La ley de Reforma Agraria fue dictada el pasado 6 de marzo. Esa madrugada el Ejército ocupó militarmente todas las fincas agrícolas con una superficie superior a las quinientas hectáreas. Según los datos más fiables, eran unas 260 propiedades. El Gobierno justificó el despliegue militar diciendo que era necesario «proteger a los campesinos de los anteriores propietarios».

Ocho meses después, el Ejército sigue ocupando las fincas, sin que ello haya impedido la muerte de más de 3.000 campesinos. Uno de los colaboradores más directos del presidente del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria) admite que «la reforma agraria está siendo utilizada para ocupar el país y controlar zonas a las que el Ejército apenas tiene acceso». «No utilice mi nombre», añade, «porque aquí le matan a uno por menos de eso».

Y dice más: «No se trata sólo de la ocupación que se mantiene desde el 6 de marzo. Desde hace algunas semanas se han empezado a crear comités de defensa civil en las cooperativas. Ya funcionan unas veinte y tienen intención de extenderlas a todas las propiedades intervenidas. Es gente civil, armada, de extrema derecha en su mayoría, que los cooperativistas tienen que alimentar y pagar a la fuerza. Muchos pertenecen a la desarticulada organización ultraderechista Orden y son los mismos que ya nos han matado a doscientos cooperativistas. Nosotros no hemos tenido problemas senos con la izquierda, los tenemos con los militares y el Gobierno mismo».

El miedo al terrateniente y a sus posibles represalias en el caso de que se retroceda a la situación anterior ha hecho que muchos campesinos se hayan negado a formar parte de las cooperativas. «En las fincas ocupadas tenía que haber más de 350.000 personas y apenas hay unas 100.000. El miedo es doble, a los dueños de las tierras y a las Fuerzas de Seguridad, que dicen defender la reforma agraria. Hay una verdadera persecución a todo aquel que está organizado, porque se piensa que ha de ser marxista, y de esta persecución no se han librado los cooperativistas».

Esta obstrucción gubernamental a su propia reforma agraria tiene muchos ejemplos. A los doscientos cooperativistas asesinados se unen los siete atentados contra el presidente del ISTA, Rodolfo Viera, un campesino procedente del sector democristiano. Ante estas oficinas, que se consideraban el último reducto del coronel Majano, estalló la bomba que pretendía acabar con su vida, y aún son visibles las. huellas en techos y ventanas del edificio.

El boicoteo del Gobierno obligó a los ingenieros del ISTA a realiza una huelga general en abril, por que no llegaban los créditos para poner en marcha las cooperativas. «No había ninguna excusa en est retraso, porque el Gobierno acababa de nacionalizar la banca. Este boicoteo era un auténtico suicidio porque ninguna de estas grande fincas hubiera cosechado este año a no ser por las cooperativas. Gracias a la reforma vamos a mantener una producción similar a la de año anteriores, aunque ha descendido la cosecha de caña, fréjoles y maíz»