Los estudios elaborados por el CIUP intentan identificar cuánto de nuestro legado colonial de racismo y exclusión persiste hoy, y analizar las formas de discriminación étnica y racial en diversos sectores e instituciones. Asimismo, nuestras publicaciones, como los estudios “Desestabilizar el racismo: el silencio cognitivo y el caos semántico”, y  “Raza y etnicidad desde las encuestas sociales y de opinión: dime cuántos quieres encontrar y te diré qué preguntar…” presentan reflexiones respecto de los problemas teóricos, metodológicos y políticos relacionados con la identificación y cuantificación de personas pertenecientes a pueblos indígenas peruanos en las encuestas sociales.

Otro estudio, “Detectando discriminación sexual y racial en el mercado laboral de Lima”, encuentra evidencia estadística de la presencia de discriminación en términos de raza y de género (los hombres son preferidos a las mujeres), en la primera etapa de acceso al empleo, que son las llamadas a la entrevista. Metropolitana, aquella en la que se selecciona sobre la base de las credenciales contenidas en los CV.

Sobre la base en las encuestas de hogares, los autores de “Brechas étnicas y de sexo en el acceso a la educación básica y superior en el Perú” evalúan el progreso educativo de diferentes cohortes y grupo étnicos, y de ambos sexos, en los últimos cincuenta años en el Perú, y encuentran que en términos de concluir la educación secundaria y de matrícula en educación superior, aún prevalecen brechas étnicas, puesto que los blancos y mestizos tienen mejores resultados que los amazónicos, quechuas/aimaras y afrodescendientes.

Por otro lado, los autores de “La inclusión de la niñez indígena: repotenciando la educación intercultural bilingüe en el Perú” subrayan los problemas de acceso y de calidad de educación para los niños indígenas, ya que, si bien las brechas de acceso se han acortado con el tiempo, según su estudio del 2011,  uno de cada tres niños indígenas no asiste a la escuela y dos de cada tres alumnos indígenas están atrasados. En segundo lugar, sostienen que hay discriminación por género dentro de las familias indígenas, pues la presencia de una hija en edad escolar incrementa el gasto destinado a educación en menor proporción que la presencia de un hijo.

Sobre la base de sus resultados, estos estudios proponen que las políticas en favor de la equidad prioricen un servicio educativo de mejor calidad para los grupos quechuas/aimaras, y en particular, amazónicos y afrodescendientes, quienes tienen la mayor probabilidad de abandonar tempranamente el sistema educativo básico sin culminarlo. Además, proponen mejorar la formación docente e incentivar la inclusión de las niñas indígenas, entre otros cambios.

Finalmente, los investigadores del CIUP están analizando el complicado proceso de implementación del derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas y nativas, tal como manda el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Ley de Consulta Previa promulgada en 2011. En Getting it Right? Challenges to Prior Consultation in Peru, los autores muestran los retos que tiene el Estado para identificar, y dialogar con los ciudadanos indígenas, y para tomar decisiones e implementar políticas que afectan sus vidas, costumbres y derechos.

El presidente Pedro Castillo Terrones, en la ceremonia por el bicentenario de la creación del Ejército peruano, ha hecho un importante llamado “para reforzar todos unidos la tarea diaria de luchar contra las grandes desigualdades que aún tiene la patria, la pobreza, la injusticia social”.

La invitación del Mandatario peruano para convertirnos en un país más inclusivo y solidario es hoy más pertinente que nunca cuando la pandemia del covid-19 ha generado mayores brechas en la sociedad peruana.

Es cierto que debido a un favorable ciclo económico mundial, el Perú avanzó en el combate de la pobreza por más de tres lustros antes de la pandemia, pero el progreso ha sido insuficiente y muy dependiente del precio que alcanzan nuestras materias primas en el mercado internacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pandemia aumentó la pobreza en 10 puntos porcentuales. El efecto se puede observar tanto en Lima Metropolitana como en las áreas rurales. En la capital, el porcentaje de pobres aumentó de 14% en el 2019 a 27.5% en mayo de este año, mientras que en las áreas rurales se incrementó de 40.8% a 45.7% de la población.

Pero la desigualdad no solo es económica, sino que también se traslada a otras áreas. El centralismo es un problema estructural que se arrastra desde hace siglos. Durante el Virreinato, Lima fue el ombligo del poder político, económico y cultural. Por la forma de organización colonial, poco se podía hacer en el país sin los permisos de la burocracia capitalina.

Ante la carencia de un proyecto efectivo de desarrollo descentralizado de la economía durante la República, hoy tenemos que Lima continúa acaparando las principales actividades económicas, el poder político, los mejores servicios y oportunidades, razón por la cual concentra una mayor cantidad de población.

El perverso centralismo desconfigura la equidad en los servicios públicos y privados en las áreas de educación, salud y acceso a la justicia, entre otros sectores.

El acceso a internet, una herramienta vital para el desarrollo, grafica la asimetría de nuestra nación. Según el INEI en su informe del 2020, en Lima, el 62% de los hogares gozaba de este servicio y el 52% contaba con una computadora. Mientras que en áreas rurales solo el 5.9% tenía internet, y el 7.5%, un ordenador.

La desigualdad es un problema ético, moral, económico, social y también político debido a que atenta contra la gobernabilidad de cualquier país. Nuestra democracia debe ayudar a superar la enorme brecha, no solo económica, sino también de género, que enfrenta hoy el Perú.