1. Libertad de conciencia: Este derecho permite que una persona forme y actúe según sus propios principios éticos y morales. Se refiere a la capacidad de decidir y adherirse a un conjunto de creencias, ya sean religiosas, filosóficas o seculares, sin ser coaccionado a seguir una doctrina en particular.

2. Libertad de religión: Implica el derecho a profesar cualquier religión, cambiar de religión o no seguir ninguna, y a practicarla de manera privada o pública, solo o en comunidad. También protege el derecho a no ser obligado a participar en prácticas religiosas si uno no lo desea.

Ambos derechos son pilares de las sociedades democráticas, protegiendo la diversidad de pensamiento y asegurando la coexistencia pacífica de diferentes creencias y prácticas. Estos derechos suelen estar consagrados en constituciones y tratados internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como señaló el ex Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, "los líderes religiosos, con su considerable influencia en los corazones y las mentes de millones de personas, son, en potencia, actores muy importantes para los derechos humanos".

El reconocimiento de la libertad de conciencia, se funda en el reconocimiento mismo del ser humano como ser racional y autónomo

tradicional, o no forma parte de ninguna. En ese sentido, dentro de las minorías religiosas, el mayor porcentaje pertenece a la religión cristiana evangélica (14.1%). En ocho departamentos, más del 20%

de su población profesan como religión la cristiana evangélica; y en regiones como Madre de Dios, Piura, Ica, Tumbes y Apurímac, el porcentaje supera el 40%.

Por su parte, en el registro administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentran inscritas, hasta el momento, 149 entidades religiosas. Del balance entre diciembre de 2016 y Octubre de 2019, éstas reportan 1645892 fieles.

Tomando en cuenta dicho grupo poblacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa y, su Dirección de Asuntos

Interconfesionales, tiene como función principal, coordinar y promover la libertad religiosa en el país, así como las relaciones de colaboración entre el Poder Ejecutivo y las diversas confesiones

religiosas.

Según Juan Carlos Priora La libertad religiosa es un derecho inherente e inalienable del hombre que lo faculta a creer o no en Dios y en un cuerpo de doctrinas, dogmas o creencias. Por definición también está fuera de la esfera de la legislación humana, (2017, p.17).

Cita Parafraseada:

Según Juan Carlos Priora, la libertad religiosa es un derecho fundamental e intransferible que permite a las personas elegir creer o no en Dios, así como en un conjunto de doctrinas o creencias. Este derecho, por su propia naturaleza, está más allá del alcance de la legislación humana (2017, p. 17).

El marco legal, garantizar que las leyes nacionales salvaguarden de manera efectiva la libertad de religión y creencias, y que no se empleen para justificar actos de discriminación.

Campañas de sensibilización, realizar campañas públicas para aumentar la conciencia sobre este derecho y reducir la intolerancia y la discriminación.