“Acá le dirán palabras bonitas y se evitarán también las cuestiones peliagudas, sin embargo, en Rusia nosotros decimos la verdad nuestros amigos y por lo tanto no le vamos a disimular. Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país y nosotros estamos inquietos porque su administración sistemáticamente evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad; este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la segunda parte en el acuerdo definitivo”, dijo el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzya.

 El diplomático descalificó la implementación del acuerdo de paz en la administración Duque con un duro señalamiento: “Ustedes han dicho excombatientes, incluso el uso de ese término demuestra que una verdadera reconciliación nacional en su país, lamentablemente, todavía no se ha conseguido”.
El delegado del gobierno de Vladimir Putin ante las Naciones Unidas también agregó que el principal problema del Gobierno colombiano es no ser capaz de velar por la seguridad física de los participantes en el proceso de paz, ni de los líderes comunitarios. “Hay un vacío en las autoridades del Estado en las zonas rurales”, afirmó el diplomático.

Para el gobierno ruso, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc durante el gobierno Duque “demuestra que hay fracasos importantes en el país”.

“Fueron años muy poco productivos, la situación de seguridad se deterioró, se ve claramente que los últimos cuatro años fueron años muy poco productivos. El programa basado en la legalidad no busca aplicar el acuerdo de paz, sino que es una triquiñuela, es triste, pero esto demuestra la preocupación que hay por el deterioro de la situación y la nueva estabilización”, puntualizó el embajador Nebenzya.

El alto tribunal negó un recurso de nulidad presentado por la defensa del exmandatario y exsenador, mediante el cual señalaba que en el proceso de discusión de la mencionada tutela se presentaron “violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial”.

Hay que tener en cuenta que la defensa del expresidente había presentado un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional, en contra del fallo emitido el pasado 10 de noviembre del año pasado, decisión que dejaba en firme la calidad de “imputado” a Álvaro Uribe Vélez, esto dentro del proceso que se le adelanta por presunta manipulación y presión a testigos.

Sin embargo, la Corte negó la tutela argumentando que la indagatoria que rindió el expresidente Uribe Vélez ante la Corte Suprema, cuando era senador, es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio. En ese sentido, la decisión implicó que el exmandatario sigue vinculado al proceso penal, formalmente imputado por fraude procesal y soborno.

Contexto: Llegó a la Alcaldía en su segundo intento, recién salido de la subdirección de El Colombiano y tras una primera campaña fallida en el 2000, que había marcado el inicio de su carrera política tras una carrera anterior como académico. Lo apoyaron los mismos grupos intelectuales que en el 2000, y líderes como Rafael Pardo, Antonio Navarro y Gina Parody.

Su campaña la hizo a punta de volantear en las calles durante horas, hablando con la gente y explicando su programa. Ganó la Alcaldía con la votación más alta de la historia en ese momento para la ciudad, casi 210 mil votos, y obtuvo más del doble de su contendor, el conservador Sergio Naranjo.

Después de su alcaldía continuó en política con su movimiento Compromiso Ciudadano. En 2010 su lista al Senado de este movimiento se quemó y tuvo que renunciar a su aspiración presidencial para unirse a Antanas Mockus como su fórmula en la Ola Verde. Ahí se unió al Partido Verde, con cuyo aval se lanzó a la Gobernación en 2011.

Aliado con el liberal Aníbal Gaviria, que iba por la Alcaldía, ganó la Gobernación con una campaña igual a la que hizo para la Alcaldía. Sacó también una votación histórica, fue el candidato más votado de todo el país, con casi 950 mil votos, y le sacó casi 400 mil votos a su contendor más cercano, el conservador Álvaro Vásquez.

Con quién gobernó: Con colaboradores que lo acompañaron en campaña y con los que había compartido en su carrera política previa —o, en el caso de la Alcaldía, desde los inicios de su carrera cuatro años antes. Varios tenían un perfil técnico, algunos de ellos nuevos en el mundo de la política y el sector público. Entre ellos había personas del sector privado y el sector social, lo que le facilitó esta articulación durante su mandato.

Particularmente en la Gobernación, gobernó también con funcionarios que hicieron parte del gabinete de su predecesor, Luis Alfredo Ramos.

Bandera central: La educación en el centro de la agenda de gobierno. Transformar la política, gobernando con transparencia y sin clientelismo.

Talante: Fajardo es, ante todo, un matemático, y este rasgo define su talante. Es metódico y, así como los matemáticos parten de axiomas, todo el accionar de Fajardo parte de unos principios éticos, explícitos y compartidos con los equipos con los que trabaja.

Su principal principio —el "supraprincipio", lo llama él— es “que los medios justifican el fin”. Su principal objetivo es poder demostrar la idea que tiene en la cabeza: que solo a punta de consistencia y coherencia es posible construir confianza y cambiar la política.

Cómo gerencia: Fajardo es el tipo de líder que tiene una visión y que lidera a partir de ella esperando que los que lo rodean lo sigan. No es el líder que construye la visión con su equipo. Eso tiene dos efectos: hace que sus equipos funcionen de manera cohesionada y eficiente, pero que no haya demasiado margen para la creatividad, y tampoco para disentir de él.

Varias personas con las que hablamos nos dijeron que Fajardo escucha a la gente durante horas. Además, sin establecer jerarquías, y que no se siente intimidado por los que saben más que él. Pero que no suele dejarse permear por lo que escucha.

Su relación con otros poderes: En ambas administraciones, Fajardo demostró una gran capacidad para armar consensos.

Cuando llegó a la Alcaldía de Medellín se enfrentó a un Concejo en el que su partido sólo tenía dos curules de 21, y cuando llegó a la Gobernación tenía tres diputados de 26 y cuatro alcaldes de los 125. Pero a diferencia de otros gobernantes que lo primero que hacen es armar coalición apenas llegan para tener aseguradas las mayorías, Fajardo no lo hizo.

Aún así, en la Alcaldía logró hacer proyectos grandes para reducir los índices de violencia de la ciudad y sanear las finanzas públicas, y en la Gobernación logró la aprobación de casi todos los proyectos de ordenanza que presentó.
También mantuvo una buena relación con la ciudadanía y con empresarios, ONG y la academia. En la Alcaldía arrancó con una favorabilidad de 72 por ciento y terminó casi en 90; en la Gobernación empezó con el 80 por ciento y terminó en 76, según la encuesta Gallup Poll.

Sus principales logros: En ambas administraciones Fajardo se llevó el premio de mejor alcalde y mejor gobernador, respectivamente, otorgado por Colombia Líder, una ONG que mide el desempeño en distintas áreas como reducción de la pobreza, infraestructura y seguridad. Pero sus principales logros en ambas administraciones se dieron en sus banderas: educación y lucha contra la corrupción.

El episodio más polémico: Su mayor lunar en la Alcaldía fue la “donbernabilidad”, que existió más allá de Fajardo, pero aún lo persigue su fantasma.

Desde los 90, la Oficina de Envigado —bajo el mando del narco y jefe de sicarios Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna— controlaba las bandas delincuenciales de Medellín a través de una oficina de cobro, que prestaba servicios al narcotráfico como cobrarles las deudas, alquilarles sicarios, y prestarles ‘seguridad’ a los narcos.

Antes de que se desmovilizara el bloque de Don Berna, —el 9 de diciembre de 2003, como parte del proceso de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia—, la tasa de homicidios en Medellín era de 92,9 por cada 100 mil habitantes. Y en 2007, último año de la alcaldía de Fajardo, fue de 34 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde inicios de los años ochenta.

Los expertos con los que habló La Silla atribuyen esta reducción drástica y atípica de homicidios a la “donbernabilidad”, como se denomina el pacto que se dio a finales de noviembre de 2003 cuando se desmovilizó el bloque de Don Berna, el primer bloque urbano de las autodefensas. Todas las bandas y combos delincuenciales del Valle de Aburrá quedaron bajo el control de la Oficina de Envigado, con el compromiso de no ejercer violencia sin su autorización.

10 fuentes consultadas por La Silla en esa época coincidieron en que Fajardo no estuvo metido ni hizo parte de ese pacto. “Fajardo no auspició nada, pero tampoco se le opuso y sí le sacó provecho a los resultados con eso de ‘Del miedo a la esperanza’”, dice Luis Fernando Quijano, director de la ONG Corpades y quien le ha hecho seguimiento durante décadas a la violencia urbana en Medellín.

“Él no reconoció lo que estaba pasando, no miró más allá de lo que decían la Policía, el Gobierno Nacional, la Fiscalía. Él estaba convencido de que todo estaba bien porque sus asesores le decían que todo estaba bien”, le dijo Quijano a La Silla. Quizás por un exceso de confianza, pero quizás también porque a Fajardo le cuesta trabajo meterse en el lado oscuro de las cosas, una inclinación problemática cuando se gobierna una ciudad atravesada por el narcotráfico.
En términos de seguridad, sin embargo, la ciudad no cambió el rumbo. Entre 2008 y 2009 —cuando extraditaron a Don Berna y arrancó una nueva disputa por el vacío de poder—, la curva de homicidios empezó a subir y prácticamente perdió todo el avance, ya que cerró con una tasa de 94,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, igual a como estaba en 2003.

En la Gobernación, su mayor lunar llegó cuando ya había terminado su gestión: el desastre de Hidroituango. En 2021, la Contraloría lo encontró responsable —junto con otras 18 personas y 9 empresas— de un detrimento patrimonial de 4,2 billones de pesos por las demoras y las obras adicionales de Hidroituango.

A Fajardo lo señaló de que, cuando fue gobernador, no supervisó debidamente a sus delegados en la junta de Hidroituango y no les dio instrucciones para parar los cambios que hizo EPM en la obra para poder comenzar a operar en 2018. Entre esos cambios estuvo no hacer las compuertas inicialmente previstas en los dos túneles de desviación del Cauca y hacer un tercer túnel que no estaba en los diseños originales, y que fue el que colapsó en 2018.

Él se defendió diciendo que él y los miembros de la junta de Hidroituango no son ingenieros expertos en hidroeléctricas y su función no era tomar decisiones técnicas, sino solo supervisar el contrato en general; que ni él ni sus subordinados actuaron mal; y que la caída del túnel se dio cuando él ya había salido del cargo.

Sin embargo, la Contraloría de Pipe Córdoba —con quien Fajardo tiene un pasado álgido y a quien el candidato acusó en ese momento de ser una ficha política— lo encontró responsable en primera y segunda instancia.

Poco después, sin embargo, EPM pudo llegar a un acuerdo con las aseguradoras para que costearan el detrimento patrimonial calculado por la Contraloría, poniendo fin al proceso con el pago de una de las sanciones más altas de la historia.

El índice de precios al consumo de Estados Unidos volvió a aumentar en marzo y registró por vez primera el impacto de la guerra de Ucrania en la economía doméstica, sobre todo en el coste de la gasolina, con un máximo histórico de 4,33 dólares promedio (3,99 euros) por galón (3,7 litros). El dato, que era esperado —la mayoría de analistas apostaba por una subida interanual del 8,4%—, cimenta la próxima subida de tipos de interés en 0,5 puntos porcentuales que los analistas dan por hecho que la Reserva Federal anunciará previsiblemente en su reunión de mayo. La primera subida del precio del dinero se produjo ya en marzo, cuando los tipos subieron 0,25 puntos.
Aunque el precio de los carburantes es el principal responsable de la subida del IPC de marzo, también han influido considerablemente el encarecimiento de la comida y los alquileres. El índice de precios al consumo subió en marzo un 1,2% en su tasa mensual, el mayor aumento desde septiembre de 2005, según ha comunicado este martes la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. La subida de precios, por lo tanto, se acelera: en febrero había aumentado un 0,8%.

La inflación subyacente, excluidos los precios de la energía y la alimentación, más volátiles, subió en marzo el 0,3%, y un 6,5% en su tasa interanual. Se trata del tipo de inflación que más preocupa a los expertos, puesto que indica tendencias persistentes o estructurales. En cuanto a la subida de los precios de la energía y la alimentación, los datos publicados este martes muestran una subida interanual del 32% y el 8,8%, respectivamente, en el último año.

La asfixia que el alza de los precios está provocando en los hogares ―el precio de los alquileres se ha disparado y hasta los bancos de alimentos lamentan problemas de desabastecimiento por la carestía de la comida― obliga a Biden a combatir la inflación como una baza política y electoral. El horizonte de las elecciones de medio mandato, en noviembre, empuja a la Administración a adoptar medidas inéditas, como por ejemplo permitir la venta de gasolina con mayor contenido de etanol este verano, eliminando temporalmente una restricción que bloquea la mezcla en los meses más calurosos. La medida podría rebajar el precio de la gasolina en unos 10 centavos por galón, según The New York Times.
Otra iniciativa de la Casa Blanca es la liberación masiva de millones de barriles de crudo procedentes de las reservas estratégicas del país, para compensar la interrupción del suministro de petróleo ruso, así como incentivar la producción petrolera y de gas interior.
Los precios suben escandalosamente, no hace falta más que hacer la compra en un supermercado para confirmarlo, pero las expectativas de inflación a largo plazo no lo hacen tanto. Este lunes, la Reserva Federal informó de que las previsiones de inflación para los próximos tres años, según una encuesta de consumidores, cayeron al 3,7%, sensiblemente por debajo de los datos cosechados el mes anterior y de las lecturas de más del 4% a fines del año pasado. No obstante, el incierto rumbo de la guerra de Ucrania, que planea como una sombra sobre la economía global, invita a manejar las previsiones con cautela. Todo puede ir a peor, como demuestran los datos de la inflación, disparados en Estados Unidos desde que la actividad económica empezó a dar muestras de recuperación tras la pandemia, hace ahora un año.

La audiencia se realizará, de forma presencial, el 12 y 13 de mayo en San José de Costa Rica, en donde “evaluará las violaciones a las que ha sido sometida esta organización” defensora de derechos humanos.

“Actividades de inteligencia ilegal desde diferentes organismos del Estado y discursos estigmatizantes son algunas de las agresiones por las cuales será juzgado el Estado colombiano por acción”, explica un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La información añade que la “impunidad en la que permanecen las agresiones compromete directamente su responsabilidad (la del Estado) en los casos de amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio, torturas psicológicas y hostigamientos cometidos contra integrantes del Cajar”.

Según el documento, esta será la primera vez que una ONG defensora de derechos humanos, que se caracteriza por acompañar y representar a víctimas ante el Sistema Interamericano, llegue a esta instancia “en calidad de víctima”.

“Esperamos que la audiencia permita establecer el impacto de las amenazas para la vida de las personas defensoras y consecuentemente, la necesidad de robustecer las políticas públicas que respondan efectivamente y ofrezcan a quienes defienden derechos, la posibilidad de realizar sus labores sin miedo”, dijo la directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic.

Para el Cejil y Cajar esta querella representa una oportunidad para ayudar a transformar el escenario actual de graves violaciones a los defensores en todo el continente.

Esas violaciones, aseguran, reducen la capacidad de defensa de derechos y limitan la justicia y la democracia.

Antes de llegar a la CorteIDH, el caso pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en un informe dijo que el “Estado (colombiano) incumplió su deber de respeto al hacerse parte mediante acciones concretas de sus autoridades del riesgo enfrentado por el Cajar, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra”.

Frente a lo que esperan las víctimas, el colectivo Cajar pide que haya medidas de reparación integral como el reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón público por parte del Estado.

También que los “cientos de amenazas contra integrantes del Cajar y contra la organización en su conjunto sean investigados y que se emprendan las reformas estructurales a las doctrinas y prácticas de inteligencia estatal que llevaron a los sucesivos gobiernos a convertir a defensoras y defensores de humanos en enemigos internos, para que actos como estos cesen y no se repitan”.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Reuters, armas como ametralladoras, rifles de asalto y pistolas semiautomáticas estarían llegando al país.

Los carteles mexicanos involucrados en el presunto intercambio serían los de Sinaloa, Zeta y Jalisco Nueva Generación, quienes tendrían emisarios en Colombia.

Según la información recopilada en el artículo, se encontró que la mayoría de las armas confiscadas en los últimos dos años, es decir en 2020 y 2021, serían fabricadas en el extranjero e importadas clandestinamente.
Justamente se ha dicho que los grupos mexicanos de droga y narcotráfico tendrían acceso a armas compradas en Estados Unidos.

Así las cosas, los carteles estarían pagando los cargamentos de cocaína desde Colombia con dichas armas para, supuestamente, evitar mover dinero en efectivo entre los países, según Reuters.

Los testimonios de las autoridades recopilados en el artículo coinciden en que la batalla por el tráfico de drogas en Colombia es entre disidencias de las Farc, el ELN y grupos como el Clan del Golfo.

La forma en la que Duque hizo la defensa del ‘Paz con Legalidad’ fue uno de los reparos manifestados en una comunicación por representantes del Partido Comunes, del movimiento Defendamos la Paz (DLP), y de organizaciones que siguen la implementación del Acuerdo de Paz. De acuerdo con estas organizaciones, el programa “ignora la arquitectura del Acuerdo de Paz” como se lee en una de las cartas, enviada por la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, Ieanpe.
La iniciativa Defendamos la Paz, también denunció que el Gobierno les negó a las víctimas y a exFarc su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU y no permitió la participación de su contraparte en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). Esta figura fue creada por el Acuerdo de Paz para dar seguimiento a la implementación, y está conformada por integrantes del Gobierno del Partido Comunes, el movimiento político que nació tras la dejación de armas de las Farc. La participación de estas organizaciones sí había sucedido en otros Consejos de Seguridad.

Tras las intervenciones de Massieu y de Duque, el presidente del Consejo de Seguridad, Lord Ahmad de Wimbledon, de Reino Unido, expresó su preocupación por la situación de seguridad en los territorios, la violencia sexual en el conflicto, y la muerte de excombatientes, como el caso de Jorge Santofimio, que el Gobierno de Reino Unido conoció en 2020. También respaldó el trabajo de la CEV y la JEP y manifestó su expectativa ante el informe y las audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Haciendo eco a lo que dijo Ruiz Massieu, se comprometió a respaldar el trabajo de las víctimas que ocuparán las 16 curules de paz en el Congreso.
Representantes de otros países como Kenia y Albania pidieron al Gobierno no dejar de lado a las comunidades étnicas, que como también denunció la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (Ieanpe) han padecido por el rezago en la implementación del enfoque étnico del Acuerdo. También mencionaron los rezagos en temas de género, aunque reconocieron avances en esta materia, como el crecimiento en la paridad en espacios representativos, como el Congreso. La representante los Emiratos Árabes, se sumo a las preocupaciones por la situación de seguridad no solo en Arauca y Putumayo, sino también en el departamento del Chocó, que atraviesa una delicada situación de seguridad.
México, Estados Unidos, Brasil, India y China elogiaron los avances de la paz, y se sumaron a lo dicho por el presidente del Consejo Seguridad, recalcando la importancia del informe de la CEV. También hicieron eco a las preocupaciones en temas de seguridad y manifestaron su apoyo a Colombia para seguir en la implementación y superar estos retos. México, sobre todo, hizo énfasis en la importancia de cuidar a los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto, no solo para prevenir el reclutamiento forzado, que ha aumentado desde la firma del Acuerdo, sino también para garantizar sus derechos fundamentales y su seguridad en medio del conflicto.

Por su parte, la representante de Francia, reconoció los avances en temas en equidad de género y celebró a mayor cantidad de mujeres electas al Congreso, pero también recordó que la situación de seguridad de los excombatientes es un problema muy grave en Colombia. La representante, al igual que lo hizo el embajador de Rusia, recordó que la Corte Constitucional ya advirtió sobre una violación masiva al Acuerdo. “La Comisión de Garantías de Seguridad no está brindando las garantías suficientes”, dijo. La representante también dijo que los tres nuevos macrocasos que anunció que abriría la JEP demuestran el gran trabajo que ha hecho este órgano en la implementación del Acuerdo y el acceso a la justicia de las víctimas.
A estas preocupaciones se sumó el gobierno de Noruega, que además recomendó al gobierno respetar los recursos y privilegiar el cuidado comunitario antes de intereses de desarrollo que ponen en riesgo a Colombia frente a las consecuencias del cambio climático, y así también a las comunidades rurales, que son las más vulnerables a las consecuencias del mismo.

Curules de paz, un ejemplo internacional de la participación de las víctimas

Todos los países miembro del Consejo de Seguridad celebraron la elección de los 16 congresistas que ocuparán las curules de paz desde julio de 2022. A pesar de los obstáculos, señalados solo por el gobierno de Rusia, que recordó que los escaños debían haberse elegido hace cuatro años pero que el Congreso hundió, y tuvo que ser la Corte Constitucional, en respuesta a tutelas, la que las reviviera, las curules de Paz fueron reconocidas como un ejemplo de la participación de las víctimas en conflictos armados.
El Consejo de Seguridad, además, aplaudió la diversidad en esta figura, que recoge representantes indígenas, de organizaciones campesinas y algunas mujeres. Se comprometió, además, como dijo el presidente, representante de Reino Unido, a respaldar su trabajo en el periodo legislativo entrante.

Duque, critica a Rusia por guerra en Ucrania y justifica que no haya negociado con el ELN en su gobierno.

Para cerrar la sesión, el presidente Duque agradeció las recomendaciones de todos los países miembros del Consejo de Seguridad, a excepción de lo expresado por el gobierno de Rusia. Duque dijo que no era legítimo que un país que está sometiendo a otro, refiriéndose a la guerra en Ucrania, hable de paz.

“Todos los comentarios buscan ser constructivos, pero también hay comentarios que se han hecho y que es bueno ponerlos bajo la perspectiva no solamente de la congruencia, sino de la autoridad moral. Es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo, mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos. La tristeza que se vive hoy en Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama porque este genocidio termine”, dijo Duque.

Además, denunció, como ha hecho en otros espacios, la cercanía entre organizaciones en Venezuela y el Eln, que tiene consecuencias en la seguridad en territorios como Arauca. Respecto al Eln, se mostró firme en las razones por las cuales no se adelantó una negociación con esta guerrilla durante su gobierno: “las condiciones de liberar a todos los secuestrados y abandono de otras actividades ilegales”.