Los procesos de exclusión se deben analizar considerando su doble vertiente (Tezanos, 2001, p. 147): como un proceso interno y personal de los individuos, pero también con una dimensión global que conlleva fracturas sociales entre la ciudadanía. Este autor, tomando como fundamento las aproximaciones de Marshall, considera que el principal elemento antagónico es el de ciudadanía social (ibid.), por lo que las personas, o grupos de ellas, están privadas «del goce de derechos elementales» (Sen, 2008, p. 27) que se relacionan con su bienestar (salud, trabajo, educación, formación, vivienda, calidad de vida…).

Estos eventos entendidos hoy como fenómenos sociales de reivindicación de las juventudes, aunque no fueron en consecuencia la solución a las problemáticas sobre las cuales se demandaban cambios sociales, sí funcionó como vehículo de unas inconformidades sociales, económicas y políticas que posibilitaron el cultivo y la emergencia posterior de debates académicos que cuestionaban y criticaban las formas tradicionales de producción científica de conocimiento. Por tanto, estos ejercicios académicos produjeron unas rupturas en los paradigmas clásicos que generaron nuevas propuestas metodológicas que no solo fracturaban las diversas formas de objetivación del conocimiento, sino que además producían nuevas reflexiones en torno a los lugares de enunciación de los investigadores. Esto en el marco de la construcción de las ciencias sociales posibilitó para los procesos latinoamericanos una fuerte articulación entre la ciencia y la política, lo cual a su vez genera una reinterpretación sobre la relación teoría-práctica que en gran medida es afín a las postulaciones sobre la “filosofía de la praxis” (Pérez y Marín, 2020, p.6)

Como lo evidenciamos dentro de este proceso de formulación de una política, debe estar presente un proceso de investigación, desde las ciencias sociales, ya que esta permitirá la identificación y caracterización del problema y del proceso de agendamiento público de la política.  

Así mismo como implican los aportes metodológicos de las ciencias sociales en la construcción de la política pública, también encontramos como la educación influye, para la promoción de ciudadanía con relación a las estrategias y normativa  en planes de desarrollo y políticas locales y departamentales, ya que esta hace parte de los principales ejes de construcción de garantías de la participación tanto social como ciudadana, Por ello, las instituciones educativas se convierten en un actor social principal en este proceso y las universidades están llamadas a participar activa y propositivamente en el desarrollo de estos puentes intersectoriales e intergeneracionales. Con el propósito de reconocer las condiciones, imaginarios y prácticas que rodean y protagonizan los jóvenes es fundamental una práctica de permanente reflexión y reconocimiento a partir de ejercicios de investigación que además de hacer de la juventud un objeto de estudio, posibilite su participación activa en procesos de análisis y acción que favorezcan el autorreconocimiento participativo de su contexto, sus condiciones, sus situaciones, y las relaciones políticas y socioculturales que entre ellas se tejen.

En el primer apartado, ya se habían mencionado las diversas corrientes y propuestas metodológicas que se han enfocado en la participación de las investigaciones sociales desde la antropología y la sociología. Sin embargo, de acuerdo con (Colmenares E. & Piñero M., 2008)

“la otra vertiente es más educativa, y está inspirada en las ideas de Paulo Freire (1974) en Brasil, L. Stenhouse (1988) y Jhon Elliott (1981, 1990) discípulo de Stenhouse en Inglaterra, así como por Carr y Stephen Kemmis (1988) de la Universidad de Deakin en Australia”. En la educación una vertiente caracterizada por la aproximación pedagógica a la participación dialógica es por ejemplo: “el diálogo de saberes”.

Paulo Freire entiende la educación como un encuentro entre seres humanos, mediado por el mundo para pronunciarlo, esto es, para construirlo: “Es un encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado”. (Bastidas , Pérez , Torres, Escobar , & Arango, 2009)

Como conclusión bajo este análisis se menciona, es claro como implica los aportes metodológicos de las ciencias sociales en la construcción de la política pública y así mismo implica la función de la educación para la promoción de ciudadanía con relación a las estrategias y normativa, en planes de desarrollo y políticas locales y departamentales. Estos aportes y desarrollos de estos son muy importantes ante la necesidad de que se garanticen los derechos humanos, la justicia social, la inclusión y la apropiación de las capacidades de agencia para la transformación social.

El 2020 fue un año que trajo muchas dificultades económicas para toda la población, las empresas dejaron de exportar y el carbón no se podía transportar en las vías del país, muchas familias quedaron sin trabajo y sin una economía para aportar en sus hogares, los niños fueron los principales afectados.

La pandemia del Covid-19 trajo muchas afectaciones y cambios para la sociedad y la educación no fue la excepción, el gobierno optó como medida de estudio las clases en línea, sin embargo esta fue una solución que no dio beneficios para todos al no tenerse en cuenta la economía de las familias de bajos recursos y la población de zonas rurales.

En el campo de escenario de la educación, son varias las necesidades que se deben tener en cuenta, teniendo como base que estamos viviendo realidades que se modifican constantemente, en la nuevas situaciones que nos muestra el mundo de hoy, se hace necesario reconocer la existencia de otras culturas, en las cuales se privilegia la oralidad, la escritura, la sonoridad y la imagen. La escuela tiene el deber de escuchar y de adecuarse a las nuevas demandas de la realidad, los desafíos en este campo están enfocados en hacer de la escuela una institución contemporánea, que oriente esfuerzos para la contribución en los procesos de formación de ciudadanos críticos.