• Sólo para los delitos más graves y de ningún modo para delitos políticos; 

 • a mayores de dieciocho años de edad, 

 • a mujeres que no estén embarazadas 

. El instrumento interamericano señala, incluso, tres restricciones adicionales: 

 • a personas mayores de setenta años; 

 • para castigar delitos no contemplados en el momento de la ratificación o adhesión al instrumento, y 

 • No se podrá instaurar la pena si nunca hubiera sido contemplada, ni reinstaurarla, si hubiera sido abolida. 

Con frecuencia, quienes alientan la aplicación preguntan: "¿Qué haría usted con una persona que ha cometido un delito aberrante contra alguien de su familia?" Es probable que nuestra reacción sea la búsqueda de la venganza personal. Sin embargo, cuando hablamos de pena de muerte, nos referimos a una conducta estatal, y el Estado debe guiar sus actos a partir de criterios racionales y no emocionales. De hecho, el Derecho penal fue creado para dejar de lado la aplicación de la “justicia por mano propia", el "ojo por ojo" basado en la venganza. En su lugar, debería regir el valor de la justicia democrática, propio de una sociedad capaz de mostrar mayor civilidad que las personas a quienes les aplica la ley penal. 

Para que se considere como tal, el crimen debe reunir ciertas condiciones: 

 • Debe ser perpetrado para destruir total o parcial- mente a un grupo como tal, a través de la matanza o la lesión grave a la integridad física o psicológica de sus integrantes. 

 • El grupo que pretende aniquilarse debe ser nacional, étnico o religioso. Para los genocidas, la sola pertenencia de una persona a una nacionalidad determinada, etnia o religión es motivo para su exterminio. 

Para que una detención sea válida, deben cumplirse ciertos requisitos: 

• Que la persona haya realizado una conducta prohibida por una ley y que esa ley sea anterior al hecho. 

 • Que se utilicen procedimientos previstos por la ley. 

 • Que exista una orden judicial que mande la detención o bien que la persona esté cometiendo un delito de manera flagrante.  

Cualquier detención que no respete esos requisitos implica una violación a los derechos humanos.  Frente a una detención arbitraria, contamos con la garantía del hábeas corpus. recordemos que puede ser interpuesto por cualquier persona y ante cualquier autoridad judicial, funcionario o funcionaria, quien, de manera rápida, deberá verificar si la persona detenida se encuentra en poder del Estado y constatar, además, si corresponde que tal situación persista. 

Los derechos económicos, sociales y culturales procuran la satisfacción de las necesidades que posee toda persona por su condición de tal. Un trabajo digno, el cuidado de la salud, la seguridad social. una alimentación adecuada, el acceso al agua potable, una vivienda, educación que permita que nos desarrollemos como personas resultan indispensables para que cada mujer y cada hombre tengan una vida digna 

Los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizan, esencialmente, por ser programáticos, es decir que necesitan, en mayor medida, programas orientados a  hacer realidad, en forma progresiva, el más adecua- do acceso a ellos por parte de niñas, niños, mujeres y  hombres.

Todas las personas poseen derecho a un nivel de vida adecuado y los Estados deben asegurar a cada persona y a su familia "la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios", y que "tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". 

El Derecho a la educación impone a los Estados obligaciones de distintos tipos: 

 • De respeto: Un Estado no puede impedir a ninguna persona disfrutar de su derecho a la educación. Eso ocurriría en el caso de que se cerrara una es- cuela por problemas edilicios o una universidad por cuestiones políticas, por poner dos ejemplos. Esto último fue muy común en América latina durante períodos de gobiernos dictatoriales, en los que se intervenían, se limitaba el ingreso o la permanencia o directamente se cerraban instituciones educativas. 

 • De protección: El derecho a la educación debe ser resguardado a través de medidas que eviten situaciones o permitan la acción de personas o grupos que puedan vulnerarlo. Las leyes que prohíben el trabajo infantil -es una de las causas que dificultan que niños, niñas y adolescentes acudan a la escuela- serían un ejemplo de medida que demuestra protección estatal de este derecho. 

• De garantía: Son el conjunto de acciones positivas que deben realizar los Estados para permitir el desarrollo de un sistema educativo que incluya acodas y cada una de las personas, sin distinción de ningún cipo. Para ello, es indispensable asegurar la oferta de educación gratuita y de calidad que se extienda a lo largo y a lo ancho del territorio de cada país