Empero, en su ponencia que formó parte del 3er. Seminario Internacional MUFRAMEX sobre Políticas Educativas México-Francia, comentó que al parecer la respuesta a las consecuencias de la pandemia en la educación superior se ha dejado en manos de las instituciones de este nivel educativo, sin que para ello existan, hasta el momento, programas o políticas del gobierno orientados a favorecer que se contrarresten los impactos que se han tenido.

Respecto al impacto del COVID-19 en la educación superior, señaló que en éste confluyen tres factores: la problemática económica, que se deriva de la disminución de la actividad productiva y comercial durante la pandemia, y del consecuente desempleo o pérdida de fuentes de ingreso; la enorme brecha digital, que va de la mano de la desigualdad socioeconómica y se sobrepone a ella; y la dificultad por parte de las instituciones de educación superior de enfrentar la crisis educativa que se deriva de la pandemia.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que la pérdida de estudiantes, como consecuencia de la pandemia, es de 8%, lo que equivale a 320 mil estudiantes (Animal Político, 2020).

Sin embargo, las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) duplican esa cantidad, ubicándola en cerca de 630 mil (Factor Capital Humano, 2020).

El propio confinamiento afecta anímicamente a las y los estudiantes, que no pueden vivir su vida completa y extrañan a sus compañeros(as), en una edad en la que éstos son esenciales.

De manera especial les afecta la incertidumbre, pues justamente en la edad en la que están haciendo su plan de vida, no pueden prever lo que ocurrirá con su educación y mucho menos con su potencial trabajo o fuente de ingresos (Limón, 2020). Esta última condición, sobre todo, pero aunada a las anteriores, generan una situación altamente estresante que en ocasiones desencadena eventos depresivos y que deteriora las condiciones para aprender.