Muchos académicos concuerdan en que los grupos contemporáneos del crimen organizado aprovechan intencionalmente la globalización para abrir puestos avanzados en territorios lejanos. Guatemala es un país estratégicamente ubicado para estos grupos, y las recientes capturas de algunos de estos por su vinculación con el crimen organizado brasileño son la más reciente evidencia.

Los grupos del crimen organizado han desarrollado una estructura interna plana, no tradicional, que carece de centros de gravedad: centros que, una vez finalizado su reinado, son heredados a los equipos políticos que llegan a dirigir el Gobierno de Guatemala por los próximos cuatro años. Me es imposible detallar la extensa investigación que de casos similares al de la corrupción guatemalteca se ha hecho en Brasil, Italia o Rusia, donde las mafias son tan famosas. Pero sí podemos establecer en este breve artículo cuál y cómo es la estructura que otros académicos han demostrado que existe entre grupos empresariales y políticos corruptos en distintos países. Al final del día, la globalización es una herramienta útil para entender que Guatemala está inmersa en procesos más grandes que los que nuestra pequeña economía es capaz de comprender.

El caso de Odebrecht nos debe dar la primera luz de la manera como los grupos del crimen organizado transnacional funcionan. Primero, identifican aquellos negocios que estén a la altura de sus inversiones. Solo entonces arriesgan su capital en capturar los gobiernos. Las mafias son internacionales y se organizan como grupos para establecer puntos de ancla y sucursales, como las mafias rusas se establecieron en la política italiana en la década de 1990.

En aparente contradicción con mi educación libertaria, la evidencia ha demostrado que todas las mafias han preferido establecerse en lugares donde los sectores empresariales realizan sus negocios con bajas barreras de entrada, libertad de acción y facilidad de pago de favores a causa de un sistema estatal débil, de un tamaño muy pequeño para cumplir con sus atribuciones. Además, el caso de la mafia brasileña confirma otro factor: que los bajos niveles de cultura cívica y de ciudadanía constituyen condiciones propicias e idóneas para el establecimiento de grupos de crimen organizado. Guatemala, donde las grandes herencias y los grandes héroes se han hecho a través del robo y la expoliación, parece ser el paraíso de los mafiosos. Además, los hallazgos de los académicos han mostrado que la geografía es no solo importante, sino también determinante, en especial en territorios con una débil presencia del Estado, que carecen de vías de acceso y que, a su vez, están cerca de los puertos y de las vías internacionales de transferencia de productos lícitos e ilícitos.

Todos estos años, los grupos del crimen organizado y las mafias internacionales han utilizado la violencia estratégicamente para influir en las elecciones y en la política nacional a fin de lograr la elección de los políticos que han comprado. Que no nos extrañen el nerviosismo reciente y la psicosis observable en Jimmy Morales y en sus huestes, que aumentarán y aumentarán.

Acabar con las mafias y con la captura de la política ha sido un reto maratónico en países que están a mil años luz del nuestro en fortaleza estatal, en Estado de derecho, en justicia, en cultura cívica y de ciudadanía, en su sentido de unidad y de pertenencia al grupo. Nuestra Guatemala está en pañales en muchos de estos temas porque la pequeña élite que se enriquece del sistema político y económico imperante se ha encargado de mantener a más de la mitad de la población en la pobreza y la ignorancia. Crear un régimen democrático es un difícil proceso que requerirá que los votantes nos eduquemos más para elegir a nuestros candidatos y reconocer que tenemos el derecho y la autoridad de quitarlos de sus puestos cuando violan el contrato social. Recuerden que los principales tres enemigos de un gobierno exitoso son la ideología, el moralismo y el pánico que empieza a consumirlo cuando se ve descubierto en actos de corrupción.

Hoy, en Costa Rica, más de 30 países han firmado un comunicado en el que piden legislación internacional que incluya prohibiciones y normas en relación con el desarrollo y el uso de sistemas de armas autónomos. Como reacción a este hecho, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/more-than-30-countries-call-for-international-legal-controls-on-killer-robots/

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