Presentación de diapositivas by DULMER RODAS PERALTA

drodaspe — 2025-07-10 14:38:55 UTC

drodaspe — 2025-07-10 14:42:49 UTC

Alcance: Cubre investigados, procesados y condenados sin sentencia firme; concede beneficios humanitarios a mayores de 70 años.

Efecto inmediato: Ordena el archivo de causas penales abiertas y la excarcelación de sentenciados que cumplan los requisitos.

Exclusiones: No se aplica a delitos de terrorismo ni a casos con sentencia firme.

nbecerrasa18_ — 2025-07-10 14:48:56 UTC

También consideramos que con esta norma, se busca eximir de responsabilidad a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno dejando en la impunidad delitos como tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. En un país democrático las leyes no deberían proteger a los responsables de crímenes graves, sino garantizar justicia y reparación para quienes más han sufrido. Aprobar esta amnistía solo agrava la herida de nuestro pasado reciente.

drodaspe — 2025-07-10 14:50:21 UTC

Como equipo creemos que la nueva ley de amnistía es, en los hechos, un paso atrás en la lucha contra la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos y deja tambaleando los compromisos internacionales del Perú. Esta situación ilustra, mejor que ningún otro, cómo una decisión legislativa puede tensar o de plano romper las garantías constitucionales y el estado de Derecho cuando los cálculos políticos se imponen sobre los estándares de justicia y de derechos humanos.

nbecerrasa18_ — 2025-07-10 15:56:56 UTC

La aprobación de la ley de amnistía por el Congreso peruano representa una clara vulneración al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. Esta norma busca liberar o exonerar a militares acusados de crímenes graves durante el conflicto armado interno, lo cual impide que las víctimas accedan a justicia.

Desde mi punto de vista, es una medida que promueve la impunidad y contradice la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Perú. Las garantías como el debido proceso, la verdad y la reparación no pueden ser anuladas por decisiones políticas. En un país democrático, los crímenes de lesa humanidad no deben quedar sin sanción.