Con base en las Siete Leyes, se estableció un cuarto poder: el Supremo Poder Conservador, el cual fue integrado por cinco ciudadanos.Este cuarto poder tenía la facultad de regular las acciones de los otros poderes, bajo el argumento de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación.
Estas leyes eran: 

1. Los quince artículos de la primera ley, otorgaban la ciudadanía a aquellos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos, excepto para los trabajadores domésticos, quienes no tenían derecho a voto.

2. La segunda ley permitía al presidente el cierre del congreso y la supresión de la Suprema Corte, prohibiendo a los militares tomar este último cargo.

3. Los 58 artículos de la tercera ley establecían un Congreso bicameral (senadores y diputados), electos por órganos gubernamentales. Los diputados ocupaban el cargo por cuatro años, y los senadores por seis.

4. Los 34 artículos de la cuarta ley especificaban el mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nominarían a tres candidatos cada uno, y la cámara baja (diputados) elegiría de entre los nueve candidatos, al presidente y al vicepresidente. El poder ejecutivo se depositaría en un presidente que duraría en el cargo 8 años con opción a reelegirse y con el cargo irrenunciable.

5. La quinta ley especificaba el mecanismo de elección de los once miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la misma forma que el mecanismo de elección presidencial.

6. Los 31 artículos de la sexta ley sustituían a los estados federados, por departamentos cuyos gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente.

7. La séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior por seis años. Otorga al congreso la facultad de resolver todas las controversias constitucionales, así como sus reformas. Pero estas no podrán llevarse a cabo en el término de seis años contados a partir de la promulgación de la Constitución.

La Constitución de 1843 está dividida en once títulos, subdivididos por rubros que contienen artículos. 

El título I está dedicado a precisar la forma de gobierno de la nación mexicana, que sería: república, representativa, popular; el territorio y la religión de la misma. Como en casi todos los textos de la época, la religión católica era la del Estado. 

El título II se ocupaba de los habitantes, el a. 9º' de ese título fijaba los derechos de los habitantes de la República: libertad de todos los que se encontraran en el territorio mexicano, libertad de imprenta, garantías del proceso, conservación de los fueros militar y eclesiástico, garantía de inviolabilidad de la propiedad privada tanto de particulares como de corporaciones y libertad de circulación.
En el título III se fijaban los derechos y obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos. La diferencia entre una y otra calidad dependía de que tuvieran o no tuvieran ingresos anuales determinados, procedentes de capital físico, industrial o trabajo personal honesto.

El título IV estaba consagrado al poder' legislativo dividido en dos cámaras: diputados, elegidos por las asambleas departamentales, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia en un: complejo proceso que describe este título. Tanto los candidatos a diputado como los candidatos a senador debían tener un ingreso anual determinado, para poder ser susceptibles de elección.

El título V se dedicaba a señalar los requisitos, funciones y prohibiciones del encargado del Poder Ejecutivo. El presidente duraría en funciones cinco años, y estaría asistido en el desempeño de éstas por cuatro ministros. Se preveía la existencia de un órgano colegiado, llamado consejo de gobierno, constituido por diecisiete vocales, que realizaría funciones de consulta y asesoramiento del ejecutivo, así como la proposición de reglamentos y medidas útiles para la administración.
Suprema Corte de Justicia y los tribunales superiores y jueces inferiores que fijaran las leyes. Subsistían los tribunales de hacienda, comercio y minería, mientras no se dispusiera otra cosa. Finalmente, se establecía un tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El gobierno de los Departamentos es el contenido del título VII. Al frente de estos estarían las asambleas departamentales y el gobernador, asimismo tendrían tribunales superiores de justicia y jueces inferiores.

Dado que no estaba previsto el sufragio universal y directo, se constituyó un poder electoral, cuya regulación se contenía en el título VIII. A través de un complicado proceso de representación indirecta, este cuerpo elegía: diputados, vocales de las respectivas asambleas departamentales, presidentes de la República, y un tercio del Senado.

En el título IX se establecían las disposiciones generales sobre la administración de justicia, las cuales complementaban -respecto a esta materia- el catálogo de los derechos de los habitantes de la República, establecido en el título.

El título X se refería a la Hacienda Pública, que sería: general y departamental y finalmente, el título XI fijaba las reglas para la observancia y reforma de las Bases Orgánicas”.

Artículo 1: Todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.
Artículo 2: Garantía de libertad.
Artículo 3: Educación.

Artículo 4 y 5: Libertad de trabajo.
Artículo 6: Libertad de expresión.
Artículo 7: Libertad de imprenta.
Artículo 8: Derecho de petición y de respuesta.
Artículo 9: Derecho de asociación y reunión.
Artículo 10: Posesión y portación de armas.
Artículo 11: Libertad de tránsito.

Artículo 12 y 13: Principio de igualdad.
Artículo 14, 15 y 16: Irretroactividad de la ley y principio de legalidad.
Artículo 17: Derecho a la tutela judicial efectiva o a la administración de justicia.
Artículo 18, 19, 20, 21 y 24: Derechos del procesado en materia penal.
Artículo 22: Prohibición de penas inusitadas o trascendentales.
Artículo 23: Abolición de la pena de muerte.
Artículo 25: Protección de la correspondencia.
Artículo 26: En tiempo de paz ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje ni otro servicio real o personal, sin el consentimiento del propietario.
Artículo 27: Derecho de propiedad.
Artículo 28: Prohibición de monopolios y estancos.
Artículo 29: Suspensión de garantías.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurados, los cargos concejiles y los cargos de elección popular, directa o indirecta, y obligatorias y gratuitas, las funciones electorales.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los demás derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso, pueda hacerse coacción sobre su persona.