Además, la reforma legitima una estructura de poder que impide cualquier alternancia democrática, lo que deja a la ciudadanía sin opciones reales de participación política y refuerza la represión contra la oposición. La advertencia de la ONU, que califica la reforma como una “sentencia de muerte al Estado de Derecho”, resalta el peligro de que Nicaragua se aleje aún más de los valores democráticos y se convierta en un estado completamente sometido a la voluntad de un solo grupo de poder.

La ONU, al calificar esta reforma como un golpe al Estado de derecho, destaca el riesgo de que se profundice la concentración de poder y se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es crucial que la comunidad internacional continúe monitoreando la situación y ejerza presión para garantizar que se respeten los principios democráticos. La situación en Nicaragua es un recordatorio de que la defensa de la democracia y los derechos humanos requiere vigilancia constante y acciones concretas, tanto a nivel local como global.