•Mejores oportunidades para el campo

•Más participación y democracia

•Poner fin a la guerra

•Contra el narcotráfico

•La verificación del cese al fuego bilateral será liderada por las Naciones Unidas, organización que gestionará las controversias que puedan surgir.

•Una vez salgan de las zonas, recibirán por un periodo limitado un apoyo económico, de un poco menos de un salario mínimo, para su manutención. Quienes construyan un proyecto productivo podrán aplicar a una ayuda.

•Una vez dejadas las armas y convertidos en un partido o movimiento político, el acuerdo garantiza una representación de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales (2018 y 2022). Solo se asignarán las que no se logren con los votos para completar las 5 curules.

•Alcaldes, gobernadores y todas las autoridades civiles continuarán haciendo presencia en el territorio y ejerciendo sus funciones.

•La Fuerza Pública continuará garantizando la seguridad y la vigencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio Nacional.

•El Estado fortalecerá su acción contra todas las formas criminales que amenacen a los colombianos, en particular contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

•El Gobierno y las FARC pondrán en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas que se han visto afectadas por estos artefactos.

•Las FARC se comprometieron a contribuir al esclarecimiento de la verdad en espacios como la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

•Repararán a sus víctimas de forma material y con trabajos y obras de reconstrucción que beneficiarán a las comunidades afectadas por la guerra.

•Las FARC tendrán que participar en acciones de reparación como reconstrucción de infraestructura, desminado humanitario, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas y erradicación de cultivos de uso ilícito.

•No habrá injusticia frente a los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometidos delitos en el marco del conflicto: si reconocen responsabilidad y contribuyen a la verdad y la reparación, accederán al tratamiento especial de la justicia.

•Los civiles que hayan sido extorsionados son víctimas.

Quienes hayan financiado voluntariamente a grupos armados y cumplan con los compromisos del acuerdo sobre verdad y repa ración tendrán la oportunidad de resolver su situación y acceder a un tratamiento especial de la justicia

• los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno, una vez hayan dejado las armas

• los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado

• Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta (financiadores o colaboradores) en el conflicto armado y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos

•Las medidas que se acordarán en el Punto 3 de la Agenda del Acuerdo General “Fin del Conflicto”, que buscan garantizar la terminación definitiva del conflicto armado.

•Todos los puntos del Acuerdo Final en materia de Reforma Rural Integral, Apertura Democrática para Construir la Paz y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, que contribuirán a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

•Acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños.

•Fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva y articulación con los programas de desarrollo.

•Ampliación y fortalecimiento de las estrategias de rehabilitación psicosocial a nivel individual y comunitario.

•Implementación de procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y fortalecimiento de la reparación de víctimas en el exterior.

•Fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras.

•Se continuará combatiendo al narcotráfico, en especial a sus eslabones más rentables, y se atacará la corrupción que este genera.

•El Gobierno se concentrará en combatir al crimen organizado y podrá proteger mejor a la gente.

•Se fortalecerá la lucha contra las finanzas ilícitas con una estrategia para perseguir los bienes y dineros involucrados en el narco tráfico y controlar el lavado de activos.

•Los bienes a los que se les haga extinción de dominio irán a un fondo de tierras para los campesinos que no tienen tierra.

•Los desplazados por el conflicto podrán volver a sus tierras, trabajar en ellas y vivir en paz.

•La población rural tendrá oportunidades de educación, salud, trabajo digno y vivienda.

•Se reconstruirán las regiones rurales más afectadas por el conflicto con la participación de las comunidades.

•Habrá más crédito, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola. Se promoverá la economía solidaria.

•Se construirán vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad digital. Es decir, bienes y servicios públicos que hoy son escasos en el campo.

•Se formalizará la posesión de la tierra para garantizar que los campesinos que tienen tierra pero no escrituras, no estén marginados y para eliminar los conflictos alrededor de la propiedad y su uso.

•Se mejorará el acceso a la justicia en el campo con la creación de la jurisdicción agraria.

•Se formalizará el trabajo en el campo y mejorará la protección social rural.

•Se creará un Estatuto de Oposición con la participación de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para fortalecer la participación de todas las voces contradictoras de los gobiernos.

•Se creará un Sistema Integral de Seguridad para proteger la vida de quienes están ejerciendo la política, de líderes de movimientos políticos y organizaciones sociales.

•Se crearán circunscripciones especiales de paz para garantizar una mejor integración de los territorios más afectados por el conflicto mediante una representación transitoria en el Congreso.

•Se fortalecerá la participación de los ciudadanos para que puedan tener más influencia en las decisiones que los afectan.

•Habrá más control del gasto público por parte de los ciudadanos por medio de la promoción del control y veedurías ciudadanas.

•Se implementarán medidas para promover la transparencia en los procesos electorales.