Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011 obligaron al entonces presidente Alí Abdalá Salé a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos miembros siguen una rama del islam chií llamada zaidismo.

Salé fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabu Mansur Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional. Después dos años de consultas, la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta factores socioeconómicos o regionales. El mapa recibió un apoyo popular mínimo y se encontró con la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes.

Se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos en todo el país, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. Se calcula que, a finales de 2019, más de 233.000 yemeníes habrán perdido la vida por culpa de los combates o de la crisis humanitaria. Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado más de 20.000 civiles muertos y heridos por los combates desde marzo de 2015. Una crisis humanitaria creada por el ser humano ha crecido de manera vertiginosa, con alrededor de 16 millones de personas que se levantan hambrientas cada día.

Esta intervención marcó el comienzo de un conflicto armado declarado, con una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes por parte de la coalición. En los cuatro años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y se multiplicaron las partes en el conflicto, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que afirmó que se había retirado de Yemen en octubre de 2019, viene adiestrando, financiando y armando activamente a diferentes grupos armados desde mediados o finales de 2015, favoreciendo así la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite. En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su dominio tras asesinar a su aliado y expresidente Alí Abdalá Salé, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Saná.

El gobierno yemení internacionalmente reconocido ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a activistas tanto de derechos humanos como de otros ámbitos. Las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen llevaron a cabo una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que permanecían recluidas en una red de cárceles secretas, en condiciones que podían constituir crímenes de guerra.

Las fuerzas huzíes han detenido y recluido arbitrariamente a personas que habían expresado críticas u oposición, así como a periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí. Amnistía Internacional ha documentado los casos de 66 personas (hombres en su inmensa mayoría) a las que se hizo comparecer, en relación con sus actividades pacíficas, ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná (un tribunal tradicionalmente reservado a los casos de terrorismo). En todos los casos documentados, los huzíes y sus fuerzas aliadas perpetraron decenas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.

Las potencias no renuncian a su interés por controlar la región por su importancia económica, por ello no impulsan una solución diplomática definitiva.