"Tenemos incendios forestales en todo el país, la contaminación del agua sigue siendo un problema, a pesar de que llevamos muchos años pidiendo mayor rigor en las normas para evitarla. Eso tiene un costo de miles de millones de pesos para los mexicanos, pues no sólo se causa daño ambiental, sino también a la economía de México", explicó.

Luego de extender una invitación para que todos redoblemos esfuerzos en esos temas, dijo que la participación es tan sencilla como no tirar una colilla de cigarro por la ventanilla de un vehículo o llamar al 911 para reportar cualquier incendio forestal, a fin de que las autoridades puedan actuar.

"Hay que presionar para que tengamos una mayor calidad de agua en México, dejar de contaminar con una reducción de aguas residuales en nuestras casas, prosiguió. Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer y que valen la pena", enfatizó.

Merediz Alonso señaló que las autoridades están trabajando para prohibir los plásticos de un solo uso en Quintana Roo y el resto del país, pero aún falta mucho por hacer. "Nosotros simplemente no debemos pedir bolsas de plásticos en el supermercado ni usar popote en el restaurante porque tiene un efecto importante en el ambiente y en la vida de todos".

El más reciente conflicto por el agua ocurrió en Mexicali, Baja California, donde ejidatarios se oponen a la construcción de la planta cervecera estadunidense Constellation Brand que amenaza con despojarlos del líquido en una región de mayor escasez en el país.

Organizados en Mexicali Resiste, surgida a principios de año y que echó abajo la ley promovida por el gobernador panista Kiko Vega para privatizar el servicio de agua, se enfrentaron a la policía el 21 de julio de 2017, con saldo de varios lesionados. El lunes 17 de ese mismo mes, un tribunal federal otorgó a los ejidatarios del Valle de Mexicali un amparo definitivo que impide la entrega del agua de los agricultores a la cervecera.

En Sonora, la resistencia del pueblo yaqui intensificó la lucha por la protección de su agua y territorio contra el despojo de un pequeño sector de la sociedad, cuando en 2010 supo de la inminente construcción del Acueducto Independencia, afluente que se le abre al Río Yaqui para satisfacer las necesidades de agua de Hermosillo.

Pese a que obtuvieron un amparo de la Suprema Corte, el acoso continúa hacia el pueblo yaqui y el proyecto no da marcha atrás, a pesar de que no cumple con las normas de control y cuidado ambiental, aunado a problemas de abasto de agua en la comunidad indígena, por lo que el acueducto funciona desde 2013.

Los ejemplos de conflictividad abundan: una manifestación por falta de agua en la colonia Peñón de los Baños de la Ciudad de México el 17 de marzo de 2017, terminó en batalla campal entre la policía y un grupo de ciudadanos. Los colonos exigieron al gobierno restablecer el suministro de agua que desde hacía más de una semana fue suspendido.

Asimismo, en el periodo de estiaje de este año, habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa bloquearon vialidades en protesta por la falta de suministro de agua.

El 23 de marzo del mismo año, en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, decenas de habitantes demandaron agua potable para la comunidad, luego de 10 días de no haber contado con el servicio. Tomaron la alcaldía municipal y amarraron a varios funcionarios, entre ellos dos del Sistema Municipal de Agua Potable.

En un enfrentamiento con efectivos de la policía, quienes fueron heridos con piedras y palos, los manifestantes demandaron la renuncia del director de seguridad del municipio. Este hecho “llama la atención por la relación directa de los conflictos por el agua con el tema de seguridad nacional”, indica la ASF.

El descontento de los ciudadanos ante la falta de suministro de agua no es exclusivo de la Ciudad de México ni de Chiapas, considera la ASF. “Los conflictos por el vital líquido se han convertido en un problema público, es decir, un estado de cosas indeseables en la vida social, en la unidad jurídico-política o territorial de que se trate”.

Como un elemento fundacional de la vida, el agua debe ser tratado como un bien social y cultural y no como un bien económico, considera, por lo que el Estado debe asumirse como el responsable de observar en la inapropiada gestión del recurso hídrico un potencial detonante de problema social.

Advierte que una  política pública que ignore la cuestión ambiental “puede llevar a situaciones límite como vivir permanentemente en la sociedad del riesgo, llegando con el paso del tiempo, a un punto de no retorno en el cual el problema se vuelve irremediable”.