Organizado por entidades como la Asociación Nacional de Periodista (ANP), además de contar con el apoyo de organizaciones como las Naciones Unidas, este evento se realizó con la finalidad de discutir los riesgos y obstáculos que los periodistas enfrentar en su labor de informar. Los temas principales que se trataron destacaban un aumento en los ataques y agresiones sistemáticas en contra de los periodistas y la búsqueda de nuevos mecanismos de protección efectivos para la labor.

Asimismo, se subrayó que, a pesar de los retos que existen para ejercer el derecho a la información en el Perú, aún existe una legislación favorable que protege a los comunicadores en un entorno cada vez más hostil.

Después del intento de golpe en 2016, el gobierno turco implementó una campaña que ha afectado profundamente el ejercicio libre de la palabra. Bajo el argumento de preservar la estabilidad y la seguridad nacional, se cerraron medios de comunicación críticos, se detuvo a periodistas y se persiguió judicialmente a quienes expresaban opiniones contrarias a la línea oficial. El Estado ha utilizado el aparato judicial para calificar cualquier crítica o cuestionamiento como una amenaza a la seguridad. Esto implica que no es solo una cuestión de censura directa, sino de instaurar un clima en el que la mera expresión de ideas disidentes puede ser interpretada como subversión.

Esta incertidumbre sobre los límites exactos de lo que se puede decir genera un ambiente de temor. Tanto periodistas como ciudadanos optan por restringir sus opiniones para evitar posibles sanciones legales, lo que limita la libertad de expresión y pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática: la posibilidad de contar con un flujo de información.

China – Gran Cortafuegos

China mantiene un control estricto sobre la libertad de expresión en internet a través del Gran Cortafuegos, un sistema de censura que bloquea plataformas extranjeras como Google, Facebook, Twitter y YouTube, además de filtrar contenido considerado sensible.

Herramientas como la inspección profunda de paquetes (DPI) y el bloqueo de VPNs impiden que los ciudadanos accedan a información no aprobada por el gobierno. Redes sociales locales como WeChat y Weibo están fuertemente vigiladas, eliminando publicaciones críticas en minutos. Temas como la masacre de Tiananmen, la independencia de Taiwán o las protestas en Hong Kong son censurados, y quienes los mencionan pueden ser arrestados o sancionados bajo leyes como la Ley de Ciberseguridad y regulaciones contra "rumores".

Las consecuencias de esta censura son graves: los ciudadanos chinos viven en una burbuja informativa controlada por el Estado, lo que fomenta la autocensura y la desinformación. Activistas y periodistas han sido encarcelados por publicar opiniones contrarias al régimen, como ocurrió con médicos que alertaron sobre la COVID-19 en Wuhan. Aunque algunos intentan evadir la censura con VPNs o redes anónimas como Tor, el gobierno bloquea constantemente estas herramientas. Empresas extranjeras que desean operar en China, como Apple y Microsoft, deben aceptar las reglas del Partido Comunista o enfrentar bloqueos, como le ocurrió a Google en 2010. China sigue siendo uno de los países con mayor represión digital en el mundo, utilizando tecnología y leyes para restringir la libertad de expresión en internet.

En Brasil, el Congreso ha debatido y promovido una legislación para combatir la desinformación en redes sociales, conocida como la “Ley de Fake News”. Esta ley busca regular el contenido en internet, obligando a plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp a monitorear y eliminar publicaciones consideradas falsas o dañinas.

Si bien el objetivo es reducir la difusión de noticias falsas, algunos críticos argumentan que la ley podría usarse para restringir la libertad de expresión y dar al gobierno demasiado poder para determinar qué información es válida. Varias organizaciones de derechos humanos han señalado que el gobierno podría utilizar la ley para silenciar a la oposición política y periodistas bajo el pretexto de combatir la desinformación.