Hace pocos días, un tribunal presidido por el juez Ricardo Brousset determinó que los ‘petroaudios’ son una prueba ilícita y que, por tanto, deben excluirse en el proceso que se sigue a Rómulo León y otros por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. 

Poco después, el mismo tribunal determinó que ninguno de los correos electrónicos encontrados en la computadora de Rómulo León sirve como prueba, a pesar de que fueron incautados de manera impecablemente legal por la policía y la fiscalía. Los jueces arguyen que, como el origen de la investigación son los ‘petroaudios’, ahora declarados ilegales, todas las evidencias encontradas luego, aunque hayan sido obtenidas legalmente, tampoco pueden ser utilizadas.

No se necesita ser abogado o experto en derecho para percibir el fuerte hedor de resoluciones como estas, que sientan un nefasto precedente para cualquier investigación, en particular en la que todos están pensando ahora.

Si los tribunales resuelven los litigios en base a sobornos o tráfico de influencias, y no en aplicación justa de la Constitución y las leyes, los efectos nocivos para el país se multiplican. En efecto, la corrupción judicial socava el Estado constitucional de Derecho, hace ineficaz la democracia, distorsiona la economía y trastoca el orden de valores de la sociedad.

La judicatura es la llamada a combatir todas las formas de ilegalidad y delincuencia, incluyendo las «degradaciones criminales de la política»[1] y los «infra-Estados clandestinos»[2] que parecen agobiar de corrupción la vida peruana hoy en día. Mal podrían los jueces cumplir su misión si ellos mismos se encuentran aquejados por la plaga de la corrupción.
Dos tipos de corrupción judicial

La peor modalidad de corrupción que ha vivido la judicatura peruana ha sido su participación en la corrupción sistémica de los años noventa del siglo pasado. El fenómeno de la «captura del Estado» y la instauración de una «cleptocracia», tuvo como operadores institucionales principales a las Fuerzas Armadas y al sistema de justicia.

Antes y después de este fenómeno, empero, existen redes de corrupción en sede jurisdiccional, de características singulares, cuyas prácticas activan y configuran la cotidianidad de un sistema judicial en el que los actores centrales son autoridades que subvierten la legalidad y ciudadanos transgresores[3].

También debe advertirse la existencia de numerosas formas de microcorrupción judicial, asociadas especialmente a problemas de ineficiencia y mal funcionamiento del Poder Judicial (coimas, acceso privilegiado a información jurisdiccional, sustracción y tráfico de documentos y expedientes, nepotismo, litigio indirecto, manipulaciones de sistemas informáticos o de notificaciones, etcétera).