El conflicto armado colombiano en la actualidad es el único conflicto activo en Latinoamérica y el más longevo de la región, durante 5 décadas de confrontación armada han sido muchos los cambios ocurridos en el escenario internacional y en las dinámicas políticas y militares; los actores enfrentados en él hacen su complejidad y longevidad necesaria una amplia revisión teórica, que permita su comprensión académica y abordaje conceptual. Hoy este conflicto social focalizado especialmente en el oriente y noroccidente del país que presentan menores niveles de desarrollo económico y social, por lo cual tienen un valor estratégico importante debido a la presencia de cultivos ilícitos y de mayor activismo guerrillero. De este modo la geografía política se reivindica como disciplina de análisis ofreciendo una comprensión de las dinámicas de la violencia; como las posibilidades de construcción de paz sobre todo teniendo en cuenta el actual proceso de diálogo con las FARC y el ELN, sin embargo es poco lo que sabemos sobre la magnitud, de las diferentes formas que adoptan y  la vulnerabilidad resultado del ejercicio de una función pública en condiciones precarias. Dentro de una sociedad carente de justicia social y enfrentada a grandes conflictos y desigualdades. (Rosero, 2013).

En el bajo cauca antioqueño, especialmente en el municipio de El Bagre Antioquia, tenemos una situación muy complicada por la presencia de diferentes grupos armados: Clan del golfo y las disidencias de las Farc. La falta de oportunidades y la situación económica ha empujado a muchos a trabajar en la economía ilegal que financian estos grupos, por esta razón nuestra zona es la más afectadas por esta problemática, ya que hemos sido atemorizado por muchos años.  Este problema social ha venido operando desde hace mucho tiempo en la región y tienen en control del territorio, por eso muchos jóvenes toman la decisión de coger el camino de las armas, por la falta de oportunidades de estudio, empleo y calidad de vida.

Los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley afectan a nuestro territorio y comunidad en general, porque seguimos expuestos a estas acciones de violencia, por los ataques directos e indirectos, secuestros, reclutamientos forzados y homicidios, por esta causa muchas familias se ven obligadas a salir de sus casas, abandonando sus pertenencias. Aquí se violan los derechos de las personas, los principio y valores civiles, todo el tiempo nos sentimos atrapados sin encontrar una salida, porque no hay justicia y no pasa nada. (Salas, 2016).

Los daños causados por el conflicto armado se adquieren en diferentes dimensiones que varían de acuerdo con la experiencia de cada individuo, no obstante, el impacto de esta problemática se visibiliza en diferentes planos de la vida de las personas, en algunos se expresa de forma directa sobre sus cuerpos, en  otros en lo emocional y moral. Por eso se debe fortalecer el acompañamiento psicosocial, jurídico, y demás actividades que debe realizar el ministerio público y las autoridades; con el fin de mitigar esas consecuencias de los daños causados en nuestras poblaciones y evitar hechos de revictimización.

“Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones, fallecimiento y desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero.

Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia".

“Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley.

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.” (artículo 25 de la Ley 1448 de 2011).