• Jóvenes en las escuelas que, debido a la soledad y problemas familiares, recurren a las drogas como una forma de escapar.

• Adultos que, por falta de oportunidades laborales y económicas, desarrollan adicción al consumo.

Cuando la drogadicción afecta derechos fundamentales como el acceso a la salud o a una vida digna, se puede presentar una acción de tutela. Por ejemplo, si una persona en la comunidad no recibe atención médica o acceso a un programa de rehabilitación necesario, este mecanismo obliga a las instituciones responsables a actuar de manera inmediata para garantizar esos derechos.

Acción popular
La drogadicción también afecta derechos colectivos, como la seguridad o un entorno sano para la comunidad. En este caso, una acción popular puede exigir a las autoridades que implementen programas de prevención, control del tráfico de drogas y servicios de apoyo para las personas afectadas, ayudando a proteger a toda la comunidad.

Derecho de petición
Por medio del derecho de petición, los miembros de la comunidad pueden pedir información a las autoridades sobre las acciones que están tomando para abordar la drogadicción. También pueden solicitar que se fortalezcan programas de rehabilitación, campañas de prevención y apoyo social.

Acción de cumplimiento
Si ya existen normas o políticas que deberían abordar la drogadicción, pero no se están cumpliendo, la acción de cumplimiento puede ser útil. Por ejemplo, si un municipio cuenta con un presupuesto destinado a programas de prevención, pero estos no se están ejecutando, este recurso permite exigir que se lleven a cabo.

Denuncia ante defensorías o procuradurías
La comunidad puede acudir a la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría para denunciar la falta de atención por parte de las autoridades frente a la drogadicción. Estas entidades pueden intervenir y presionar a las autoridades locales para que cumplan con su deber de garantizar servicios como centros de rehabilitación o programas educativos