Por otra parte, y con el propósito de establecer un sistema gradual de transferencia de facultades en favor de los gobiernos municipales por parte de la Estado, la propuesta recoge el mecanismo previsto en el proyecto, para convenir la ejecución y operación de funciones así como la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. En la medida en que los Ayuntamientos desarrollen la capacidad para asumir la responsabilidad del ejercicio de atribuciones en materia ambiental, que en principio corresponden al Estado, asumirán a cabalidad la plena autonomía que les confiere la Constitución. Entre dichas materias a descentralizar destacan las de prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y móviles; control de residuos de baja peligrosidad; administración de áreas naturales protegidas; impacto ambiental y vigilancia.”