Jurídicamente, el derecho a la vida se protege, por una parte, mediante i) la prohibición de algunas conductas y ii) la imposición a las autoridades públicas de ciertas restricciones o limitaciones en el ejercicio de sus competencias. Por otra parte, el derecho a la vida se protege mediante la atribución al Estado de ciertas obligaciones, como las de garantizar este derecho y las de prevenir, investigar y reparar sus violaciones.