoteca o prenda (créditos con derecho real). El límite en este caso es el triple del SMI diario, es decir, la cuantía que resulte de multiplicar el triple del SMI (incluyendo la PPP Extras) por el número de días de salario pendientes de pago. (Crédito singularmente privilegiado).
• El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos.
• Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquel. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios.