Además, se logró evidenciar que las respuestas de las instituciones del Estado ecuatoriano fueron débiles. La Asamblea Nacional no se reunió y su pronunciamiento se produjo días después de lo acontecido. La oposición develó su poco compromiso con la democracia y el Estado Constitucional de Derechos. El saldo final fue una democracia golpeada; una institucionalidad policial en crisis; un sistema de inteligencia cuestionado, pues no fue capaz de advertir los acontecimientos.
La respuesta gubernamental se centró en los primeros meses en lo judicial y orgánico: lo primero para dar con los responsables materiales e intelectuales del suceso, y segundo para hacer cambios en los mandos policiales.
El gobierno se tardó en responder. A inicios de 2011 se anunció una convocatoria a un referéndum y consulta popular, lo que se suponía era una estrategia para blindar al gobierno, consolidar el liderazgo del Presidente Correa, demostrar el respaldo popular en las urnas, todo esto le permitiría gobernar los últimos dos años de mandato con tranquilidad y prepararse para la reelección.