Konrad Hesse sostiene que es tarea del legislador del Derecho Privado transformar los derechos fundamentales en normas vinculantes para las relaciones jurídicas privadas, sin limitar la autodeterminación y responsabilidad individual.

Este poder permite la creación de normas jurídicas por los particulares, bajo la tutela y garantía del Estado.

Consideraba la autonomía privada como el espacio de libertad dejado por el ordenamiento jurídico para cada persona, que opera fuera del sistema jurídico y es decepcionada por este.

Emilio Betti:

Criticaba la idea de la autonomía como mera voluntad individual, proponiendo que es una autorregulación de intereses en la vida social, protegida y decepcionada por el orden jurídico.

Antonio Junqueira de Azevedo:

Defendía que el negocio jurídico es una creación del ejercicio de la libertad individual, un hecho social constituido por el Estado Legislador.

Algunos autores contemporáneos rechazan la idea de que los negocios jurídicos dependan exclusivamente del Derecho positivo, prefiriendo verlos como derivados de la libertad individual.

La autonomía privada se justifica y se regula dentro del marco constitucional, siendo la Constitución la fuente de legitimidad de las normas y negocios jurídicos.

Cualquier intervención debe ser en nombre del interés general y no puede crear límites arbitrarios o injustificados fuera de su competencia.

La autonomía privada, como un concepto integralmente vinculado a las reglas de validez del sistema, se estudia dentro del marco de las fuentes del Derecho y de la normativa vigente.