Tal como observamos en los resultados de las últimas consultas populares realizadas en Colombia entre el 2013 y el 2018, se pone de relieve una tensión existente entre institucionalidad y ciudadanía, especialmente teniendo en cuenta que a pesar de que en todas estas consultas populares que se han realizado las comunidades han dicho que no, en adelante del 2018 han sido las legislaciones gubernamentales quiénes han mantenido la última palabra frente a la ejecución de este tipo de proyectos poniendo de relieve la disputa de poder existente entre estado ciudadanía, ya que el Estado y los intereses de sus clases hegemónicas se ponen por encima del bien común, el Estado se atribuye y posiciona por encima de la ciudadanía, no acepta su falta de credibilidad en sus instituciones  y mecanismos aplicados especialmente en el ámbito de la minería.