Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

 

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

 

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=yFl3pijbtt4

Alumno: Santiago Quiroga

Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.

Burford es un megadespacho de abogados especializado en adquirir juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más dinero años después.

La bajada extrema del precio del petróleo también está afectando a YPF, que perdió una parte muy importante de su valor, en parte debido a la pérdida de expectativas por lo que pueda generarse en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina.

Alumna: Daisi Nuñez

   En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos. Actualmente la bajada extrema del precio del petróleo también está afectando a YPF, que perdió una parte muy importante de su valor, en parte debido a la pérdida de expectativas por lo que pueda generarse en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina. Vaca muerta es la segunda reserva no convencional de gas del mundo y la cuarta de petróleo, pero sus costos de explotación son altos. Al caer el precio del crudo, la posibilidad de que el yacimiento se convierta en un buen negocio se aleja. 

Alumno: Gabriel Bottoni

Fuentes: https://www.elmundo.es/economia/2020/06/06/5edad12f21efa0a9208b461c.html

              https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000200002

La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. 

Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. 

Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. 

Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

Alumno: Gonzalo Heredia

El argumento de Argentina de que la demanda de Burford debía sustanciarse en los tribunales argentinos, bajo el argumento de que YPF fue expropiada mediante una ley local no convenció a la jueza Loretta Preska

El gobierno de Mauricio Macri logró convencer a la jueza de que el país había cambiado y que Argentina ahora ofrecía una corte independiente. Sin embargo, durante el período de alegatos e intercambio de escritos hubo un cambio de presidente en Argentina y los demandantes insisten que el país una vez más no ofrece garantías judiciales. La jueza dictaminó que el caso deberá permanecer en Nueva York.

Argentina e YPF podrían enfrentar un daño económico que se ubica entre los 3.500 y los 12.100 millones de dólares. 

Alumna: Sofía Belén Muchini 

Preska dijo ahora que no, que ella seguirá la causa: habrá juicio en Nueva York. Con todo, la jueza habló en su escrito a favor de la competencia de la justicia argentina, pero cree que ella es la indicada para decidir quién tiene razón en esta causa.
Alumno: Varela Pablo Agustin
Derecho Internacional 2021 
Comercializacion

Una de las grandes batallas empresariales del momento se dirime en el Juzgado de Madrid. Se trata de los concursos de acreedores de dos sociedades del Grupo Petersen, Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (PEISA), que tenía el 25% del accionariado de Repsol-YPF hasta el momento de ser expropiada por la Republica de Argentina.
YPF ha presentado hace unos días un escrito en el que solicita personarse en el concurso tras comprar un pequeño crédito de la Bolsa de Argentina, que era uno de los acreedores, alegando así que tiene un interés legítimo. Con este movimiento, YPF podrá tener acceso a la información del proceso para 'intervenir' en la medida que le sea posible. En su momento fue expulsado tras no acreditar interés legítimo en el mismo (ni era acreedor ni deudor), pero con la compra del crédito su situación cambia radicalmente. Ahora, es el administrador concursal el que deberá decidir si acepta o no su personación tras constatar que la compraventa sea lícita.

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/argentina-expropiacion-repsol-ypf.html

Agustina Fernandez

La compañía que preside Antonio Brufau respondió presentando una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, y una amplia batalla judicial en todos los frentes posibles.

En noviembre de 2013, casi un año y medio después, el Gobierno de Kirchner se vio forzado a alcanzar un principio de acuerdo sobre la indemnización que recibiría la española que, finalmente, se materializó en febrero de 2014 mediante la firma de un Convenio donde se estableció una compensación de 5.000 millones de dólares (4.646 millones de euros) en deuda y efectivo par a la petrolera española, quien se comprometió a retirar todos los litigios y a renunciar a futuras reclamaciones.

Tras este periodo muchos de los protagonistas de aquella actuación se enfrentan hoy con distintas causas judiciales como la ex presidenta, Fernandez de Kirchner o el por entonces ministro Julio de Vido en un caso de lavado de dinero.

El que fuera el primer presidente de YPF tras la expropiación, Miguel Galuccio, ha firmado un acuerdo con Riverstone Holdings, una de las mayores firmas de capital privado de Estados Unidos, para crear una empresa energética en México

Riverstone ha participado ya en la financiación de proyectos petroleros en el país de la compañía Sierra Oil & Gas, que se hizo con dos de los catorce bloques adjudicados en la llamada Ronda 1. Para las siguientes fases la firma se unió también con Carso Oil & Gas y Carso Energy, propiedad de Carlos Slim, donde se espera que puedan triunfar en la Ronda 2.

El magnate mexicano llegó a comprar un 8,4 por ciento de YPF en su día a la familia Eskenazi, un extremo que Gallucio consideraba que iba a servir para reavivar la confianza internacional en la inversión en Argentina.

El ejecutivo petrolero además labró una buena relación personal con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que posteriormente también protagonizó otro intento de asalto a Repsol y que ahora está siendo investigado por sus contratos con la brasileña Odebrecht.

El Gobierno de Mauricio Macri ha comenzado también a investigar parte de la gestión de YPF realizada en aquellos años entre lo que s incluye la creación de sociedades en paraísos fiscales, los términos de los acuerdos alcanzados con Chevron y Dow Chemical para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta o la deuda.

El caso de Repsol en Argentina no fue el único que se produjo en 2012. La inversión española en Latinoamérica sufrió dos importantes varapalos más en Bolivia.

Solo dos semanas después de la expropiación de YPF, el presidente del país, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España (REE), que operaba en el país desde 1997. Aunque la indemnización inicial se cifró en 29 millones de euros, finalmente el grupo español recibió una compensación pactada de 52 millones de euros en noviembre de 2014, evitando así el inicio de un arbitraje internacional.

El segundo de los conflictos tuvo lugar en diciembre, cuando el presidente Morales expropió a Iberdrola cuatro filiales valoradas en cerca de 90 millones de euros: las distribuidoras de electricidad Electropaz -de la que poseía el 89,5% de las acciones- y Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo) -propietaria del 92,8% del capital-, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.

En julio de 2014, la española presentó una notificación ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Bolivia para exigir una indemnización. Justo un año después, en noviembre de 2015, Iberdrola consiguió una compensación de 32 millones de euros. Con este acuerdo, Bolivia cerraba todas las demandas arbitrales que tenía por las nacionalizaciones realizadas en el sector eléctrico aunque mantiene abierta una disputa con Aena y Abertis.

Blanco, Jesamir

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8295212/04/17/Se-cumplen-cinco-anos-de-la-expropiacion-de-YPF-a-Repsol.html

En noviembre de 2013, casi un año y medio después, el Gobierno de Kirchner se vio forzado a alcanzar un principio de acuerdo sobre la indemnización que recibiría la española que, finalmente, se materializó en febrero de 2014 mediante la firma de un Convenio donde se estableció una compensación de 5.000 millones de dólares (4.646 millones de euros) en deuda y efectivo par a la petrolera española, quien se comprometió a retirar todos los litigios y a renunciar a futuras reclamaciones. 

Pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF. Burford es un mega despacho de abogados especializado en adquirir juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más dinero años después.

En el caso de YPF: Petersen Energía y Petersen Energía Inversora eran dueñas del 25% de las acciones de YPF en momentos en que esta estaba en manos de la española Repsol. En paralelo se está sustanciando un juicio en España para determinar si la compra de Petersen por parte de Burford fue legal.

El argumento de Argentina de que la demanda de Burford debía sustanciarse en los tribunales argentinos, bajo el argumento de que YPF fue expropiada mediante una ley local no convenció a la jueza Loretta Preska.

El gobierno de Mauricio Macri convence a la jueza de que el país había cambiado y que Argentina ahora ofrecía una corte independiente (...). Sin embargo, durante el período de alegatos e intercambio de escritos hubo un cambio de presidente en Argentina y los demandantes insisten que el país una vez más no ofrece garantías judiciales. 

La jueza dictaminó que, "aunque Argentina posee cortes independientes, el caso deberá permanecer en Nueva York". 

-Galeano Bravo, Milagros Paula G.

Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.

Burford es un megadespacho de abogados especializado en adquirir juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más dinero años después. Es exactamente el caso de YPF: dos firmas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, eran dueñas del 25% de las acciones de YPF en momentos en que esta estaba en manos de la española Repsol. En paralelo se está sustanciando un juicio en España para determinar si la compra de Petersen por parte de Burford fue legal.

El argumento de Argentina de que la demanda de Burford debía sustanciarse en los tribunales argentinos, bajo el argumento de que YPF fue expropiada mediante una ley local no convenció a la jueza Loretta Preska.

Según analizó en Clarín Sebastián Maril, especialista en temas de energía, "Argentina e YPF sostienen que los mismos instrumentos según los cuales la petrolera vendió sus acciones en Nueva York en la década de los 90 cuando fue privatizada" habilitan a dirimir la cuestión en los tribunales del país sudamericano.

Eso pudo suceder a partir de 2016, recuerda Maril: "El gobierno de Mauricio Macri logró convencer a la jueza de que el país había cambiado y que Argentina ahora ofrecía una corte independiente (...). Sin embargo, durante el período de alegatos e intercambio de escritos hubo un cambio de presidente en Argentina y los demandantes insisten que el país una vez más no ofrece garantías judiciales". La jueza dictaminó que,"aunque Argentina posee cortes independientes, el caso deberá permanecer en Nueva York y las partes deberán informarle el 19 de junio cómo piensan seguir".
"Argentina e YPF podrían enfrentar un daño económico que se ubica entre los 3.500 y los 12.100 millones de dólares", añadió Maril

La bajada extrema del precio del petróleo también está afectando a YPF, que perdió una parte muy importante de su valor, en parte debido a la pérdida de expectativas por lo que pueda generarse en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina. Vaca muerta es la segunda reserva no convencional de gas del mundo y la cuarta de petróleo, pero sus costos de explotación son altos. Al caer el precio del crudo, la posibilidad de que el yacimiento se convierta en un buen negocio se aleja.

Alumno: PISCITELLI GIULIANO
Fuente: Ocho años después de la expropiación de YPF, Argentina se enfrenta a pérdidas multimillonarias | Economía (elmundo.es)

Lo cierto es que YPF es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, por lo cual en 2012, Argentina hizo uso de sus facultades soberanas permitidas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y legislación interna, y llevo adelante la expropiación de la empresa

https://www.abc.es/economia/abci-empresa-estrategica-argentina-201204130000_noticia.html

https://www.dw.com/es/prensa-alemana-menem-un-presidente-que-garantiz%C3%B3-impunidad-a-los-poderosos-generales/a-56577859

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/espana-argentina-juicio-expropiacion-repsol.html

Alumno: Soria Naranjo, Agustín

 

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

 

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

 

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=yFl3pijbtt4

Alumno: Santiago Quiroga

 

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

 

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

 

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=yFl3pijbtt4

Alumno: Santiago Quiroga