En los años siguientes, se promovió la cultura y religión españolas, principalmente por órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos, destacando en la evangelización y la defensa de los indígenas ante abusos.

La economía colonial se basó en la agricultura, destacando el cultivo del cacao y la extracción de bálsamo. Se estableció el sistema de encomienda y luego el repartimiento, con abusos hacia los indígenas.

Hubo mestizaje entre españoles, indígenas y africanos, generando una sociedad estratificada. Se enfrentaron incursiones de corsarios y piratas, que provocaron el abandono de algunos pueblos.

El territorio que hoy es El Salvador estuvo dividido en las provincias de Izalcos, San Salvador y San Miguel desde 1540 hasta 1580. Los alcaldes ordinarios gobernaron San Salvador y San Miguel desde 1534, cuando Pedro de Alvarado partió hacia Perú.

En 1578, San Salvador se convirtió en alcaldía mayor y se incorporó San Miguel. Durante los siglos XVI y XVII, los alcaldes mayores buscaron aumentar sus ganancias, algunos mediante prácticas corruptas. La lucha contra la piratería fue una preocupación constante, y varios alcaldes mayores fueron destituidos por malos manejos administrativos. La economía de Sonsonate fue impulsada por el cultivo y comercio del cacao, mientras que San Salvador destacó por el añil y el bálsamo. La administración colonial estuvo marcada por una serie de cambios de autoridades y desafíos económicos.

Provincias Unidas de Centroamérica luego de la independencia absoluta

El 1 de julio de 1823, la asamblea centroamericana, presidida por José Matías Delgado, proclamó la independencia de España, México y cualquier otra nación, constituyendo las Provincias Unidas de Centroamérica. En respuesta a la rebelión de Rafael Ariza, el 27 de septiembre la diputación se erigió en junta gubernativa, formando una fuerza de 2000 hombres. En diciembre de 1823, la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la Provincia de San Salvador acordaron unirse. El 5 de marzo de 1824, se instaló el congreso constituyente en San Salvador. El 12 de junio se emitió la Constitución del estado, creando el Estado de El Salvador dentro de las Provincias Unidas de Centroamérica.

Licenciado Juan Lindo, Primer Presidente de El Salvador.

Una de las causas de la derrota de los liberales y la disolución de la Federación Centroamericana fue su anticlericalismo, el fuerte sentimiento provinciano de cada región, y además la aprobación de una serie de leyes que provocaron reacciones negativas entre la población indígena. Las Cortes de Cádiz habían suprimido en 1812 los tributos de los pueblos indios. Cada vez que se querían implantar de nuevo, surgían reacciones negativas en las comunidades indígenas. Cuando Mariano Prado como jefe de Estado de El Salvador introdujo el sistema de jurados y un nuevo impuesto que tenían que pagar todos los ciudadanos, se produjeron levantamientos en Izalco y San Miguel, produciéndose en 1833 la sublevación de los indígenas nonualcos, acaudillados por Anastasio Aquino, en la población de Santiago Nonualco en el actual departamento de La Paz.

General Carlos Humberto Romero, último de los presidentes militares (1977).

Estados Unidos, preocupado por el avance del comunismo, envió asesores del Instituto Americano del Desarrollo del Sindicalismo Libre para crear la Unión Comunal Salvadoreña (UCS) y la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS). Estas organizaciones recibieron créditos para la compra de tierras y producción agropecuaria, convirtiéndose en beneficiarias de la Reforma Agraria bajo el coronel Arturo Armando Molina. Sin embargo, su impacto fue limitado, y no lograron reemplazar a la oligarquía tradicional. Los militares, aunque controlaron la sociedad, no pudieron formar coaliciones ni promover una industrialización efectiva. En 1969, El Salvador invadió Honduras en la Guerra de las Cien Horas debido a conflictos por emigrantes salvadoreños. Aunque recuperó el territorio ocupado, la guerra, mal llamada "Guerra del Fútbol", dejó más de 2000 muertos. Durante la década de 1970, la tensión política aumentó, llevando a la formación de grupos guerrilleros y culminando en una guerra civil, tras el fraude electoral y represión militar.

Durante la presidencia de Napoleón Duarte, se dio la des valoración de la moneda. Además, se tuvo que enfrentar a inundaciones, terremotos y sequía, todo esto en medio de la cruenta guerra civil salvadoreña. A pesar de esto a Duarte se le reconoce el haber iniciado los diálogos con la guerrilla en búsqueda de la paz.

En 1984, el presidente Duarte intentó la negociación de paz con la alianza FMLN-FDR en dos reuniones, pero no hubo avances significativos. En 1987, el FMLN-FDR presentó una propuesta de paz de 18 puntos. El voto popular llevó a Alfredo Cristiani de ARENA a la presidencia en 1989. El FMLN presentó su plataforma para negociar el fin de la guerra en Washington D.C. en abril de 1989. En noviembre, el FMLN lanzó una ofensiva militar llamada “Hasta el Tope”, y en diciembre se asesinaron 6 sacerdotes jesuitas. Las negociaciones continuaron, y en 1990 se firmó el Acuerdo de Caracas. Una última ofensiva del FMLN en 1990 llevó al gobierno a firmar el Acuerdo de Nueva York. En 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz en Chapultepec, poniendo fin a 12 años de guerra civil y dejando un saldo de más de 75,000 muertos y alrededor de 9,000 desaparecidos.

Esta elección se desarrolló el día domingo 7 de marzo de 1999, dando como ganadores a la fórmula presidencial compuesta por los candidatos Francisco Flores (como presidente) y a Carlos Quintanilla Schmidt (como vicepresidente) ambos miembros de (ARENA), luego de vencer con una ventaja de más de 270 mil votos a la segunda fórmula presidencial más próxima formada por Facundo Guardado (como presidente) y Nidia Díaz (como vicepresidente) miembros de (FMLN) participando bajo la coalición que tenía por nombre Coalición por el Cambio.

El terremoto de 2001 fue uno de los más fuertes registrados en El Salvador y dejó una profunda huella en la historia del país

En 2016, Funes y su familia salieron de El Salvador y se exiliaron en Nicaragua debido a acusaciones de criminalidad durante su mandato. En julio de 2023, fue sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. debido a su condena en ausencia por negociaciones relacionadas con las treguas entre pandillas que hizo mientras estaba en el cargo, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Acusado de corrupción, en 2016 se exilió en Nicaragua, donde falleció en 2025.^[

En 2018, las maras siguieron ejerciendo el control territorial y extorsionando a residentes de municipios de todo el país. Estos grupos reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a esclavitud sexual a mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos de quienes les muestran resistencia, incluidos funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas.

En general, las fuerzas de seguridad no han sido eficaces en proteger a la población frente a la violencia de las maras y a la vez, sus integrantes han cometido gravísimos abusos como ejecuciones extrajudiciales de supuestos mareros, agresiones sexuales y desapariciones forzadas.

En El Salvador todavía se encarcela a mujeres y niñas acusandolas de homicidio por presuntamente haberse realizado un aborto. Las personas LGBT son blanco de discriminación y violencia. Estas condiciones han provocado desplazamiento interno y transfronterizo.

Rendición de cuentas gubernamental

Aunque en general la corrupción y los abusos gubernamentales quedan impunes, en los últimos años El Salvador ha realizado algunas acciones para llevar ante la justicia a exfuncionarios presuntamente involucrados en crímenes.

En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistia de 1993 que prohibía el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de la guerra civil (1979-1992). Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En marzo de 2017, varios excomandantes militares fueron enjuiciados por su presunta responsabilidad en la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, en la cual murieron 978 civiles, incluidos 553 niños, y soldados cometieron violaciones sexuales masivas. A la fecha de redacción de este informe en noviembre, el juicio estaba en trámite.

Otras cuatro causas estaban abiertas pero no habían llegado a juicio, incluida una relacionada con el homicidio del arzobispo Oscar Romero quien fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla en un hospital en marzo de 1980. Esto ocurrió un día después de que en su homilía transmitida por radio implorara a los soldados que pusieran fin a la represión y a los asesinatos. En octubre, un juez dispuso la detención del excapitán Álvaro Saravia por su presunto rol en la planificación del delito.

En septiembre, un tribunal condenó al expresidente Antonio Saca y a varios miembros de su gobierno a penas de 5 y 10 años de prisión por la malversación de fondos públicos por más de USD 301 millones para enriquecimiento personal y para sobornar a funcionarios y periodistas durante su presidencia (2004-2009). La sentencia se dictó tras la detención, requerida por el Fiscal General, de 32 personas que integran el grupo de allegados del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) debido a una presunta malversación de USD 351 millones, a través del mismo mecanismo. En enero de 2016, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) falleció mientras estaba siendo investigado por delitos similares.

El Plan Control Territorial fue lanzado el 20 de junio de 2019 con el objetivo de proteger la vida de los salvadoreños honrados y terminar con los grupos de pandilleros, consta de siete fases, de las cuales cinco han sido lanzadas.

La fase uno del plan, denominada Preparación, incluyó el control de los territorios y el componente represivo contra los criminales; la fase Dos, ejecutada desde el 2 de julio de 2019, llamada Oportunidades es orientada a generar mejores condiciones para los jóvenes y prevenir la violencia; la fase Tres, ejecutada desde el 30 de julio del 2019, es la de Modernización de las fuerzas de seguridad del Gobierno; y la fase Cuatro, es de Incursión está en vigor desde el 19 de julio del 2021 tiene la finalidad la de recuperar los territorios en las comunidades, donde operaban los pandilleros. Ayer el Presidente Nayib Bukele lanzó la fase Cinco, la Extracción de criminales.  

Durante el lanzamiento de la fase Cuatro del Plan Control Territorial, el Presidente Nayib Bukele anunció la incorporación de 1,046 nuevos soldados de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC).

En esta fase se incluyó el Plan Transporte Seguro, que ha dado protección a usuarios en los autobuses y microbuses del transporte público, así como en las terminales y paradas. 

Las cinco fases del Plan Control Territorial son ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Gobierno en el marco del respeto a los derechos humanos, la investigación e inteligencia de los casos.

Los resultados del Plan Control Territorial son medibles y con este se está llevando al país a otro nivel: El Salvador ya no es el país más violento del mundo, con la Guerra contra las pandillas se crean las condiciones para la convivencia en paz y el desarrollo económico en los diferentes rubros.

El mandatario advirtió desde el pasado 3 de mayo que el país se encuentra en la "etapa de máximo contagio comunitario", por lo que se va "en camino al colapso de nuestro sistema de salud" en caso de no tomarse este tipo de medidas estrictas de aislamiento obligatorio para frenar la propagación del coronavirus.

"Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con las molestias que genere, con los ataques que le hagan (...) En esta cuarentena nos jugamos el futuro de nuestro país y la salud y las vidas de nuestras familias", señaló el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en sus redes sociales.

A las personas solo se les permitirá salir a comprar alimentos y medicamentos dos veces por semana y se les exigirá seguir cierto orden, determinado por sus números de identificación nacionales. "Fue muy difícil para nuestra fuerza pública saber si (las personas) iban a comprar comida o no, si era la primera vez o no", explicó Bukele..

"Si hacemos todo esto, no salimos de compras solo para interrumpir la cuarentena o para ir a una fiesta, vamos a bajar la curva (de contagio)", dijo el presidente en un discurso el martes por la noche. "Si no lo hacemos, no solo nos pondremos en riesgo a nosotros y a nuestra familia, sino que también infectará a otras personas que también van a morir". 

El endurecimiento de las medidas contrasta con la vecina Guatemala, donde comenzó una reapertura gradual esta semana, incluidos los centros comerciales. Bukele también adoptó un enfoque radicalmente diferente al de la cercana Nicaragua, donde no se implementaron medidas de distanciamiento social y el Gobierno de Daniel Ortega continuó promoviendo eventos públicos.

El secretario jurídico del Gobierno, Conan Castro, añadió que "esto es como una guerra" y que "no estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud".

El transporte público no podrá circular durante 15 días en El Salvador

En las calles del departamento de San Salvador, donde está ubicada la capital del país, se intensificaron desde este jueves los controles de los cuerpos seguridad y se pudo observar una considerable disminución de las personas transitando a pie. Esto debido a que el sistema de transporte público se detuvo.

De hecho, la principal medida para evitar la movilidad de los ciudadanos, incluso de los que tienen autorización para salir por el tipo de trabajo que desempeñan, es justamente la prohibición de la circulación del transporte público por quince días. Las únicas excepciones son los vehículos personales de trabajadores autorizados y los automóviles particulares o estatales que movilizan al personal de salud.

Un agente policial hace un control de tránsito a un motociclista en una avenida de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2020. © Rodrigo Sura / EFE

La mayor concentración de contagios en El Salvador se encuentra en la capital. Por eso, Bukele dijo que no será permitido viajar entre municipios sin una carta que demuestre que esas personas necesitan desplazarse a un municipio donde no viven para trabajar. Incluso los empleados de actividades relacionadas con la salud, la agricultura y la distribución de alimentos, entre otras, que están autorizadas, deberán portar esa carta.

Tan solo los bancos, farmacias, supermercados y lugares que venden alimentos básicos podrán abrir sus puertas, mientras que entre las industrias que tienen prohibida sus actividades hasta el próximo 21 de mayo se encuentran la de bebidas alcohólicas, carbonatadas, frituras y cadenas de panaderías.

Los polémicos "centros de contención" creados por Bukele para recluir a quienes violen la cuarentena

Esta cuarentena más estricta se instaló el mismo día que entró en vigor una ley aprobada por el Congreso que autoriza al Ejecutivo a detener y confinar en "centros de contención" a las personas que violen la cuarentena domiciliar, que rige en el país desde el pasado 21 de marzo. La Corte Suprema del país dictaminó que esas detenciones son inconstitucionales, pero Bukele se ha negado a ceder.

Dichos "centros de contención" han recibido al menos a 4.000 personas desde que la pandemia llegó al país y su creación ha generado fuertes críticas, tanto a nivel nacional como internacional, por el hacinamiento y los presuntos abusos al interior de estos recintos. De hecho, algunos de ellos han pasado más del tiempo establecido (30 días) y no han recibido los resultados de sus pruebas diagnósticas para saber si tienen o no Covid-19.

Las personas, que fueron detenidas por violar las medidas de cierre nacional de El Salvador, hablan con los medios de comunicación mientras protestan después de que las autoridades gubernamentales no los liberaron a pesar de haber cumplido su cuarentena obligatoria en un centro de detención en San Salvador, El Salvador, el 4 de mayo de 2019. © José Cabezas / Reuters

Al menos 300 personas detenidas en dos centros protestaron el pasado lunes y exigieron, además de ser liberados, recibir los resultados de sus pruebas. "Nosotros lo único que pedimos a las autoridades gubernamentales es que nos den el resultado de las pruebas de Covid realizadas para poder darnos de alta", señaló uno de los reclusos.

A pesar de estas fuertes críticas en contra de la mano dura de Bukele por esta medida, así como por su aprobación de usar "fuerza letal" contra las pandillas, más conocidas como maras, tras el repunte de asesinatos en el país durante la cuarentena, las encuestas de popularidad de abril mostraron una aprobación abrumadora por las duras medidas de Bukele contra el virus.

Hasta la fecha, El Salvador ha registrado 695 casos confirmados de coronavirus, 15 fallecimientos relacionados con la enfermedad y 245 pacientes recuperados, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins.

Lo más relevante de las elecciones legislativas y municipales fueron sus resultados: la súper mayoría parlamentaria del partido Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa y la mayor parte de alcaldías del país también en manos del partido del presidente Nayib Bukele. Y más relevante aún han sido las consecuencias de la referida correlación política, sobre todo parlamentaria.

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General

El 1o de mayo, en su primera sesión plenaria, la nueva legislatura controlada por el oficialismo destituyó sin una evaluación previa y sin seguir el debido proceso a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, hecho que ha sido calificado por diversos sectores nacionales y de la comunidad internacional como un atentado contra la institucionalidad y un retroceso en el incipiente proceso democrático del país.

La aprobación de la “Ley Alabí” y el cierre de la CICIES

El 5 de mayo la recién estrenada nueva mayoría parlamentaria aprobó una de las normativas más cuestionadas por las organizaciones que trabajan por el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de Covid-19″, etiquetada popularmente como “Ley Alabí”, debido a que fue presentada por el ministro de Salud, Francisco Alabí.

La normativa en cuestión impide investigar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos durante la pandemia y también imposibilita que la población demande ante posibles casos de mala praxis médica. La aprobación e implementación de esta criticada ley fue uno de los motivos de divergencia entre el gobierno y la CICIES.

La implementación del Bitcoin y el anuncio de la “Bitcoin City”

El 8 de junio la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron sin ningún debate técnico, a espaldas de la población y en un proceso legislativo que solo duró un par de horas, una ley que introduce al Bitcoin como moneda de curso legal, a pesar de la alta volatilidad del criptoactivo y su falta de practicidad como moneda de cambio. La medida ha generado críticas de los más diversos actores e instituciones, desde economistas críticos hasta instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La herencia mortal dejada por estos criminales marcaba días con hasta 30 homicidios y en tres décadas de los gobiernos pasados hubo solo un día sin asesinatos.

Los medios de comunicación opositores, para hacer crecer sus ratings de venta, se encargaron de exacerbar las macabras escenas de dolor y muerte que causaban las pandillas, que crecieron al amparo de gobiernos que pactaron con el dolor del pueblo a cambio de réditos político-electorales.

En una pensada y planificada estrategia de seguridad pública, el 27 de marzo del 2022, bajo la figura constitucional del régimen de excepción, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele emprendió la denominada Guerra contra las pandillas.

Con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad ejecutaron operativos para capturar a todos los pandilleros identificados en fichas policiales, con antecedentes criminales y todo aquel tatuado con sus macabras señales de la pandilla, aplicando nuevas leyes actualizadas en la lucha contra las organizaciones catalogadas como terroristas.

La Guerra contra las pandillas continúa y dentro de la Fase 5 del Plan Control Territorial, el Gobierno ejecuta tres cercos de seguridad: en todo el municipio de Soyapango y en las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, ambas de San Salvador con millares de detenciones.

Todo el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada ha rendido sus frutos en los nueve meses de ejecución del régimen de excepción con más de 60,400 pandilleros capturados y 168 días sin asesinatos (desde el 27 de marzo a la fecha). El Salvador era el país más peligroso del mundo y ahora es considerado el más seguro de América Latina.

Desde que el Presidente Nayib Bukele asumió el poder el 1 de junio de 2019, a esta fecha se contabilizan 264 días con cero homicidios, y han bajado los índices de otros graves delitos como la extorsión y el narcomenudeo de drogas, actividades con las que se financiaban esos grupos terroristas.

Bukele aventajó así en más de diez veces a su principal rival, Manuel 'El Chino' Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que solo ha logrado 204.167 votos (6,25%), seguido de Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con 177.881(5,44%), Luis Parada, de Nuestro Tiempo, con 65.076 (1,99%), José Javier Renderos, de Fuerza Solidaria, con 23.473 (0,72%) y Marina Murillo, de Fraternidad Patriota Salvadoreña, con 19.293 (0,59%). Así, el conjunto de la oposición solo ha aglutinado el 17,34% por ciento de los votos.

De esta manera, se confirma la victoria de Bukele, quien ostentará la Presidencia durante un segundo mandato de cinco años a partir del próximo 1 de junio, a pesar de que varios artículos de la Constitución impiden la reelección, si bien los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, elegidos por la Asamblea Legislativa en la que su partido cuenta con mayoría, allanaron el camino con una nueva interpretación de la Carta Magna.

Logros:

• Seguridad:

  El Salvador logró reducir significativamente la tasa de homicidios, convirtiéndose en uno de los países más seguros de la región y del mundo. 

• Economía:

  Aunque con una desaceleración en 2024, la economía mostró signos de recuperación en 2025, con proyecciones de crecimiento del 2.5%. 

• Desarrollo social:

  Se avanzó en la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida, especialmente en las áreas urbanas. 

• Población:

  El Salvador superó los 6 millones de habitantes, según los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024. 

Desafíos:

• Desaceleración económica:

  La economía salvadoreña se desaceleró en 2024, con proyecciones de crecimiento menores a las esperadas. 

• Crisis en Salud y Educación:

  Despidos masivos, falta de medicamentos y promesas sin cumplir afectaron a estos sectores. 

• Cooperación internacional:

  El congelamiento de la cooperación de EE.UU. a El Salvador tuvo un impacto negativo en proyectos de salud, educación y prevención de la violencia. 

• Desigualdad social:

  A pesar de los avances, la desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres persisten. 

• Cambio climático:

  El fenómeno de El Niño afectó la seguridad alimentaria y la productividad agrícola. 

• Derechos humanos:

  El Salvador continúa sin reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento de género para personas transgénero. 

En resumen, 2024 y 2025 fueron años de transición para El Salvador, con logros en seguridad y economía, pero también desafíos en salud, educación y cooperación internacional, así como desafíos persistentes en áreas como la desigualdad social y la protección de los derechos humanos