El articulo 16 en su párrafo 14 dice:

Los Poderes Judiciales contarán con jueces que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Este es la modificación que se pretendía, pero después de realizar una investigación en diversos medios de comunicación, ya no se logró encontrar información alguna sobre dicha reforma; se consultó también la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con todas las iniciativas presentadas en el segundo periodo ordinario del segundo año de la LXIV Legislatura, pero tampoco se encontró ninguna información al respecto. 

Quedando así, inconclusa dicha reforma y también modificaciones que conllevaban la misma, como lo eran eliminar los jueces de control, quitar la prohibición para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales y la modificación de dicha clausula constitucional.
Integrantes: 
Diana Araceli Aranda Veloz.
Karla Karina Aguilar Luevano.

Esta pretendida reforma no se analizó por el Congreso, ya que durante el segundo período no hubo tiempo, esperemos que para el próximo sea resuelta y conocer las diferentes posturas que provocará está controversia.

Integrante:
Enríquez Morán Fátima Gorety

Una de las posibles reformas era hacer un solo Código Penal Nacional el objetivo de este Iniciativa de reforma es unificar y establecer los tipos penales que tendría vigencia y aplicación en todo el territoria de México, o sea nacionalmente.

Julio Scherer detalló al respecto:

“Vemos a México con un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere de una nueva norma para la persecución de los delitos, así vamos a proponer, de común acuerdo con la Fiscalía General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), una Ley Nacional de Justicia Cívica, un código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código de Ejecución Penal, un Sistema de Justicia para Adolescentes. Esto pretende formar un nuevo código penal y delinear el nuevo sistema de justicia que queremos para nuestro país” 

En consecuencias hubo muchas opiniones al respecto, como por ejemplo  partidista de Morena la diputada Lorena Villavicencio Ayala expresó sobre el tema:

“Código Penal Único que ponga orden al caos jurídico que prevalece… es importante que la ley sea la misma en todo el país para llevar certeza jurídica, debido a que el poder punitivo del Estado se concentra en este ordenamiento, de ahí la importancia de construir un Código Penal Único”. Este con el objetivo de erradicar las diferentes formas de género y los feminicidios.

Otros expresa que esta Reforma “restringiría la libertad de expresión y el derecho a la información” esto tanto en el ámbito físico como en el digital puesto que se encontraba los delitos contra la justicia cívica, además de también presentar delitos contra el orden y la paz pública y delito por utilizar medios electrónicos para presionar a al autoridad, mediante expresiones que produzca alarma en la población.

Álvaro Vizcaíno señaló que que en realidad no es un código penal nacional porque no abarcaría todos los bienes jurídicos y delitos, “sólo una parte y deja a congresos estatales la posibilidad de legislar tipos penales. Habría códigos estatales y el nacional.

Este documento infiltrado no son final, pero sin embargo envía una alerta ya que pretende modificar el sistema de procuración de justicia en México con retroceso alarmante.

Hasta el día de hoy esta reforma sobre un Código Penal Nacional no se ha aprobado, ni presentada al Congreso de la Unión para su aprobación.

Integrantes:
Alondra Renata Hernadez Iñiguez.
Juan Jose Hernandez Alcaraz

A nombre de la bancada, la diputada María Guillermina Alvarado Moreno dio lectura a la propuesta en tribuna, la cual plantea reformar y derogar diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política.

La iniciativa incorpora una definición de Guardia Nacional en la Carta Magna que a la letra dice: “es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. 

También propone modificar el artículo 73, para darle al Congreso de la Unión la facultad de expedir las leyes que reglamenten la organización, adscripción, armamento, disciplina, profesionalización y uso de la fuerza de la Guardia Nacional. 

La diputada señaló que “la nueva Guardia Nacional estará integrada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, y además serán convocados civiles, a fin de que se puedan integrar a ella. Todos se unirán bajo una nueva estructura jurídica”.

“Quienes formen parte de esta nueva institución recibirán formación y adiestramiento con nuevas prácticas que incluyan la enseñanza de procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y utilización de la tecnología para mejorar su desempeño”, agregó. 

Estipula que la Guardia Nacional deberá coordinarse con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y municipios, según sea el caso, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan.

“Tratándose de delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público, siempre bajo el mando y conducción de éste”, añade. 

Alvarado Moreno destacó que se prohíbe expresamente que los detenidos sean trasladados o resguardados en instalaciones militares; se reconoce la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el Estado Mexicano, y se establece que los miembros de la Guardia Nacional serán juzgados por el fuero civil y no por el militar. 

“Aclaramos y ratificamos que no se trata de militarizar, precisamente se trata de desmilitarizar, de construir la paz”, manifestó la legisladora.

El artículo Quinto Transitorio indica que, en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional, “por ser obligación del Estado Mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”.

Añade que la actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeta a revisión, por lo que el Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de tres años a partir de su implementación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación, y a las de Gobernación, y de Seguridad Pública para su opinión.

Conclusiones de Audiencias Públicas.
1. Es inviable la participación del ejército en tareas de seguridad pública.

2. Los asistentes saludan el comunicado del Presidente López Obrador de que el mando de la Guardia Nacional sea civil.

3. La participación del Ejército en tareas de seguridad pública ha generado violaciones a los derechos humanos.

4. La Guardia Nacional se inserta en una estructura organizacional de un sistema nacional de seguridad pública ya existente.

5. La letalidad del ejército en los enfrentamientos es alta, comparada con otros cuerpos de seguridad.

El Pleno lo avaló, con mayoría calificada, en lo general, con 372 votos a favor, 75 en contra y cero abstenciones. Posteriormente en lo particular con 356 en pro, 84 en contra y cero abstenciones.

Las reformas precisan que los ciudadanos tienen derecho a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y regional.
Cuando sean de interés nacional se requerirá una participación de, al menos, el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. En caso de ser de trascendencia regional, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la Ley.

INTEGRANTES
VALADEZ PRADO DIEGO GUADALUPE
ESCOBAR LOPEZ RAMON ALBERTO.
SILVA MORALES JOSE FRANCISCO

Eliminar el nepotismo y permitir al Poder Judicial se autorregule, ademas de poder “denunciar” decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos son algunos de los cambios propuestos por el Presidente de la República Andres Manuel López Obrador.

Estos son cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, es decir, Presidente de la República al Poder Judicial.

El 12 de Febrero del 2020, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que sería “Un hecho histórico” poder ser ellos quienes propongan cambios.Ante esto no se presentaron propuestas para la modificación del Código Penal. Con esta reforma se busca homologar la actuación de los jueces, con base a los precedentes y decisiones de la SCJN

1.    Fortalecer la SCJN. 

Se busca fortalecer la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Se prevé reformar el artículo 94 de la Constitución, y ahora, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, incluidas las estatales.

2.    Denunciar al Tribunal Electoral.

En el artículo 99 de la Constitución se señala que el Tribunal Electoral es el máximo órgano especializado y sus resoluciones son intocables.

Con esta reforma se busca evitar e impedir que el Tribunal Electoral pueda ser juzgado en caso de cometer un fraude en las elecciones.

3.    Impulsar la meritocracia.

La reforma prevé modificaciones a los artículos 97 y 99 para que lo relativo al ingreso, formación y permanencia de todo el personal jurisdiccional se apegue a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

“Esto a fin de consolidar una verdadera carrera judicial en la que sea posible ascender por meritocracia e igualdad de condiciones para todas las personas”, se explica en el proyecto.

Se propone incluir en la redacción del artículo 97 que los nombramientos se rijan bajo “criterios objetivos”.

4.    Sancionar el nepotismo.

El Poder Judicial busca plantearse un proceso sancionatorio para casos de nepotismo. Se planea incluir que no se permitan nombramientos de familiares o parejas sentimentales.

“Se dispone el sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza extienda sus nombramientos a cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró”

5.    Procurar la justicia

Para complementar todo el sistema de justicia, es importante considerar la elaboración de una especie de foros, para escuchar a todos los expertos, académicos, intelectuales, magistrados, ministros de la Corte y a su vez a la sociedad civil, legisladores locales y federales.
INTEGRANTES: 
José Moisés Hernández Maravillas.
Melissa Guadalupe Ledón Calderón.