Las políticas y planes educativos orientados a la inclusión como un derecho humano son fundamentales para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, género, origen étnico, condición socioeconómica u otras características, tengan acceso equitativo a una educación de calidad.

Como derecho humano, la educación inclusiva implica que todas las personas tienen derecho a recibir una educación que respete y valore la diversidad, eliminando barreras que impidan su pleno desarrollo.

Para que la implementación de las políticas y planes sea exitosa requiere un compromiso político y socia , que incluya inversión en recursos, formación docente y un cambio de paradigma que valore la diversidad en todas sus formas.

2.- Participación activa

3.- Reconocimiento de la diversidad

4.- Acceso y accesibilidad

5.- Justicia Social.

Es por esto que este punto consiste en tener un cambio de actitud en todos los seres humanos, para que se pueda realizar con éxito la inclusión educativa y se formulen políticas alcanzables y eficaces.

Es por eso que el sentido de el cambio de actitud es primordial para lograr los objetivos de una educación inclusiva de calidad.

(UNESCO, 2009).

Recursos humanos principalmente.

El plan de estudio también se ve afectado por la rigidez del sistema;  un plan rígido que no permite la experimentación o el uso de diferentes métodos de enseñanza puede ser una enorme barrera para la inclusión. Planes que no reconocen las diferentes formas de aprender, obstaculizan la experiencia escolar para todos los estudiantes, y más aun para aquellos que presentan necesidades educativas especiales (Briseño, 2021)

Instituciones nacionales e internacionales encargadas de la educación en cada país.

Es necesario conjugar varios factores para llevar a cabo reformas inclusivas de los planes de estudios, los manuales escolares y las evaluaciones. Es preciso desarrollar capacidades para que los interesados puedan trabajar en colaboración y pensar de forma estratégica. Es necesario también establecer asociaciones para que todas las partes se apropien del proceso y trabajen en pos de los mismos objetivos.

Los actores podrían ser: Gobiernos y Ministerios de Educación., escuelas e instituciones educativas, organismos internacionales. centros de investigación y universidades, además de familias y comunidades.

Los recursos involucrados son humanos, tecnológicos, pedagógicos, y financieros.

Introducir la inclusión como principio rector tiene consecuencias para las prácticas y actitudes de los docentes, ya sea hacia las niñas, los educandos con dificultades de aprendizaje, los niños con necesidades especiales o aquellos con características especiales (cognitivas, étnicas o socioeconómicas). Las actitudes positivas de los docentes hacia la inclusión dependen en gran medida de su experiencia con educandos que se consideran “difíciles”. La formación de los docentes, la disponibilidad de ayuda en el aula, el número de estudiantes por clase y el volumen total de trabajo son todos ellos factores que influyen en las actitudes de los docentes (UNESCO, 2009).

(Lindo, 2016).

Los docentes, los otros educadores y el personal no docente de apoyo necesitan formarse y estar listos para ayudar diariamente a los niños, a los jóvenes y a los adultos en sus procesos de aprendizaje y desarrollo. Es necesario que las metodologías de enseñanza y aprendizaje flexibles se distancien de una formación inicial de docentes teórica y prolongada y primen el perfeccionamiento continuo de los docentes en el servicio. Cabe señalar que no se pueden proporcionar todos los conocimientos y competencias a la misma persona. Se necesitan varias especializaciones para cooperar con el personal de las escuelas ordinarias y prestarle ayuda. Además, las políticas nacionales deben ocuparse de la condición de los docentes, su bienestar y su perfeccionamiento profesional. La escasez extrema de docentes y la falta de maestros formados, especialmente en el África subsahariana y en Asia Meridional y Occidental, tienen consecuencias muy negativas para la calidad del aprendizaje (UNESCO, 2009)

falta de legislación sobre educación inclusiva, falta de políticas relacionadas con la educación inclusiva, y falta de un concepto preciso (UNESCO, 2009).

Contexto educativo e institucional.

Contexto normativo y legal.

Contexto económico y de Recursos.

Contexto político.

Contexto social y cultural.

Contexto geográfico y demográfico.

Contexto Internacional.

Es de suma importancia que todos estos contextos sean abordados de manera coordinada para crear sistemas educativos verdaderamente inclusivos y equitativos (Leiva, 2013).

Los gobiernos y organismos públicos.

Escuelas e instituciones educativas.

Universidades y centros de investigación .

Familias y comunidades.

Y en cuanto a los recursos, deben ser :

Humanos, Financieros, Pedagógicos, tecnológicos, de infraestructura, y las redes de monitoreo y evaluación (Almazán, 2004).

Revista Fuentes 5

Los cambios actitudinales hacia la integración escolar desde la perspectiva de los alumnos

Briceño (2021)

Aspectos que dificultan la inclusión: los problemas que persisten en el sistema educativo.

recuperado de:

https://www.aucal.edu/masteres-oficiales/master-en-psicopedagogia-y-orientacion-educativa.html

Temático. INFORME GEM 2020

Recuperado de:

https://gem-report-2020.unesco.org/es/inclusion-y-educacion/

Leiva (2013)

De la integración a la inclusión: evolución y cambio en la mentalidad del alumnado universitario de educación especial en un contexto universitario español.

Actualidades Investigativas en Educación

Rev. Actual. Investig. Educ vol.13 n.3 San

SEP (2018)

APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación.

Recuperado de : https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/alumnos/educaci%C3%B3n%20especial/11-EQUIDAD_E_INCLUSION.pdf

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. UNESCO.

Además no se cuenta con un acopio de datos necesarios para poder hacer las adecuaciones necesarias a los niveles educativos.

Las políticas y los planes no toman en cuenta la situación de la gente con más necesidades económicas y los que se encuentran en zonas de poco acceso y rurales, entonces, esos estudiantes y maestros tienen muchos menos recursos para poder llevar a cabo la inclusión educativa como debe ser.

En cuanto a las definiciones que tienen las políticas, estoy completamente de acuerdo en que no se deja de decir educación especial, y se sigue haciendo esa discriminación con los estudiantes de necesidades especiales, y esa falta de un concepto preciso, no ayuda a los docentes y directivos a ver realmente la educación como inclusiva.

Personalmente, considero que una de las principales deficiencias es la falta de formación específica para los docentes en el manejo de estudiantes con diversas necesidades educativas. Esto genera que los maestros no siempre tengan las herramientas necesarias para responder eficazmente a los requerimientos de estudiantes con discapacidades físicas, cognitivas o sensoriales, o aquellos que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables.

Otra limitación es la insuficiencia de recursos materiales y humanos. Aunque las políticas educativas pueden establecer la obligación de proporcionar apoyos para los estudiantes con necesidades especiales, muchas veces no se materializan por la falta de inversión en infraestructura, tecnologías, o personal especializado (psicopedagogos, terapeutas, etc.). Esta carencia incrementa la sobrecarga de trabajo en los docentes, quienes deben asumir múltiples roles que exceden sus competencias iniciales.

Todas estas insuficiencias terminan impactando directamente en el quehacer docente, generando frustración. Los maestros nos enfrentamos a la demanda de ser inclusivos sin contar con el apoyo suficiente para atender a la diversidad en sus aulas, lo que afecta nuestra motivación y, en consecuencia, la calidad educativa que se ofrece a los estudiantes.

Para que las políticas de inclusión sean verdaderamente eficaces, es fundamental que se acompañen de acciones concretas que refuercen nuestra formación docente, mejoren la infraestructura escolar y promuevan un cambio en la cultura educativa que valore la diversidad como una oportunidad y no como un obstáculo.

Definitivamente, hay un desfase entre las políticas y la realidad de los contextos educativos. Ojalá puedan hacerse cambios para mejorar.

La región latinoamericana enfrenta algunos retos en la eliminación de brechas de acceso para grupos principalmente marginados, como las poblaciones indígenas, rurales y personas con discapacidad. Además, las disparidades en la calidad educativa entre áreas urbanas y rurales, además de las que se dan entre diferentes grupos socioeconómicos, subrayan la necesidad de políticas que sean más efectivas.

Por otro lado, otros retos son, la deserción escolar y la falta de una adecuada formación docente en pedagogías inclusivas .

Este tema aborda los logros alcanzados, los principales desafíos que aún persisten, y las recomendaciones necesarias para avanzar hacia una verdadera inclusión educativa en América Latina, teniendo como objetivo, el promover una educación más justa, más inclusiva y de calidad para todos los estudiantes.

los logros de aprendizaje. Muchos estudiantes, especialmente en la educación secundaria, abandonan la escuela ante la necesidad de contribuir a la economía familiar.

Sin embargo, algunos países están desarrollando diferentes iniciativas para erradicar el trabajo infantil

y garantizar el acceso y permanencia de los niños y niñas en la escuela. Un ejemplo es el programa Abrazo, de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, en el que las transferencias económicas a las familias se

complementan con otras medidas de

apoyo, como visitas periódicas a los hogares, seguimiento de casos y talleres de formación para restablecer los vínculos familiares y lograr una mayor responsabilidad y participación ( Blanco, 2014).

El Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición revela que al menos uno de cada tres niños menores de cinco años –o más de 200 millones– está desnutrido o sufre sobrepeso. Casi 2 de cada 3 niños entre los seis meses y los dos años de edad no reciben alimentos que potencien un crecimiento rápido de sus cuerpos y sus cerebros. Esta situación puede perjudicar su desarrollo cerebral, interferir con su aprendizaje, debilitar su sistema inmunológico y aumentar el riesgo de infección y, en muchos casos, de muerte ( UNICEF, 2019).

Una mirada analítica a los ámbitos escolar y laboral demuestra que el camino hacia la verdadera inclusión aún es largo. A pesar de los notorios avances normativos e institucionales, los sesgos y prejuicios todavía favorecen que ciertos grupos tengan, en lo académico, menos años de escolaridad y menor acceso a niveles educativos superiores y, en lo laboral, acceso limitado a prestaciones sociales (Solís, 2017).

La privatización es una herramienta política, que no sólo supone una renuncia por parte del Estado a su capacidad para ocuparse de los problemas sociales y responder a necesidades sociales, sino que forma parte de un conjunto de innovaciones, de cambios organizacionales y nuevas relaciones y asociaciones sociales, que en conjunto desempeñan un importante cometido en la reconfiguración del propio Estado. En este contexto, la reconfiguración de la educación otorga legitimidad al concepto de la educación como objeto de lucro, disponible mediante contrato y como una transacción de venta (Ball y Youdel, 2008).

La segmentación de los sistemas educativos, además de reproducir la desigualdad y la fragmentación social y cultural, limita el encuentro entre estudiantes de distintos contextos sociales, culturas y experiencias de vida, atentando contra una de las finalidades de la educación: la de contribuir a la cohesión social y al fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía ( Blanco, 2014).

La segmentación de los sistemas educativos, además de reproducir la desigualdad y la fragmentación social y cultural, limita el encuentro entre estudiantes de distintos contextos sociales, culturas y experiencias de vida, atentando contra una de las finalidades de la educación: la de contribuir a la cohesión social y al fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía ( Blanco, 2014).

Se discrimina a los estudiantes por su origen étnico o socioeconómico, por sus capacidades, por situaciones de vida, condiciones personales o por motivos religiosos. El hecho de que determinadas escuelas excluyan, conlleva que aquellas que aceptan a todos, que suelen ser las públicas de contextos más desfavorecidos, terminen concentrando un alto porcentaje

de estudiantes con mayores necesidades educativas que no pueden ser atendidas de manera adecuada con los recursos disponibles, dándose así la paradoja de que las escuelas inclusivas, que acogen a todos y hacen efectivo el derecho a la educación, se encuentran en una situación de desventaja, especialmente en aquellos países donde los sistemas de incentivos

están asociados a los resultados de aprendizaje (Blanco, 2014).

de los currículos deja un escaso margen para incorporar aprendizajes relevantes desde el punto de vista de las necesidades de los estudiantes y del contexto local (Blanco, 2014)

La escasez de docentes que dominen la lengua oral y escrita, y conozcan y respeten la cultura de origen de los estudiantes es un factor determinante en la falta de pertinencia de la educación, que se traduce en el abandono temprano de la escuela y en menores logros de

aprendizaje.

Es prioritario que la formación proporcione a los docentes las competencias necesarias para dominar la lengua, conocer y comprender la cultura de origen de los estudiantes y ser capaces de incorporar la dimensión intercultural en el currículo y los métodos de enseñanza para

hacer posible la relación pedagógica ( Blanco, 2014)

Para que un sistema educativo sea efectivo, no solo debe enfocarse en mejorar sus procesos internos, como la actualización de métodos de enseñanza o la formación docente, sino también en buscar soluciones a los problemas estructurales externos, como la desigualdad económica o la falta de recursos tecnológicos. Solo teniendo un enfoque integral que aborde ambos tipos de barreras puede garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes.

Blanco, R. (2014). Inclusión educativa en

América Latina: caminos recorridos y por

recorrer. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 11-35).

Solís, (2017). Discriminación estructural y desigualdad social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad.

UNICEF (2019)

La mala alimentación perjudica la salud de los niños en todo el mundo,

Recuperado de :

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/la-mala-alimentaci%C3%B3n-perjudica-la-salud-de-los-ni%C3%B1os-en-todo-el-mundo-advierte

El enfoque actual se basa en varios principios que son clave: la inclusión y equidad, atención a la discapacidad, educación para los grupos en situación de vulnerabilidad, educación intercultural, normativa y legislación, formación docente, y programas de apoyo y beca.

Todos estos esfuerzos, buscan asegurar que todos los estudiantes, sin importar su origen o capacidades, tengan acceso a una educación de calidad, equitativa y que les permita desarrollarse plenamente.

La fundamentación normativa vigente en relación con la inclusión educativa se basa en una serie de principios y normativas nacionales e internacionales, que buscan garantizar el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad, sin ninguna discriminación, y con especial atención a las personas con discapacidad, vulnerabilidad o necesidades educativas especiales.

La principal fundamentación normativa de origen internacional para esta Estrategia se

encuentra en los diferentes instrumentos que se definirán en los siguientes apartados.

Considerada el fundamento de las normas internacionales de derechos fundamentales, establece los dos derechos humanos que confluyen en la educación inclusiva: el derecho a la educación y el derecho a la no discriminación.

En su artículo 26 menciona que “Toda

persona tiene derecho a la educación”; además señala que la educación fomentará la amistad entre todas las naciones y todas las etnias y grupos religiosos; mientras que en su

artículo 7 determina el derecho a la igualdad ante la ley, complementado por el derecho a la no discriminación.

Es el tratado internacional de mayor trascendencia en materia de Derechos Humanos y

educación inclusiva de las personas con discapacidad. El artículo 24 reconoce el derecho a la educación inclusiva de este grupo de población en todos los niveles educativos y establece las acciones que los Estados parte deben cumplir para lograrlo.

El artículo 26 establece el derecho a la educación de los pueblos indígenas con igualdad de oportunidades y el artículo 27 determina que la educación para los pueblos indígenas deberá desarrollarse en cooperación con ellos y adaptarse a sus necesidades particulares de manera integral. Además, se reconoce el derecho a que los pueblos indígenas desarrollen y dirijan sus propias instituciones y medios de educación, siempre que cumplan con los parámetros establecidos por la autoridad educativa correspondiente.

En el artículo 28 se defiende el derecho de los pueblos indígenas a conservar su lengua materna, al establecer la obligación de los Estados de promover la lectura y escritura de los niños y niñas indígenas en su propia lengua, además de proveer los medios para que se enseñe la lengua nacional, a fin de que puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones, como se reafirma en el artículo 29. Finalmente, el artículo 31 menciona la obligación de los estados partes de implementar las medidas educativas necesarias para eliminar todo tipo de prejuicios que pudieran existir con respecto a esos pueblos.

El artículo 28 establece el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. La Observación General No. 1 del Comité de Derechos del Niño (2001) menciona que la

educación debe estar enfocada en el niño y cita la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales: “… que el objetivo principal de la educación es el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño tiene características, intereses y capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias”, por lo que la educación

debe adaptarse a las necesidades particulares de cada niño o niña.

Asimismo, la Observación General No. 1 menciona la importancia que tiene una educación que promueva el entendimiento y los valores expuestos en el artículo 29 de la Convención para acabar con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Asimismo, en los artículos 12, 13, 14, 15 y 17 la Convención deja clara la directiva de asegurar el derecho a la participación de la niñez y la adolescencia, al señalar que los

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, incluido su derecho a la educación, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez del niño; así como su derecho a buscar, acceder, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de asociación.

No asegurar este derecho, propicia las BAP.

Estos compromisos fueron refrendados por los jefes de Estado y de gobierno en la Declaración de Mar del Plata, durante la XX Cumbre Iberoamericana (2010), que tuvo como tema central la “Educación para la Inclusión Social”. Esta Declaración establece en su párrafo séptimo el compromiso de incorporar en los sistemas educativos el principio de la inclusión de tal manera que ninguna persona carezca de alguna oferta educativa pertinente

y oportuna a sus necesidades, expectativas, intereses e identidad, ya sea bajo la modalidad de educación formal o de educación no formal e informal.

Dentro de las once metas generales que se acordaron en el documento, la segunda consiste en “Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación”, de la cual forman parte cuatro metas específicas de interés para esta Estrategia.

En esta nueva legislación se establecen los fines de la educación, así como los alcances de los criterios de inclusión en sus artículos 2, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 30, 35, 36, 46, 47, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 99 ,102 y 170.

Su objetivo es es garantizar el derecho de todas las personas a una educación de calidad, con equidad, inclusión y en condiciones de igualdad. Esta ley establece las bases de un sistema educativo nacional que promueva el desarrollo integral de los individuos, fomentando valores como el respeto, la convivencia, la cultura de paz, la democracia, y el respeto a los derechos humanos.

La ley establece el derecho de inclusión en sus artículos 36, 37, 39, 53, 54, 89, 90 y 91. En éstos artículos la ley enfatiza que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales como el acceso a la alimentación, la educación y a la atención

medica sin importar su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos

mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad.

Los artículos 57, 58 y 59 estipulan el derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de

sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, los artículos 71, 72, 73, 74 hacen referencia al derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, al señalar que tienen derecho a ser escuchados y tomados en

cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y que las autoridades están obligadas a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de esta población

Establece en su artículo 1 que el objeto de esta es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

El artículo 9 establece que se considera como discriminación entre otras, impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos. El Sistema Educativo Nacional tiene una responsabilidad doble: por un lado, no discriminar a ninguna persona y, por el otro, generar las medidas de nivelación, medidas de inclusión y

acciones afirmativas necesarias para que todas las personas puedan gozar de manera efectiva de sus derechos y libertades en el ámbito educativo, como se establece en los artículos 15 Bis a 15 Novenus.

El PND 2019-2024 se ha propuesto no excluir a nadie del desarrollo nacional. Los principios rectores Nada, al margen de la ley; por encima de la ley, nadie y No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, fundamentan que la acción pública se desempeñará con estricto acatamiento al orden legal y en observancia a los derechos humanos de los grupos sociales que han sido excluidos y discriminados históricamente y de manera reiterada, entre ellos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Su objetivo es convertir progresivamente el actual Sistema Educativo Nacional

caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y

fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que identifique, atienda y elimine las BAP que se presentan dentro del sistema educativo y en el entorno, para favorecer el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y oportunidades.

La Estrategia se debe implementar tomando en cuenta criterios de diversidad,

territorialidad, interculturalidad e igualdad de género; y avanzar gradualmente en la

construcción de la Nueva Escuela Mexicana para todas y todos desde la comunidad, superando de manera progresiva la dispersión y precarización que se ha producido por la segmentación del sistema en modalidades y subsistemas para atender a los grupos de mayor pobreza y vulnerabilidad.

Los principios rectores que guían a la ENEI en materia de educación inclusiva buscan

eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones

estructurales que se convierten en BAP.

Armonización legislativa.

Planeación participativa.

Diagnósticos con información nominal y georreferenciada.

Gasto Equitativo para la Inclusión.

Formación docente.

Proyecto Escolar para la Inclusión.

Participación y cambio cultural.

Entornos inclusivos.

Estrategias de Evaluación para la Educación Inclusiva.

Estructura Programática y Presupuestal.

Gobernanza.

Con base en los anteriores componentes, la ENEI se ha fijado los siguientes ejes rectores, líneas de acción y metas que el Sistema Educativo Nacional implementará de forma progresiva, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas y todos los estudiantes en su amplia diversidad.

La suma de esfuerzos coordinados de los distintos órganos del Estado resultará

fundamental para concretar las acciones establecidas en la ENEI, por lo que la

estructuración de instancias de coordinación, complementada con la instrumentación de convenios de colaboración interinstitucional que delimiten el ámbito de trabajo de cada

instancia del poder público, será la base para el logro de las metas que se plantean en la estrategia y se cumplan con los principios y fines de la educación previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación integran de una manera muy acertada, los principios de equidad, inclusión y no discriminación, siempre en línea con los estándares internacionales.

Sin embargo, aunque el marco legal está alineado con las normativas internacionales, el que se logre la implementación efectiva seguirá siendo un reto. Las dificultades con las que nos encontramos como lo son la infraestructura, la formación docente y la disponibilidad de recursos seguirán siendo barreras importantes para garantizar una educación inclusiva efectiva. Por consiguiente, nuestro país y su gobierno requieren un mayor esfuerzo en la práctica para lograr una verdadera educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo mexicano.

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (n.d.) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

Ésta formación debe proporcionar a los educadores una comprensión profunda de la diversidad de los estudiantes. Esto implica conocer y valorar las diferencias culturales, lingüísticas, socioeconómicas, de género y de habilidades de los estudiantes. Los docentes deben reconocer y respetar la diversidad como un recurso en el aula, fomentando la participación activa de todos los estudiantes y promoviendo el respeto mutuo.

Además, es fundamental que la formación docente aborde específicamente las necesidades de los estudiantes con discapacidades, dificultades de aprendizaje o altas capacidades.

Los educadores deben aprender a identificar y evaluar las necesidades individuales de estos estudiantes, y adquirir las habilidades necesarias para adaptar el currículo, los materiales y las estrategias de enseñanza en función de esas necesidades. Deben conocer y utilizar metodologías inclusivas, estrategias de diferenciación curricular y tecnologías de asistencia que faciliten la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes.

en el que se desempeñe, de su especialidad o de la asignatura que imparta, necesita desarrollara lo largo del ciclo formativo ciertas competencias básicas que le permitan:

Identificar las competencias iniciales, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes,

y detectar oportunamente las dificultades que puedan presentar para proporcionarles

el apoyo y las ayudas necesarias.

• Diversificar el currículo, la evaluación y la enseñanza mediante el uso de un amplio

repertorio de estrategias y recursos educativos, basado en los principios de accesibilidad

universal, con objeto de favorecer la participación y dar respuesta a las necesidades de

aprendizaje de todos los estudiantes.

• Implementar estrategias que promuevan el reconocimiento y respeto de la lengua y

cultura de origen de los estudiantes en los procesos educativos, fortaleciendo la propia

identidad.

• Crear un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia basado en el respeto y

valoración de las diferencias, que favorezca la comprensión y las relaciones positivas

entre estudiantes y docentes.

• Generar redes y promover la colaboración entre los distintos actores de la comunidad

escolar y con otros profesionales y servicios externos en beneficio del aprendizaje de

todos.

• Evaluar, desde una perspectiva interdisciplinaria y contextual, las dificultades de aprendizaje y participación, y llevar un seguimiento de los progresos alcanzados por

  los estudiantes, así como de los cambios y mejoras en la respuesta educativa.

• Gestionar e implementar sistemas, recursos y modalidades de apoyo en sus múltiples formas, que faciliten el acceso al currículo y a las actividades escolares, en función de las necesidades detectadas a nivel del aula, la escuela y el entorno sociofamiliar.

• Diseñar y desarrollar, en colaboración con los profesores, propuestas y programaciones curriculares diversificadas que respondan a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes.

• Orientar y apoyar a la familia comprometiendo su participación en la comunidad escolar y el proceso educativo de sus hijos.

• Colaborar en la implementación, desarrollo y evaluación de proyectos educativos inclusivos y aportar a la mejora continua de la calidad de la respuesta educativa a la

  diversidad.

a modelos que los guíen al planificar y desarrollar clases diversificadas y, en consecuencia, tienen escasa experiencia personal con este enfoque. Los resultados de estudios realizados por dichos autores dan cuenta de al menos nueve actitudes y destrezas características de los docentes que promueven el aprendizaje y la participación en clases diversas, que pueden servir de referencia para orientar la reflexión de los docentes y las acciones de formación:

• Poner en claro los puntos esenciales del currículo.

• Hacerse responsable de los resultados obtenidos por los alumnos.

• Desarrollar comunidades basadas en el respeto.

• Tener conciencia de lo que conviene a cada alumno.

• Implementar rutinas eficaces para el manejo del aula.

• Ayudar a los alumnos a ser socios activos en el logro de sus metas.

• Aplicar en el aula procedimientos de enseñanza flexibles.

• Ampliar el repertorio de estrategias de enseñanza.

• Analizar el progreso individual teniendo en cuenta las metas curriculares y el crecimiento personal.

En la actualidad existe contundente evidencia respecto de que las escuelas no mejorarán, a menos que los docentes mejoren su formación, tanto individual como colectivamente.

A través de la formación, los educadores adquieren la capacidad de comprender y valorar la diversidad, adaptar su práctica educativa a las necesidades individuales de los estudiantes, establecer un ambiente inclusivo en el aula y colaborar con las familias. Solo a través de una formación docente sólida y enfocada en la inclusión educativa se puede garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera significativa a la sociedad.

Las directrices sobre políticas de inclusión en educación buscan garantizar que todas las personas, independientemente de sus características individuales, puedan acceder a una educación de calidad; y si se consigue esto, se podrá obtener una educación inclusiva que no solo garantice acceso, sino también permanencia y éxito académico, brindando un entorno de aprendizaje equitativo para todos.

En América Latina se han logrado avances importantes en términos de marcos normativos para la inclusión educativa. Muchos países han adoptado leyes y políticas que garantizan el acceso a la educación a personas con discapacidades y otros grupos vulnerables. Sin embargo, los desafíos persisten hasta hoy en día. Es por eso que se dan recomendaciones que comentan la necesidad de una mayor inversión en formación docente, recursos educativos inclusivos, y la implementación efectiva de políticas, con un enfoque certero en la equidad y la justicia social.

En cuanto a la política en Inclusión Educativa en México, se ha avanzado en la creación de un marco normativo que promueve la equidad en el acceso y la calidad educativa; además de que se han implementado programas específicos para atender a estudiantes con necesidades especiales, y también se han diseñado estrategias para la integración de grupos en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo , no deja de existir la brecha entre las políticas diseñadas y su aplicación práctica, la falta de formación especializada para docentes y las dificultades para adaptar los recursos y materiales educativos a las necesidades de todos los estudiantes.

En lo que respecta a la formación docente, se sabe que es un elemento crucial para la inclusión educativa. Los docentes deben estar preparados para manejar la diversidad en el aula y adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes.

A pesar de que en América Latina, incluyendo México, se han implementado programas de formación y capacitación, sigue siendo insuficiente en muchas regiones, y no se lleva a la práctica como debe de ser.

Se debe proponer una mayor inversión en programas de formación continua, que incluyan aspectos teóricos y prácticos sobre la inclusión, y que se enfoquen en el desarrollo de competencias que permitan a los docentes crear ambientes de aprendizaje inclusivos y equitativos.

En conjunto, las políticas de inclusión educativa en América Latina y México han mostrado avances significativos, pero también enfrentan desafíos importantes. La formación docente, la implementación efectiva de políticas y la asignación de recursos adecuados son áreas clave para mejorar.

Considero de manera personal, que al fortalecer la capacitación docente y garantizar la infraestructura necesaria , se podría trabajar en la reducción de las barreras estructurales y actitudinales que limitan el acceso pleno a una educación inclusiva para todos los estudiantes.

Revista Fuentes 5

Los cambios actitudinales hacia la integración escolar desde la perspectiva de los alumnos

Ball y Yaudel. (2008) ¨La privatización encubierta en la Educación Pública".

Blanco, (2014). Inclusión educativa en

América Latina: caminos recorridos y por

recorrer. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 11-35).

Briceño, (2021)

Aspectos que dificultan la inclusión: los problemas que persisten en el sistema educativo.

recuperado de:

https://www.aucal.edu/masteres-oficiales/master-en-psicopedagogia-y-orientacion-educativa.html

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2013). Educación inclusiva, tomo III de la colección Legislar sin Discriminación. CONAPRED.

Duk, (2014). Avances y

desafíos de la educación inclusiva en

Iberoamérica (pp. 61-70). OEI.

Leiva, (2013)

De la integración a la inclusión: evolución y cambio en la mentalidad del alumnado universitario de educación especial en un contexto universitario español.

Actualidades Investigativas en Educación

Rev. Actual. Investig. Educ vol.13 n.3 San

López, (2023) El valor de la formación docente para atender a la diversidad y facilitar la inclusión educativa.

Recuperado de: https://www.unir.net/educacion/revista/valor-formacion-docente-atender-diversidad-y-facilitar-linclusion-educativa/

SEP (2018)

APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación.

Recuperado de : https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/alumnos/educaci%C3%B3n%20especial/11-EQUIDAD_E_INCLUSION.pdf

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (n.d.) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

Solís, (2017). Discriminación estructural y desigualdad social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad.

Temático. INFORME GEM 2020

Recuperado de:

https://gem-report-2020.unesco.org/es/inclusion-y-educacion/

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. UNESCO.

UNICEF (2019)

La mala alimentación perjudica la salud de los niños en todo el mundo,

Recuperado de :

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/la-mala-alimentaci%C3%B3n-perjudica-la-salud-de-los-ni%C3%B1os-en-todo-el-mundo-advierte