1. Definición insuficiente del “contenido restaurador”: la sentencia no delimita con precisión qué constituye un verdadero aporte restaurador ni establece estándares verificables. Ello permite que actividades de bajo impacto sean presentadas como cumplimiento, sin asegurar reparación efectiva.

2. Estándares laxos de restricción efectiva: las sanciones propias contemplan restricciones de derechos, pero sin equivalencia clara frente a la gravedad de los crímenes. El riesgo es que la restricción se perciba más simbólica que real.

3. Participación de víctimas aún genérica: aunque se reconoce un avance en inclusión, la participación sigue siendo consultiva y no decisoria, debilitando el principio de centralidad de las víctimas.

4. Verdad plena insuficiente: persisten vacíos en la información suministrada por los comparecientes, especialmente en lo relativo a desapariciones forzadas y responsabilidades individuales.

5. Ausencia de estados financieros y capacidad real de reparación: no existen informes claros sobre bienes y capacidad económica de los comparecientes para garantizar aportes materiales a la reparación.

6. Voluntad efectiva para ubicar personas desaparecidas: la sentencia reconoce obligaciones, pero los compromisos se mantienen en el plano declarativo, sin garantías operativas ni plazos verificables.

7. Proporcionalidad y detrimento público: los beneficios jurídicos (descuentos y sanción propia) no guardan plena equivalencia con la magnitud de los crímenes, lo que puede percibirse como una forma de impunidad funcional.

8. Relación costo-beneficio institucional: la inversión estatal en el sostenimiento[A1]  del régimen especial contrasta con la falta de resultados tangibles en reparación y verdad, lo que genera desconfianza social.

9. Falta de resultados tangibles y trazabilidad: la ausencia de indicadores claros de cumplimiento impide evaluar de manera objetiva los impactos reales de los TOAR.

10. Compatibilidad política sin salvaguardas suficientes: se privilegia la reincorporación política de los comparecientes, sin mecanismos robustos de control que garanticen que ello no debilite la reparación a las víctimas.

11. Correspondencia material y personal débil: no siempre se evidencia una relación directa entre los responsables y los daños específicos ocasionados, lo que genera un déficit en materia de imputación y reparación diferenciada.

12. La Fuerza Pública y sus familias como víctimas: la sentencia no establece una línea específica de medidas para veteranos, soldados y policías secuestrados, ni para sus familias, quienes sufrieron impactos diferenciados.

13. Transparencia y control social insuficientes: los mecanismos de verificación carecen de participación ciudadana amplia, lo que afecta la legitimidad y el escrutinio social de las medidas.

14. Régimen de condicionalidad poco aplicado: no se evidencia un uso riguroso de este instrumento, que debería ser la garantía principal frente a eventuales incumplimientos de los comparecientes.

2. Igualmente, no entiendo por qué incluyen como proyecto de sanción una obligación que hace parte de su compromiso con la JEP (búsqueda de personas dadas por desaparecidas) pese a las observaciones de las representaciones judiciales de las víctimas sobre este aspecto.

3. Tampoco es claro en la sentencia el tratamiento que le dieron al NO RECONOCIMIENTO del crimen de esclavitud ya que, a pesar de adicionar la imputación jurídica, los comparecientes NUNCA reconocieron este crimen por lo que no me es claro la razón por la que se impone una sanción propia (que se aplica cuando en efecto hubo reconocimiento).

   
   

Desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, resulta indispensable:

• Exigir verdad plena y verificable, especialmente en casos de desaparición.

• Garantizar aportes materiales reales y trazables a la reparación integral.

• Establecer salvaguardas políticas y jurídicas que aseguren proporcionalidad y control en la reincorporación.

• Diseñar una línea específica para la Fuerza Pública y sus familias que fueron víctimas.

• Fortalecer el régimen de condicionalidad como mecanismo de presión real frente a incumplimientos.

• Implementar mecanismos de transparencia y control social efectivos que garanticen legitimidad ante la ciudadanía.

En suma, la sentencia cumple con el marco acordado entre el Estado y las FARC, pero su eficacia restaurativa depende de que se corrijan estas deficiencias. Solo así podrá consolidarse una paz con justicia restaurativa, en la que la centralidad de las víctimas sea una realidad y no una promesa inconclusa.

2. Cómo es posible que descuenten tiempo como toar anticipado por actuaciones realizadas antes de la existencia d ella JEP y antes de la desmovilizacion ocurrida en 2017, durante los diálogos de la Habana?

3. Cómo es posible considerar que se verificó el aporte a verdad sin haber permitido a los representantes de víctimas exponer en audiencia las razones por las cuales no han aportado mínimos de verdad los comparecientes?

4. Cómo es posible que se considere verificado el aporte a la reparación si los responsables no han entregado sus bienes

5. Cómo es posible llegar a un fallo de primera instancia teniendo el mismo proceso pendiente de resolver de fondo 3 incidentes por incumplimiento a los aportes a verdad y al aporte a los bienes para la reparación de las víctimas?

8. Cómo es posible que la sala haya asumido la competencia del caso de Granda para impedir su extradición por el caso de Cecilia Cubas cuando en diciembre había decidido que no eran competentes, y esto, después de la sentencia, es decir, asumen competencia adicional de un caso que se supone que está juzgado ya en la sentencia, del cual indicaron que no eran competentes para conocer

Necesito comprender mejor los criterios para la actual priorización territorial de los TOARs a la luz de los daños y territorios identificados en el macro caso 01.

1. La decisión descuenta tiempo de la sanción por actividades realizadas por los comparecientes antes del fallo, algunas de las cuales eran compromisos inherentes al Acuerdo de Paz (ej. desminado piloto). Esto ¿Podría constituirse como un error al valorar como cumplimiento anticipado de la sanción lo que en realidad eran condiciones para acceder a los beneficios de la justicia transicional?

Ausencia de verdad plena ya que las victimas en su gran mayoría no han podido saber la verdad de sus hechos victimizarte y no han dado una respuesta clara a cada caso.

3.. Ausencia de avances en cuanto al encontrar a las personas dadas por desaparecidas ya que en este sentido hay un avance precario.

4.. Aporte presupuestal para la realización de la reparación a las víctimas dentro de lo enmarcado en la sentencia.

1. Eficacia restaurativa versus formalidad procedimental: Aunque el fallo cumple formalmente con los parámetros del SIVJRNR, la ausencia de indicadores verificables de cumplimiento y la falta de seguimiento integral debilitan el carácter transformador de las sanciones propias. El riesgo es que la justicia restaurativa se reduzca a un cumplimiento simbólico, sin impacto tangible en las víctimas ni en las comunidades afectadas.

2. Centralidad de las víctimas y legitimidad del sistema: El principio de centralidad de las víctimas columna vertebral del Acuerdo se mantiene más como declaración que como práctica. La Fuerza Pública víctima, así como sus familias, continúan sin una línea [A1] específica de medidas diferenciales, lo que profundiza la sensación de exclusión y desbalance frente a otros grupos reconocidos por el sistema.

3. Proporcionalidad, reparación y sostenibilidad política: La proporcionalidad entre beneficios jurídicos y gravedad de los crímenes sigue siendo un punto de tensión. Los descuentos por TOAR, aunque justificables como incentivos restaurativos, deben acompañarse de compromisos verificables de verdad, reparación y no repetición. Sin estos controles, el modelo corre el riesgo de perder legitimidad social y credibilidad ante las víctimas.