En cuanto al tema de las competencias, el CPC  en su artículo 28 establece que la competencia, se refiere a la naturaleza de la cuestión que se discute, de modos que parte de la distribución jurisdiccional, es decir, los jueces ejercen jurisdicción, pero eso no debe interferir en la competencia, porque ésta viene dada por materia donde cada tribunal conoce con exclusividad de esa rama y no de otra. 

            Ahora bien, al referirse a las competencias derivados del ejercicio, se relaciona con el administrador de justicia, la cual dentro de sus funciones debe atender las necesidades exigidas por el ciudadano, es decir, que debe establecer la tutela de los principios Constitucionales, tal y como lo prevé el artículo 26 de la CRBV, donde tipifica el acceso a la justicia, siendo este servicio público una garantía que el Estado debe cumplir a través del juez que mediante los procedimientos procesales, debe tener en cuenta la asistencia jurídica de acuerdo a lo previsto en el articulo 49 iusdem, en todos los grados y estado del proceso de investigación.

            En ese mismo contexto la Sentencia 2731 antes citada, describe el estado funcional de la competencia por grado, es decir, la jerarquía “objetiva” de la materia en cuanto al “valor, territorio y la conexión” y el “reparto”; del mismo modo [Vescovi (1984:155), citado en White O (2008:30)], se refiere la existencia de los tribunales de la misma materia jerarquizados, es decir que; tanto la sentencia como el prescrito autor, se refieren a que, existen tribunales de la misma materia, donde la capacidad de intervención del juez se limita a la instancia, quiere decir que un administrador de justicia puede intervenir en primera instancia pero no es el mismo a intervenir en la segundad, lo que en un sentido concreto se asienta como la capacidad del juez de ejercer la jurisdicción en un caso determinado.   

            En ese sentido la (St. Cit), también se refiere a los jueces de paz, como “órganos jurisdiccionales” que tiene la finalidad de coadyuvar con el fortalecimiento de la justicia de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal  (LOJEPC), donde establece la potestad que tienen las y los jueces de tomar decisiones para la resolución de conflictos, mediante la conciliación.

En esta innovadora forma de hacer justicia, prevalece la equidad entre las parte involucradas, salvo a las imposiciones de la Ley donde deba establecerse una solución de derecho, por tanto son jueces de derecho que ejercen de manera imparcial, autónoma e independiente que produce sentencia, como lo establecen los artículos 45 y 46 iusdem, la cual se refieren a la potestad que tienen los jueces, para crear sentencias en nombre de la República por mandato de la Ley, teniendo potestad para impugnar donde se suscite controversia.  

Ahora bien, con relación al presente tema, la [Sala Constitucional del TSJ mediante Sentencia de (2001:N°2731)], destaca que; “…la jurisdicción se concentra en el juez  como administrador de justicia,...” quiere decir que ésta potestad se expresa a través del o la jueza  quien tiene el poder de juzgar y sentenciar lo juzgado, por mandato Constitucional, de acuerdo a lo previsto en su artículo 253 párrafo 2do, la cual se refiere a que al poder judicial le corresponde conocer de las causas, ejecutarlas y hacer ejecutar sus sentencias mediante los procedimientos previstos en la Ley.

Características de la Jurisdicción  

En cuanto a estas, [Hernando E citado en Cubillos (2004:28)], se refiere a la “autonomía” y la “independencia”, es decir, autónoma por la exclusividad de dominio del Estado mediante su Órgano judicial y solo debe ser ejercida mediante dicho Órgano y no por particulares, y en cuanto a su independencia, este se refiere a que no permite la injerencia de otros poderes del Estado ni particulares en su función. Sin embargo cabe señalar que tiene una limitación y esta la establece la competencia para prevenir la invasión de autoridad y los excesos de poder jurisdiccional.