En medio del proceso legal, se anunció que TCB, y por consecuencia TCQ, habían sido adquiridas por la empresa ubicada en Holanda APM Terminals, filial de la empresa de transporte Maersk Group, que opera en Dinamarca.

La empresa holandesa decidió cambiar el nombre a APM Terminals Quetzal, con la intención de hacer "borrón y cuenta nueva", aunque no será tarea fácil teniendo en cuenta la cola que trae este proyecto y que aún tiene aspectos pendientes, como las capturas de algunos actores que se encuentran prófugos y la resolución de la nulidad del contrato.

Fue en agosto, cuando un bloque legislativo del Congreso confirmó que ya había contrato con una empresa y nació TCQ; esa firma era subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que a su vez forma parte del conglomerado Grupo Maritim. Este era propietario de terminales portuarias en muchos países.

Un grupo de usuarios de EPQ que habían interpuesto acciones legales por el aumento de la renta por el uso de la tierra fueron notificados de que el acuerdo I44-2012, que es la base legal que da cabida al contrato de TCQ, es nulo de nacimiento, porque todo aquello que le afecte al usuario debe llevar un proceso de publicación, y ese acuerdo de intervención no estaba publicado, por lo que no se podía ejercer fuerza legal. Pero, además, ese acuerdo de intervención le daba origen al contrato de TCQ, por lo que algunos abogados aseguraron que, técnicamente, “el contrato es nulo de nacimiento”, porque está basado en algo que no tiene vida legal.

Tras la dimisión de Pérez Molina, asumió la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre, quien venía de integrar la CC; y la Procuraduría de la Nación (PGN) sometió a su consideración la solicitud de nulidad del contrato de TCQ.

Cuando Jimmy Morales ya era presidente, aceptó la solicitud de nulidad del contrato de terrenos de TCQ, el que en una de sus cláusulas, autorizaba a TCQ a “diseñar, construir, mantener y operar una terminal de contenedores”, aunque el contrato era para uso de tierra.

No obstante, bajo la sombra de ese contrato (I44-2012), TCQ inicia la construcción de la terminal, y uno de los aspectos que llama la atención es que el expresidente Morales aprobó la nulidad del contrato, y poco tiempo después participó en la inauguración de las obras.

Finalmente la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en definitiva anular el contrato de usufructo por 25 años que concedió la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que más tarde pasó a manos de APM Terminals. 

El servicio aduanero prepara un proceso de transición para minimizar el impacto en la operación de las mercancías contenerizadas, cuando quede anulado el contrato de APM Terminals.