El conflicto empezó el 10 de enero de 1981, cuando el recién formado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció el inicio de su "ofensiva general".

Y se prolongó oficialmente hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los llamados "Acuerdos de Chapultepec", en la Ciudad de México.

Esto impacta negativamente, por lo general, en los sectores más desfavorecidos, que pierden su empleo o ven disminuida su capacidad de consumo, en el caso del aumento de los servicios públicos. Todo ello repercute, claro, en la economía local.

Por demás, debilitan el patrimonio del Estado y lo hacen más débil para enfrentar procesos económicos, sociales o políticos, ya que muchos de sus bienes primordiales responderán a intereses privados y a grupos de poder que, dueños de los grandes capitales, pueden influir entonces en el quehacer de la política.

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Sin embargo, los efectos inmediatos de la venta de activos del Estado se traducen en una mayor liquidez del mismo, es decir, una mayor solvencia económica, ya que el Estado se libera de los procesos y las obligaciones del bien privatizado y además recibe una compensación económica.

Sin embargo, también pierde el control del activo vendido y eso puede significar, en adelante, mayores gastos a los adquiridos mediante la venta inicial.

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