Actualmente, el artículo incluye causales como el vencimiento del plazo (c) o la decisión basada en un análisis de riesgo (h), sin detallar criterios claros para dichas evaluaciones. Esta vaguedad genera incertidumbre legal y puede ser interpretada de forma arbitraria por las autoridades competentes.

La doctrina constitucional subraya que

“Las disposiciones normativas … deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra la certeza … y se evita la inseguridad jurídica” Scribd.

2. Riesgo de decisiones arbitrarias

Sin parámetros objetivos ni requisitos metodológicos para validar, por ejemplo, que "no es necesario continuar con el servicio" (h), se abre la posibilidad de decisiones irracionales. La falta de transparencia en los análisis de riesgo puede erosionar la confianza del ciudadano en el sistema constitucional.

3. Necesidad de mecanismos de revisión y supervisión

Las causales como la renuncia (d) o la solicitud expresa (g) parecen razonables; sin embargo, casos como el uso indebido de recursos (f) requieren un procedimiento sancionador claro y una vía de recurso para quien considere que se omitió una revisión justa.

4. Mejora en eficiencia y justicia

Una redacción actualizada podría:

• Establecer plazos y formatos de notificación (por vencimiento o análisis de riesgo).

• Exigir criterios técnicos explícitos para decisiones de cese.

• Incluir un mecanismo de consulta o revisión impugnable en casos dudosos.

• Detallar que el análisis de riesgo sea elaborado por peritos independientes y revisado por instancias técnicas — evitando interpretaciones subjetivas.

Propuesta resumida para una redacción más eficiente y justa

Problema identificado Propuesta de solución Falta de criterios claros para análisis de riesgo (h)Incluir que solo pueden concluir el servicio con base en un análisis técnico documentado y sujeto a revisión Vencimiento de plazo sin procedimiento formal (c)Exigir notificación escrita y previo análisis de continuidad o necesidad del servicio Omisión de revisión en casos de solicitud voluntaria (g)Incorporar validación técnica o jurídica, según corresponda Uso indebido de recursos (f) sin vía de defensa Establecer procedimiento sancionador claro y posibilidad de impugnación

Conclusión

Modificar el Artículo 12 permitiría un marco más transparente, previsible y justo. Al precisar criterios, mecanismos de revisión y principios técnicos, no solo se fortalece la seguridad jurídica — esencial en materia constitucional — sino que se promueve una administración del servicio de seguridad más eficiente y legítima.

Artículo 12.- Conclusión del servicio de seguridad y protección.
El servicio de seguridad y protección se da por concluido de manera definitiva, cuando se acredite una de las siguientes circunstancias:
a) Fallecimiento.

h) Cuando el Análisis de Riesgo Personal, determine que no es necesario continuar con el servicio otorgado.

Propuesta de redacción actualizada:

Artículo 12.- Conclusión del servicio de seguridad y protección.
El servicio de seguridad y protección se da por concluido de manera definitiva, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento.
b) Inhabilitación del ejercicio de los derechos civiles.
c) Vencimiento del plazo establecido en el presente reglamento, previa notificación escrita al beneficiario con un plazo mínimo de 15 días para la evaluación de continuidad o renovación del servicio.
d) Renuncia voluntaria o cese en el cargo, siempre que se presente por escrito y esté acompañada de un informe técnico o jurídico que avale la decisión, según corresponda.
e) Privación de la libertad.
f) Uso indebido del personal policial o de los recursos asignados para la seguridad y protección en actividades ajenas al servicio, acto que debe documentarse y fincar responsabilidades, previa apertura de un procedimiento interno y derecho a defensa del afectado.
g) Solicitud expresa dirigida al Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público por escrito, con reconocimiento de los riesgos derivados de la conclusión del servicio.
h) Cuando, a juicio técnico fundamentado elaborado por una unidad especializada o peritos independientes, el Análisis de Riesgo Individual determine que no es necesario continuar con el servicio otorgado; este análisis debe contener los criterios utilizados, ser motivado por escrito y estar sujeto a revisión administrativa en un plazo máximo de 5 días hábiles.
i) Negligencia sistemática del beneficiario en atender o seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por el personal asignado, siempre que dicha negligencia se haya documentado, se fundamente el riesgo efectivo generado y se haya dado la oportunidad de rectificación en un período no menor a 10 días.

Justificación del enfoque jurídico y técnico:

• Claridad procedimental: Se define cómo debe acreditarse cada causal, incorporando notificaciones, plazos y formatos formales.

• Seguridad jurídica: Los beneficiarios conocen sus derechos y las condiciones para la conclusión del servicio; se prevé un plazo para análisis, corrección o apelación.

• Transparencia y revisión: El análisis de riesgo debe ser técnico, fundamentado y revisable; en casos sensibles (como uso indebido o negligencia), se da paso a procedimientos internos y derechos de defensa.

1. Mayor seguridad jurídica y transparencia: Al incorporar criterios y plazos claros para la conclusión del servicio (como notificaciones, informes técnicos y procedimientos documentados), tanto los beneficiarios como la Policía Nacional sabrán con certeza cuándo y en qué condiciones termina el servicio. Esto reduce la arbitrariedad, aumenta la confianza institucional y fortalece el Estado de derecho.

2. Prevención de abusos y mejora en la gestión: Establecer mecanismos técnicos y revisiones administrativas —especialmente para el análisis de riesgo— permite decisiones más objetivas y fundamentadas. Esto contribuye a una administración más eficiente y justa, en línea con la función preventiva de las garantías constitucionales Polo del Conocimiento.

Posibles impactos negativos

1. Carga administrativa y demanda institucional: La exigencia de informes técnicos motivados, notificaciones formales y procedimientos internos podría generar demoras operativas o requerir recursos adicionales de la Policía y del Ministerio Rector. Esta complejidad podría ralentizar respuestas rápidas cuando se requiere celeridad.

2. Riesgo de sobrecarga judicial en impugnaciones: Si los beneficiarios cuestionan los análisis de riesgo o las notificaciones, se podrían presentar más acciones de protección. Considerando ya existe preocupación por abusos o excesos de estos recursos en el sistema judicial —con incrementos del 211 % en trámites en pocos años— podría agravar la saturación de los juzgados PrimiciasPolo del Conocimiento.

En conjunto, los beneficios en términos de justicia, seguridad y transparencia resultarían significativos; sin embargo, sería clave anticipar y mitigar los posibles costos operativos y judiciales mediante capacitación, protocolos claros y recursos adecuados.

A continuación, se presenta una versión revisada del artículo, con mejoras en precisión, claridad y procedimiento técnico, resaltando los cambios sugeridos en negrita:

Art. 9.- Análisis de Riesgo Personal.
Es un proceso metodológico, técnicamente estandarizado, de recopilación y levantamiento de información, de carácter reservado, mediante el cual se identifican y analizan las amenazas, vulnerabilidades, potenciales daños y consecuencias a que está expuesto un funcionario o exfuncionario público —tanto durante como al término de su ejercicio—, con el fin de determinar su nivel de riesgo individual y establecer el dispositivo de seguridad y protección correspondiente, en función de instrumentos técnicos previamente validados.

1. Este análisis deberá elaborarse por personal especializado, utilizando instrumentos estandarizados, y su justificación técnica debe ser documentada por escrito.

2. Debe realizarse:

   • Al inicio de la prestación del servicio,

   • Con carácter semestral, o más frecuentemente, cuando el beneficiario lo solicite amparado en una nueva amenaza o riesgo sustentado, o cuando se identifiquen cambios significativos en su entorno de seguridad.

3. Los resultados serán materializados en un informe técnico motivado, que contenga:

   • a) Descripción detallada del nivel de riesgo;

   • b) Justificación del método utilizado y criterios técnicos;

   • c) Recomendación específica del nivel de protección.

4. El informe será comunicado al beneficiario por escrito, quien podrá solicitar revisión dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles.

5. Además, el análisis podrá ser revisado por una comisión técnica interna o peritos externos, en casos de discrepancias o de recursos interpuestos por el beneficiario.

Motivos de la modificación

• Mayor rigurosidad y transparencia: la exigencia de personal especializado, instrumentos estandarizados y documentos escritos evita decisiones arbitrarias.

• Flexibilidad y actualización constante: el semestral y bajo demanda permite adaptarse a cambios en el contexto de riesgo del beneficiario.

• Derecho a revisión efectiva: el plazo y posibilidad de revisión fortalecen la protección de derechos ante posibles inconsistencias técnicas.