Tipo de población: Rural

Actores gubernamentales relevantes: Provincial de Minería de Dirección del Minería de la Productión Provincia de Buenos Aires., Cámara de Diputados Provincial., Ministerio de la Produccin de la Provincia.

Organización de la sociedad civil : Ong Ambiente Comarca, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la ventana y Villa Ventana

Es un proyecto de construcción del complejo hidroeléctrico por las represas: La Barrancosa y Condor Cliff, siendo el tercero de importancia en nuestro país.

Se busca generar energía hidroeléctrica para todo el país, pero sus consecuencias conllevan al conflicto.

Esto viene desde hace 40 años, pero se concretó entre 2011-2015 con Cristina Kirchner, donde, a su vez, dentro de los agentes se encontrarán 2 Estados-Nacionales ya que hay un acuerdo con el gobierno chino y es quien aporta fondos. Además del Gobierno Nacional Argentino, Ministerio Nacional de Energía y Minería Secretaría Nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gobierno de Santa Cruz, Gobierno de China, Vecinos, ciudadanos y comunidades.

Como se mencionó anteriormente, tiene fuerte impacto ambiental, afectando la biodiversidad, conllevando a inundaciones, calentamiento global, pérdida de paisaje/degradación estética, deforestación y pérdida de cobertura vegetal, contaminación de aguas superficiales y disminución de la calidad del agua. También, conlleva a un desplazamiento de poblaciones rurales y modifica el modo de vida de las comunidades locales.

No obstante, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no había gestionado los residuos y los impactos ambientales de la explotación previa, lo que despertó preocupaciones ambientales y de contaminación.

Esto conllevó a que se formaran grupos de oposición y apoyo en San Rafael y sus alrededores, lo que generó una división en la comunidad.

Se interpuso un amparo que resultó en una medida cautelar que impidió la reapertura de la mina. La ley provincial 7722, sancionada en 2007, prohibió el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico, que era necesario para la extracción de uranio. Y para 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la decisión de un juez federal, bloqueando legalmente la explotación de la mina.

Sus actores involucrados fueron: 

• La CNEA: dueña de la mina y responsable de su explotación.

• El gobierno provincial de Mendoza: que estableció condiciones para la reapertura, remediación ambiental y el cumplimiento de la Ley 7722.

• Justicia: Los jueces federales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervinieron para bloquear la reapertura de la mina por razones legales.

Las organizaciones presentes fueron:

• Multisectorial del Sur: Organización opositora, formada por empresarios, ambientalistas y ciudadanos preocupados por el impacto de la mina.

• Uranio? No Gracias: Colectivo formado por productores orgánicos en oposición a la reapertura.

• Grupo de la Villa 25 de Mayo: Compuesto por ex-trabajadores de la mina, quienes defendían la reapertura

¿De qué modo la población se veía afectada? En general, las comunidades y empresas se notaban preocupadas por los impactos negativos en el turismo, la salud pública y el medio ambiente, que podrían afectar la economía local basada en la agricultura y el turismo. Por otro lado, los sectores agrícolas y de producción, temían que la contaminación afecte sus cultivos y modos de vida. 

Fue declarada área natural protegida en 1980, y declarada humedal de importancia mundial (Sitio Ramsar) en 1995. El área también es de interés para la explotación petrolera. En 1999, Repsol propuso una nueva tecnología (técnica de segmentos horizontales) para extraer petróleo y presentó un pedido de ensayo. Este pedido fue aprobado sin la presentación de un estudio de impacto ambiental. Luego se propuso la ampliación del proyecto con 8 pozos adicionales, que fue aprobado. Sin embargo, una de las grandes problemáticas, fue que la reserva natural no tenía estipulados sus límites territoriales. Además, la audiencia pública se llevó a cabo con importantes irregularidades e incumplimientos.

En 2009, Repsol presentó un nuevo proyecto para explotar otros 25 pozos. Un año después el gobierno le otorgó el permiso, ese mismo año, un poblador de la zona radicó una denuncia por contaminación de la napa freática a causa de un pozo petrolero. 

Grupos movilizándose:

- Grupos indígenas o comunidades tradicionales.

- Vecinos y ciudadanos.

- Científicos y profesionales locales.

- Agricultores y campesinos.

Impactos ambientales:

Visibles: contaminación o agotamiento de las aguas subterráneas.

Potenciales: contaminación atmosférica, pérdida de biodiversidad y de degradación paisajística/estética, contaminación acústica y de suelo, derrames de petróleo, deforestación y pérdida de cobertura vegetal, reducción de la conectividad ecológica/hidrológica.