La demanda sostiene que la restitución de Benavides vulnera derechos constitucionales fundamentales como la independencia funcional de los fiscales, el derecho al debido proceso y el respeto a la legalidad en el ejercicio de la función pública. Además, se alega que la decisión de la JNJ podría afectar la institucionalidad del Ministerio Público, ya que Benavides había sido cuestionada previamente por presuntas interferencias en investigaciones fiscales y uso indebido de su poder.

El amparo constitucional busca que se declare la nulidad y la inejecutabilidad de la resolución de la JNJ, solicitando que el retorno de Benavides al cargo quede sin efecto. El juzgado programó una audiencia pública para analizar el caso, en la que se evaluará si efectivamente se han vulnerado las garantías invocadas.

Este caso refleja con claridad la dinámica del Estado de Derecho en el Perú: ninguna autoridad, ni siquiera un órgano autónomo como la JNJ, puede actuar fuera de los límites de la Constitución y sus procedimientos. Asimismo, pone de relieve la importancia de las garantías constitucionales, como el amparo, que permiten a los ciudadanos y autoridades afectadas acudir al Poder Judicial cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.

En el plano democrático, la controversia también abre el debate sobre la legitimidad de las decisiones en torno a cargos de alta relevancia institucional y el equilibrio de poderes. Mientras algunos sectores defienden la restitución de Benavides como una medida que repone derechos vulnerados, otros la consideran un riesgo para la independencia del Ministerio Público y la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.