Imputabilidad. Es la capacidad que tiene una persona de entender que está realizando un acto ilícito con consecuencias jurídicas, siendo consciente de que puede ser castigada con la correspondiente pena establecida en la ley.

Tipicidad. La acción u omisión realizada por la persona tiene que estar tipificada como delito en el Código Penal.

Antijuridicidad. El acto tiene que provocar un daño en la sociedad que lesiona el bien jurídico protegido.

Culpabilidad. El sujeto tiene que realizar la acción con dolo o por imprudencia.

Defensa.

Estado de necesidad.

Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Artículo 1 del Código Penal

Establece que no se castigará ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración, y que las medidas de seguridad se podrán aplicar solo cuando concurran los presupuestos legalmente establecidos de forma previa.

Como vemos, el Código Penal contempla que solo se podrá incurrir en responsabilidad penal por los delitos previamente tipificados. De esta manera, el artículo 1 establece el principio de irretroactividad de las leyes penales, que tiene su base a su vez en el artículo 9.3 de la Constitución Española, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

Así pues, una persona solo puede ser responsable penalmente por un delito que estuviera contemplado como tal en el momento en que cometió los hechos, y no por uno que se tipificara con posterioridad.

Artículo 5 del Código Penal

El artículo 5 del Código Penal establece que no hay pena sin dolo o imprudencia. Por lo tanto, regula también los casos en los que se puede atribuir responsabilidad penal a una persona.

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que un conductor llega a un paso de peatones, y se dispone a frenar. Sin embargo, el freno falla sin haber dado señales de estar estropeado hasta ese momento, y un peatón había comenzado a cruzar ya, por lo que el coche lo arrolla y le produce unas lesiones.

En este caso no se puede apreciar dolo, porque el conductor no tenía la intención de atropellar al lesionado, y tampoco imprudencia, porque aquel no sabía que el freno tenía un problema. Así pues, no se puede imputar un delito de lesiones, y el conductor no incurriría en responsabilidad penal.

Artículo 27 del Código Penal

Este artículo 27 establece quiénes son responsables criminalmente de los delitos: los autores y los cómplices en los mismos.

Para saber quiénes son unos y otros, tenemos que acudir a los siguientes preceptos del Código Penal. Así pues, en virtud del artículo 28, son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También son autores de un delito quienes inducen de forma directa a otro u otros a ejecutarlo, o los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Esta última es la figura conocida como cooperador necesario.

El concepto de cómplice lo encontramos en el artículo 29, que contempla como tal a quienes, no hallándose comprendidos en el artículo 28 (es decir, no siendo autores ni siquiera en concepto de cooperador necesario), cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Por lo tanto, el cómplice es un cooperador no necesario.

Esto se aplica tanto a personas autorizadas oficialmente como a aquellas que actúan como representantes de hecho, es decir; si alguien comete un delito en nombre de una empresa, esa persona puede ser considerada culpable, incluso si no tiene todas las características requeridas para ser considerada como autor del delito.

Esta disposición amplía la responsabilidad penal a personas no calificadas que actúan en nombre de entidades calificadas.

Esta responsabilidad se aplica especialmente en delitos económicos y empresariales, donde los órganos de dirección y representación de las entidades pueden ser responsables individualmente.

Algunos delitos económicos son considerados especiales y solo pueden ser cometidos por personas cualificadas "experto".

Determinar quién es Responsable, especialmente en el caso de administradores o directivos de empresas.

Para culpar a una Corporación, debemos examinar quiénes están involucrados en la toma de decisiones y ejecución de acciones relacionadas con el delito.

La Prevención de delitos empresariales requiere que las empresas fomenten una cultura de legalidad.

El Derecho Penal necesita medidas específicas para investigar, procesar y sancionar a las empresas, diferentes de las aplicadas a individuos.

El Derecho Administrativo no es suficiente para prevenir estos delitos.

En la Comisión de un delito corporativo, la Responsabilidad Penal puede recaer en autores, determinadores y cómplices.

Es necesario establecer el grado de Responsabilidad de cada individuo, ya sea por acción directa o indirecta, con conocimiento y voluntad, o imprudencia según lo establecido en la legislación.

El artículo 25 del Código Penal de Colombia establece que esta responsabilidad se basa en una relación directa entre el sujeto y el bien jurídico, equiparando la omisión con la acción positiva en la comisión por omisión. Sin embargo, esta equiparación puede ser problemática ya que la conexión entre la omisión y el resultado del delito puede ser hipotética.

Los administradores de empresas pueden ser responsables por no ejercer un control adecuado sobre las fuentes de peligro asociadas a la actividad empresarial, lo que puede llevar a la imputación de delitos cometidos por sus subordinados.

Para determinar la responsabilidad penal de los garantes, se requiere la existencia de un deber jurídico concreto y la conexión entre la omisión de ese deber y el resultado del delito.

Los empresarios tienen diversas obligaciones relacionadas con la Seguridad, el Medio Ambiente, los Derechos de los Trabajadores y Consumidores, entre otros.

La implementación de programas de cumplimiento (Compliance) puede servir como defensa para demostrar una debida diligencia en el control y supervisión de los riesgos penales de una organización.

Recientemente, la Circular 100-000011 de agosto de 2021 cambió los requisitos para estos programas, exigiendo la presencia de un oficial de cumplimiento y enfocándose más en la identificación y gestión de riesgos de corrupción.

El Incumplimiento puede llevar a sanciones administrativas considerables, pero tener programas efectivos puede reducir estas multas.

Estos Programas complementen la evaluación individual de riesgos que cada empresa debe realizar y son esenciales para prevenir, detectar y corregir comportamientos corruptos dentro de las empresas en Colombia.