El dinamismo de la economía durante el oncenio de Leguía se debió, principalmente, al crecimiento del sector exportador. Según estimados de Bruno Seminario y A. Beltrán, la participación de las exportaciones en el PBI pasó de 15% en 1910 al 27.9% en 1929 (cifra similar a la que se registró en 2019). Es por lo que el Perú no fue ajeno a la devastadora crisis mundial de 1929. En el ámbito fiscal, esta crisis significó la bancarrota financiera del Estado, que vio mermados sus ingresos por la reducción abrupta del comercio exterior y dejó de tener acceso a financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal y atender sus obligaciones. El sector privado también se vio afectado; el mayor banco peruano de esa época, el Banco del Perú y Londres, colapsó en octubre de 1930.

Algunas de las acciones y medidas tomadas por la Junta Militar de Gobierno de Perú en 1930 incluyeron:

Reformas políticas y sociales: Durante su breve tiempo en el poder, la junta militar intentó implementar algunas reformas políticas y sociales, aunque estas pueden haber sido limitadas debido a la naturaleza provisional de su gobierno.

Preparación para elecciones: Uno de los principales objetivos de la junta fue preparar el terreno para la celebración de nuevas elecciones democráticas y el restablecimiento de un gobierno civil en Perú.

El APRA continuó siendo una fuerza política significativa en el país y su influencia se hizo sentir en los acontecimientos políticos posteriores, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva peruana.

Sin embargo, el aislamiento del mercado internacional generó una menor dependencia de los mercados internacionales. La contracción de la inversión extranjera permitió la incursión de pequeños capitales nacionales en los mercados de exportación de azúcar y cobre dominados por las grandes empresas estadounidenses. Nuevas minas de distintos minerales fueron puestas en producción (zinc, mercurio, estaño y plomo), complementando las tradicionales exportaciones de plata y cobre, a la vez que apareció el pescado como un nuevo producto relevante entre las exportaciones hacia los Estados Unidos (cuando la segunda guerra mundial cortó el abastecimiento desde Europa y Asia).

Una de las compañías más destacadas fue la International Petroleum Company , que obtuvo derechos de explotación en la zona.

Se llevaron a cabo importantes inversiones en infraestructura para la extracción, transporte y refinación del petróleo. El desarrollo de la industria petrolera en Talara tuvo un impacto significativo en la economía peruana. Generó empleo, atrajo inversiones extranjeras y diversificó la base económica del país. Además, proporcionó una importante fuente de ingresos para el gobierno a través de impuestos y regalías petroleras.

La creación de la CPS fue un paso significativo en el desarrollo económico del Perú, ya que tenía como objetivo principal promover la agricultura, la irrigación y la industria en la zona del valle del río Santa. Esto se lograría a través de la construcción de obras de infraestructura, como represas, canales de riego y carreteras, así como el fomento de la colonización agrícola.

La creación de la Corporación Peruana del Santa en 1936 representó un hito importante en la historia económica y social del Perú, ya que contribuyó al desarrollo y la transformación de una región clave del país mediante la promoción de la agricultura y la infraestructura.

El censo de 1936 recopiló información detallada sobre la distribución de la población por edad, sexo, ocupación y ubicación geográfica. También incluyó datos sobre las condiciones de vida y las características de las viviendas en todo el país.

Los resultados del censo fueron utilizados para una variedad de propósitos, incluyendo la planificación económica, la asignación de recursos y la toma de decisiones en áreas como la salud, la educación y la infraestructura. Además, sentaron las bases para futuros censos y estudios demográficos en Perú.

Sin embargo, la crisis económica mundial representaba un obstáculo importante para estos esfuerzos, destacando la necesidad de políticas económicas sólidas y una mayor inversión en sectores clave para impulsar el crecimiento económico sostenible.

Primer titular fue Benjamín Roca García.

La promulgación de la Ley de Reforma Agraria representó un hito en la historia del Perú, ya que fue uno de los primeros intentos serios de abordar las desigualdades en la tenencia de la tierra y promover el desarrollo agrícola en el país.

Si bien la implementación de la ley enfrentó desafíos y críticas, su impacto en la estructura agraria y en las condiciones de vida de los campesinos peruanos fue significativo y duradero. Esta ley sentó las bases para futuras reformas agrarias en el país y marcó un punto de inflexión en la política agraria peruana.

Además, se estaban realizando inversiones significativas en infraestructura para mejorar la conectividad y facilitar el desarrollo económico en todo el país. Se promovía la creación de nuevas industrias y se implementan políticas para proteger la industria nacional.

A pesar de estos esfuerzos, Perú aún enfrentaba desafíos derivados de su dependencia de las exportaciones de productos primarios y los efectos de la crisis económica mundial. Sin embargo, el país estaba en camino de transformar su economía y promover un crecimiento más diversificado y sostenible.

Se priorizó la estabilidad económica mediante la promoción de la industrialización y la modernización de la infraestructura, con inversiones clave en carreteras y ferrocarriles para impulsar el desarrollo económico y la integración nacional.

Se implementaron programas sociales para mejorar las condiciones de vida de la población, con la expansión de servicios de salud y educación, y políticas de bienestar social para reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos.

En el ámbito internacional, se mantuvieron relaciones diplomáticas estables y se promovió la cooperación internacional, buscando fortalecer el comercio y la inversión extranjera en el país.

Además, se reafirmó el compromiso con la democracia mediante elecciones libres y transparentes, garantizando el respeto por los derechos civiles y políticos de la población y fortaleciendo la base democrática del país.

La neutralidad peruana se reflejó en su política exterior, donde el gobierno de Manuel Prado Ugarteche buscó mantener al país al margen del conflicto y evitar verse arrastrado a él. Se tomaron medidas para fortalecer las relaciones diplomáticas con las potencias beligerantes y con otros países neutrales, con el objetivo de proteger los intereses nacionales y mantener la paz interna.

Sin embargo, a medida que la guerra progresaba, Perú se vio afectado por las consecuencias económicas y sociales del conflicto. Las interrupciones en el comercio internacional y la escasez de materias primas afectaron la economía peruana, mientras que las tensiones políticas y sociales se intensificaron debido a la preocupación por la seguridad nacional y la posibilidad de una eventual entrada en el conflicto.

En cumplimiento con este Protocolo se empezaron a colocar los hitos que marcaban la línea fronteriza. Lamentablemente, y pese a lo avanzado del proceso, Perú y Ecuador discreparon por un problema geográfico en un sector de la Cordillera del Cóndor. La cuestión fue sometida al arbitraje del experto brasileño Braz Dias de Aguiar, quien estableció en su Laudo Arbitral la línea por la que tenía que pasar la frontera en ese sector.

El encarecimiento del costo de vida motivó el aumento de sueldos y salarios. Se establecieron también los salarios mínimos. También se tomaron medidas contra el abuso y al alza injustificada de precios.