La Administración Pública Federal estaba integrada, hasta el año pasado, por un millón 320,175 puestos, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El primer paso del proyecto de AMLO inició con la reforma a la Ley Orgánica de la APF a fin de eliminar duplicidades y fusionar áreas, lo anterior con miras a ahorrar el equivalente a 10,104 millones de pesos en servicios personales de toda la APF, suma que se pretende también ahorrar en el 2020, según la SFP.

A raíz de la crisis generada por el coronavirus, se aplicaron nuevas medidas de austeridad como la reducción del salario de manera voluntaria de los altos funcionarios en hasta 25% de manera progresiva, la cancelación de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año de servidores públicos, además de eliminar 10 subsecretarías a nivel federal.

Los recortes a la burocracia, planteados por el actual gobierno federal, podrían ahondar más en la falta de capacidad del Estado para atender problemas, al ser más una medida de corte simbólico que una realmente de austeridad que podría generar verdaderos ahorros para beneficiar el combate a la pandemia de coronavirus, señaló Fernando Nieto, especialista en Política y Administración Pública en México.

“Lo que hemos visto y se repite con los recientes decretos, es la improvisación, son cifras alegres, pero nadie explica de dónde salen estos números y sospecho que no hay una explicación porque no hay un análisis técnico”, mencionó el investigador del Colegio de México.

El experto también en temas de corrupción añadió que es preocupante que ante la crisis actual, la respuesta del presidente sea más austeridad, “no solamente porque sea una respuesta poco creativa, sino porque es una respuesta contraproducente”.

Explicó que invertir en las capacidades del Estado es redituable para enfrentar momentos de crisis como los que se han generado por la pandemia de coronavirus, al tiempo que dijo que en la actualidad hay “una burocracia sobrecargada, que en muchos casos perdió mucha de la gente”.

Lo anterior señala el decreto publicado ayer en la Gaceta Oficial capitalina, como parte del programa de austeridad republicana y con el propósito de evitar duplicación de actividades o fuera del ámbito de su competencia.

Por lo anterior, subraya el documento, con esta nueva sectorización las entidades involucradas deberán alinear sus objetivos con las dependencias del gobierno central, y para “la mejor operación de las entidades de la administración pública se determinó agruparlas por sectores, según su objeto y competencias.

De esta manera, a partir de hoy los sistemas de Transporte Colectivo Metro y Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos estarán bajo la coordinación operativa de la Secretaría de Movilidad, aunque continúan como entes autónomos y con presupuesto propio.

En la misma situación se encuentran organismos como el Instituto de Vivienda, que fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el Instituto de Verificación Administrativa, que pasa a la Secretaría de la Contraloría General; mientras el Instituto de la Juventud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pasan a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Fideicomisos como el del Centro Histórico y para la Reconstrucción serán administrados por la Secretaría de Administración y Finanzas; el de Desarrollo Económico y Social, por la jefatura de Gobierno, mientras los de los museos de Arte Popular y El Estanquillo, por la Secretaría de Cultura.

Asimismo, la Corporación Mexicana de Inversión y Servicios Metropolitanos fueron sectorizados a la Secretaría Administración y Finanzas.

El viernes pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo recibió nueve propuestas de consorcios integrados por empresas nacionales e internacionales cuyos montos van de los 15,543.4 a los 28,116.8 millones de pesos.

A pesar de ser un tramo de 60 km (el de menor extensión de los que se han concursado), requerirá de una mayor inversión porque se trata de una doble vía que incluye el sistema de electrificación, un viaducto ferroviario de siete km, 12 pasos peatonales, 18 pasos vehiculares y un paso inferior ganadero.

La propuesta más alta (28,116.8 millones de pesos) fue entregada por el grupo que integró Operadora CICSA, del empresario Carlos Slim, su filial FCC Construcciones (juntas desarrollan el tramo 2) y un nuevo socio: La Peninsular Compañía Constructora, que también construye el primer tramo del tren México-Toluca.

Debajo de ellos (con 20,375.3 millones de pesos) está el consorcio integrado por ICA Constructora (al que se le adjudicó directamente el tramo 4 por tener la concesión de la autopista por donde pasará el tren), Mota Engil México (que ganó el primer tramo del tren junto con China Communications Construction Company, Cosh y Eyasa, entre otras), GAMI Ingeniería e Instalaciones (que forma parte del grupo al que se asignó el tramo 3) e Impulsora de Desarrollo Integral. Los directores y representantes de las constructoras que ya trabajan con el Fonatur han reiterado directamente al mandatario López Obrador, en giras de trabajo para ver sus avances, su compromiso de terminar en tiempo y forma, y ajustándose al monto de los contratos, los trabajos.

Con los cambios del tercer dictamen, Pemex y CFE se liberan de la carga burocrática de las secretarías de Hacienda y Energía, para que enfrenten la competencia del nuevo sector energético, sin lesionar los derechos de sus trabajadores en activo, jubilados y pensionados.

De acuerdo con las leyes aprobadas ayer —por la mayoría conformada por PRI, PAN y Partido Verde— Pemex y CFE son empresas productivas del Estado, “de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozarán de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley”.

Con las modificaciones se pretende que el gobierno se retire de la administración de ambas empresas, lo cual no significará que pierda el control de las mismas.

Anoche, las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos propusieron al pleno dejar en claro que la transformación de Pemex y CFE, de empresas paraestatales a empresas productivas del Estado, no afectará a los trabajadores ni las conquistas laborales; de hecho, los sindicatos petrolero y electricista conservan su facultad de decidir sobre la contratación de empleados.

Aprueban proteger a los trabajadores; el Senado dio luz verde a las nuevas leyes de Pemex y la CFE

Pasarán de ser empresas paraestatales a empresas productivas del Estado.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejarán de ser paraestatales y se convertirán  en empresas productivas del Estado, liberadas de la atadura burocrática de las secretarías de Hacienda y Energía, para que puedan hacer frente a la competencia del nuevo sector energético, sin lesionar los derechos de sus trabajadores en activo, jubilados y pensionados.

Ayer, el pleno del Senado aprobó en lo general (89-27) y en lo particular (88-26) las nuevas leyes de Pemex y CFE, con la meta de que cuenten con la fortaleza para cumplir su misión de trabajar para que México obtenga el mayor beneficio económico de su potencial energético.

Críticas. PRD y PT insistieron en que estas leyes desmantelan y  privatizan a Pemex y CFE, constituyen una traición a la patria y ponen en riesgo los empleos de miles de trabajadores.

“Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurando el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional”, dice la nueva Ley de Pemex.

“La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.

“En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica, en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.

“Asimismo, la CFE garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia”, dice la nueva ley de CFE.

Esto indica el reporte “Los millonarios del agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México”, de Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma, y editado en la revista Argumentos, estudios críticos de la sociedad de la UAM. Se hizo a partir de un análisis del régimen de concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con base en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) para el aprovechamiento de corrientes superficiales y subterráneas.

Detalla que hay 6 mil 247 usuarios con concesiones para extraer, cada uno de ellos, alrededor de un millón de metros cúbicos, lo cual representa 61.4 por ciento de las aguas concesionadas en todo el país. Entre éstos se encuentran Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, precisa.

El documento indica que la extracción es realizada por cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, mineras, entre otros sectores, a lo largo del territorio nacional, sobre todo en el centro, el sureste, el noroeste y la península de Yucatán.

Ejemplifica que ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México el agua que llenaría 100 y medio estadios Azteca. Los expertos detallan que sus extracciones principales están en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en el complejo siderúrgico ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero y “la magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación”.

Para fines industriales, estos “millonarios del agua” explotan un volumen que representa 13 por ciento del total que les es concesionado al año, mientras en diferentes usos explotan 8 por ciento del volumen total y para servicios, 9 por ciento.

El estudio ubica entre los “millonarios del agua” a Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene, y denunciada por contaminar ríos y manantiales en Veracruz, Querétaro y Michoacán con un volumen concesionado de 27.3 millones de metros cúbicos al año.

Agrega que según los datos publicados en el Repda, desde 1993 hasta enero de 2020, la Conagua ha otorgado a escala nacional, un total de 514 mil 684 títulos y permisos, repartidos entre 361 mil 600 usuarios.

Asimismo, hay instituciones bancarias con concesiones en acuíferos sobrexplotados como BBVA, con 1.6 millones de metros cúbicos al año en el de Atemajac, cerca de Guadalajara, y Banco Azteca, con 2.2 millones en la cuenca del Valle de México.

“El actual proceso electoral se posiciona como el segundo más violento de la historia, por debajo únicamente de la elección del 2018 en la que perdieron la vida 152 políticos (48 de ellos aspirantes y candidatos)”, registró Etellekt en su Cuarto Informe de Violencia Política en México.

La consultora mencionó que se registraron “476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales. La cifra de 443 víctimas globales representa un incremento de 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018”.

Precisó que de las 443 víctimas, 282 fueron aspirantes y candidatos; 41% de ellos mujeres. De estos últimos, 195 buscaban cargos municipales (69%), 47 gubernaturas y diputaciones estatales (17%) y 40 diputaciones federales (14 por ciento).

La consultora mencionó que desde el inicio del proceso electoral han perdido la vida en atentados 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección, y sólo en tres de estos homicidios dolosos (los asesinatos de los aspirantes a presidencias municipales en los municipios de Juventino Rosas, Guanajuato; Ocotlán de Morelos, Oaxaca; y Chilón, Chiapas) las autoridades han realizado detenciones de los presuntos autores materiales.

Precisó que en cuatro de los 31 casos se presume la participación de los grupos de la delincuencia organizada, sin existir aún confirmación sobre su autoría intelectual o material, en otros dos casos el móvil está relacionado con asaltos, además de que un homicidio se atribuye a un asunto personal, mientras que se cometió un feminicidio en contra de una candidata a regidora.

De los 31 aspirantes y candidatos asesinados, Veracruz ocupa la primera posición con más víctimas con un total de ocho casos (26 por ciento).

El partido con el mayor número de afiliados que han perdido la vida en este proceso electoral es el PRI, con 15 víctimas mortales (19% del total), seguido por Morena con 13 militantes asesinados (17 por ciento). Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal, compuesta por el PAN, PRI y PRD, concentran el 49% de las víctimas mortales, en tanto que 28% de las mismas estaban afiliadas a la alianza Morena, PT y PVEM.

El informe de la consultora Etellekt apuntó que desde el inicio del proceso electoral, en septiembre del 2020, han sido asesinados 79 políticos y 91 servidores públicos sin militancia o aspiraciones políticas, con un total de 170 víctimas.

“La violencia contra servidores públicos expone prácticamente la misma tendencia que los homicidios contra políticos en el periodo de campañas. Un patrón que refleja una alta vulnerabilidad de estos servidores públicos en procesos electorales con una alta probabilidad de alternancias políticas en el ámbito municipal. Aun cuando muchos de estos servidores públicos no contaban con una militancia o aspiraciones políticas, es probable que llevarán a cabo funciones de tipo electoral para respaldar candidaturas que les garantizaran la continuidad en sus cargos, e incluso, su promoción futura a puestos de elección”, refirió.

También expuso que durante el proceso electoral, 28 familiares y cuatro colaboradores de políticos han sido asesinados.

El asalto violento, en el que tres hombres armados sometieron a los pasajeros y al conductor de un camión de pasajeros, ocurrió anoche en el tramo que va de Cuevas a Bocanegra, de acuerdo a las coordenadas que marcó el GPS del autobús, confirmaron autoridades mexiquenses.

En dos minutos, los ladrones despojaron de dinero y celulares a más de una docena de pasajeros, al tiempo que a gritos exigían reiteradamente la entrega de celulares, en un robo que fue captado por cámaras de seguridad.

“Y ponte relajado, mi p%&* ¿eh?”, advirtieron al conductor, luego de haber detonado un disparo de su pistola junto al volante.

Los tres ladrones sabían que el camión de pasajeros estaba equipado con cámaras de vigilancia, por lo que pidieron al chofer apagar la luz y además de usar cubrebocas, ocultaban sus cabezas con capuchas y gorras .

“¿Qué me voltea a ver ?”, reclamó a gritos a uno de los pasajeros, por lo que todos los viajeros amedrentados bajaron sus miradas y sus cabezas, en momentos de pánico .

El conductor, igual que el resto de los pasajeros sometidos, entregó celular y dinero, en un asalto que duró apenas dos minutos en el tramo de las colonias Santa María Cuevas y San Miguel Bocanegra en Zumpango.

La procuraduría de justicia estatal confirmó que el pasado 22 de abril se inició una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual agravado.

Había trascendido que de acuerdo con la carpeta de investigación 05/2021/00520, levantada ante la Coordinación de Atención a la Familia y a la Víctima, la agresión sexual se había dado en agravio de un menor de edad el pasado 12 de marzo.

Sin embargo, la procuraduría local destacó que el afectado es mayor de edad, pero debido a las investigaciones no se puede dar a conocer más detalles.

El magistrado fue nombrado en el cargo en 2017 y se aprobó su designación con el voto de tres de cinco diputados y desde entonces ha sido señalado de ocupar su cargo para favorecer a familiares y amigos.

El escándalo que detonó en Huejutla ha originado que la Barra de Abogados exigía su separación del cargo en tanto que se realizan las investigaciones.

- ¿Y usted cuanto cobra por una consulta rápida?

- 100 euros por tres preguntas.

- Vaya, es un poco caro, ¿no?

- Si... y dígame, ¿Cuál es su tercera pregunta?

- Pero bueno, ¿Qué te ha pasado?

- Es que he atropellado una botella de leche y se me pinchó una rueda.

- ¿Qué pasa? ¿No viste la botella en la carretera?

- No, el niño la llevaba debajo de su abrigo.

Debemos de tener presente que, la actividad estatal es la suma de aquellos actos, operaciones y tareas que el Estado lleva a cabo en ejercicio de sus atribuciones que el derecho le otorga y, que lo regulado por el derecho administrativo es solamente aquella actividad estatal que se traduce en función administrativa, tenemos que nuestra ciencia estudia solamente una parte de dicha actividad del estado, por lo que se puede concluir que el Derecho Administrativo es una rama del derecho público que regula la actividad estatal, la que se traduce en función administrativa.

Considerando que la actividad estatal que regula nuestra área jurídica es solamente aquella que se traduce en función administrativa, inicialmente era de un campo muy reducido, razón por lo cual reducida era el contenido de dicha normatividad, resultando así que, en la medida que crece una, lo hace la otra y como es de comprenderse se genera entre ambas figuras una relación directa y proporcional.

La relación proporcional entre la actividad estatal con el derecho administrativo que la regula, ha permitido entender que al acrecentarse de manera compleja dicha actividad, de igual o de similar manera se ha desarrollado el contenido jurídico de la norma en comento.

También ha sido definido Eugenio Raúl Zaffaroni, en el Manual de Derecho Penal, Parte General, Ediar, 2005, como la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho".

"Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia." - Franz von Liszt

"La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles." - Ricardo Nuñez

"Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora." - Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Parte General, Ediar, 2005)

"Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción." - Fontán Balestra