Reconocimiento de soberanía: Panamá recuperó la plena soberanía sobre la Zona del Canal (renombrada como Área Canalera), aunque EE.UU. mantuvo derechos operativos hasta 1999.

Administración conjunta: La operación estuvo a cargo de la Comisión del Canal de Panamá, con una junta directiva de 5 estadounidenses y 4 panameños designados por EE.UU..

Acceso igualitario: El canal permanece abierto a todas las naciones en condiciones de igualdad, sin discriminación por nacionalidad o motivos políticos.

Prohibición de represalias: El Istmo de Panamá no puede ser objetivo de conflictos bélicos entre otras naciones.

2. Reglas de tránsito:

Condiciones para el paso: Las naves deben pagar peajes, cumplir reglamentos y abstenerse de actos hostiles durante el tránsito.

Aplicación a futuras vías: El régimen de neutralidad se extiende a cualquier otra vía acuática internacional construida en territorio panameño

Principios fundamentales:

Derogación del Tratado Hay-Bunau Varilla (1903).

Devolución de la Zona del Canal a Panamá.

Participación equitativa en la administración y defensa del canal

Impacto constitucional

La Constitución panameña de 1904, que reconocía la intervención estadounidense (Artículo VII del Tratado Hay-Bunau Varilla), fue modificada tras los Tratados Torrijos-Carter para eliminar cláusulas que permitían injerencia extranjera.

Estos instrumentos sentaron las bases para la transferencia definitiva del control del canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999, consolidando su soberanía plena

Neutralidad permanente: El canal quedó protegido contra represalias en conflictos bélicos internacionales, garantizando su uso pacífico para todas las naciones.

Transferencia de tierras: Panamá recuperó el 60% de las tierras e infraestructuras de la zona, incluyendo puertos y el ferrocarril.

Compensaciones financieras: Incluyeron pagos por servicios públicos y una participación proporcional en los peajes