La minería legal y la que realizan grupos del crimen organizado representan un riesgo para el suministro de agua potable en la entidad, debido a la contaminación con arsénico, de acuerdo con estudios de las universidades de Colima y de Harvard.

De acuerdo con el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, las actividades de la minera Peña Colorada, del Grupo Ternium (que forma parte del grupo italo-argentino Techint) y de las siderúrgicas Hylsa y Grupo Imsa ha causado severos daños al entorno y a los acuíferos, al talar alrededor de 62 mil árboles, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en perjuicio de más de 300 mil habitantes de ambos municipios.

Valencia Montes indicó que la extracción de hierro a cielo abierto es una de las actividades más contaminantes del aire y el agua, y se intensificará porque Peña Colorada descubrió recientemente un yacimiento valuado en 20 mil millones de dólares.

El ex funcionario llamó a tener cautela y a no poner en peligro el abasto de agua para Colima y Villa de Álvarez.
Riesgos para la salud

De acuerdo con un estudio elaborado por las universidades de Colima y de Harvard, dado a conocer en marzo pasado, las aguas de la entidad contienen altas concentraciones de arsénico, lo que aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer.

La investigación, realizada en 2016, se concentró en identificar riesgos para la salud en caso de ingestión crónica de arsénico en el agua potable, para lo cual se tomaron muestras de 36 pozos en 10 acuíferos de la entidad, principalmente de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

En el estudio se indica que las altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas podría ocasionar 446 casos de cáncer y otras enfermedades.

Las zonas más afectadas son Flor de Coco y El Paraíso, este último uno de los lugares turísticos del municipio y que prácticamente ha sido abandonado tanto por el gobierno del estado como por la administración municipal a cargo de Salvador Bueno.

El pasado martes, los habitantes de la colonia Flor de Cocos bloquearon la carretera libre a Manzanillo e impidieron el paso de los automovilistas que pretendían llegar a su destino a través de ese vía porque la autopista se encontraba cerrada tras el accidente de una pipa que transportaba combustible.

Los afectados expusieron que el Ayuntamiento de Armería no resuelve el problema de la falta de agua y sólo se excusa mencionado que esto se debe al adeudo que el municipio tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ellos tienen que solucionarlo porque estamos en una situación grave. Quisiéramos que vivieran casi 20 días sin agua para que se den cuenta el problema que tenemos. No tenemos agua ni para lavarnos las manos”, denunció una de las afectadas.

Advirtieron que de no solucionarle el problema a la brevedad, continuarán con los bloqueos y convocarán a la población en general a realizar plantones permanentes afuera de la presidencia municipal, “porque tenemos a un alcalde que no da respuesta de nada; como si no tuviéramos autoridad, así nos sentimos” sentenció uno de los inconformes. 

La LAN se promulgó en 1992 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2016.

Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores.

A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo normará.

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.

• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.

• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.

• Las malas condiciones de la infraestructura.

• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.

• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.

• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.

• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.